Expedientes sin resolver esperan a la nueva Corte de Constitucionalidad

Roberto Molina Barreto, por ser el magistrado de mayor edad en el próximo periodo constitucional, ocupara en su primer año la silla presidencial; afirma que su principal objetivo es proteger la Carta Magna sin interferir en las bases de la propia Constitución.

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Roberto Molina Barreto tomará la presidencia de la nueva CC el 14 de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Roberto Molina Barreto tomará la presidencia de la nueva CC el 14 de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En los últimos años la Corte de Constitucionalidad (CC) ha frenado decisiones de otros organismos del Estado, pero algunos de esos expedientes siguen abiertos porque no han llegado a la etapa de sentencia y es una responsabilidad que eventualmente caerá sobre la próxima magistratura, que toma posesión en próximo 14 de abril.

Aunque las decisiones se deban tomar en el pleno, quien define los temas a tratar es el magistrado que ocupe la silla presidencial, que durante el primer año de la siguiente Corte corresponde a Roberto Molina Barreto, por ser el profesional de mayor edad dentro de los cinco nuevos magistrados titulares.

Grupos de la sociedad civil, sector empresarial y tanques de pensamientos ya han opinado acerca de los principales retos que tendrá este equipo de magistrados: dotar al país de certeza jurídica, emitir fallos sólidamente fundamentos y desvanecer las sombras de una pugna ideológica son algunas de ellas.

Pero los expedientes abiertos, es decir aquellos que no han llegado a una resolución en definitiva, podrían ocupar un papel clave de ser necesario, según explicó Molina Barreto.

“Indudablemente hay muchos amparos que pueden ser de alto impacto mediático, yo en este momento no le puedo asegurar cuál es el estatus de ellos, porque no tengo el control administrativo de la CC, yo al asumir como magistrado presidente haré un inventario de esos expedientes que puedan tener un impacto de orden mediático–político y, ya entonces, podré tener un diseño de darles prioridad a los que lo merezcan, pero sinceramente la prioridad que debe de respetarse es a como vayan ingresando los casos”, señaló.

El magistrado es claro al señalar que su principal trabajo es proteger la Constitución, pero asegura que para cumplir con esta tarea es primordial respetar cada uno de los artículos que tiene la Carta Magna.

“Los lineamientos de la CC, desde que fue fundada es ser meramente el guardián del orden constitucional, o sea, permitir que todos los órganos del Estado actúen de conformidad con sus propias normativas, con las ordenanzas que le impone la Constitución Política de la República de Guatemala sin entrometerse en ellas, esas son las líneas generales que debe respetar la Corte, debe respetar el sistema republicano, democrático y representativo”, precisó.

Su integración

La próxima magistratura será integrada por una Corte que a criterio de grupos de la sociedad civil podría emitir resoluciones más conservadores que sus antecesores, lo que significaría que aquellas resoluciones que no han quedado firmes podrían ser revertidas.

Pero las entidades también recuerdan que la única forma en medir el trabajo de las próximas autoridades constitucionales será mediante la evaluación de sus resoluciones, ya que es necesario que todos ellos se desprendan de los intereses de cada uno de los órganos que los nombró para la CC.

La alianza oficialista del Congreso decidió apoyar a Dina Ochoa como magistrada titular, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) eligió al magistrado Nester Vázquez; la Usac optó por Gloria Porras; el presidente Alejandro Giammattei apoyó a su secretaria general, Leyla Lemus; y por último la CSJ se inclinó por Roberto Molina Barreto.

Reconciliación Nacional

Por una decisión de la actual CC los diputados no pudieron dar continuidad a la iniciativa que buscaba la Ley de Reconciliación Nacional, proyecto que tan solo restaba de la tercera lectura y redacción final para incluirla en el ordenamiento jurídico nacional.

El principal efecto que busca esta sugerencia de ley es otorgar una amnistía por todos los procesos que tengan relación al conflicto armado interno, lo que despertó críticas, incluso a nivel internacional y que mediante un amparo, que no está en definitiva, se les ordenó a los diputados no continuar con la discusión legislativa.

Para el constitucionalista y exdiputado Fernando Linares Beltranena, con el cambio de la CC existe una oportunidad para subsanar “el error” que cometió la Corte.

“Con esa ley se dejarían de percibir los resarcimientos millonarios de que han vivido muchos que lucran con enviar a militares a la cárcel, como están actualmente muchos veteranos con prisión provisional de años, espero que se pueda revocar en el futuro ese amparo en definitiva; hay muchísimos casos en que los integrantes de una Corte revocan lo decidido por los integrantes de una Corte Anterior, los criterios cambian y espera que esta magistratura tenga un pensamiento más apegad a la Constitución”, señaló.

Por su lado, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, esperaría que la Corte saliente pueda dar respuesta a este y otros temas antes de entregar el cargo, de lo contrario advierten un peligro para la garantía de los derechos humanos.

“Yo espero que la próxima CC que asuma el 14 de abril tenga conciencia plena de los que implica ejercer jurisdicción, que no es solamente caprichos personales ni afanes ideológicos sino apegados a la Constitución, dependiendo de las decisiones de ellos puede ser la reacción de la gente, la sociedad civil y autoridades indígenas están muy al pendientes de los riesgos que implicaría la regresión a los derechos ya avanzados”, indicó.

Ley de Oenegés

Otro de los amparos provisionales que podría ser anulado es el que frenó la entrada en vigor de las reformas a la ley de Oenegés, aprobada a inicios de la presente legislatura e incluido de último momento en la parte final de un punto resolutivo que buscaba fijar una postura de nación ante la pandemia del covid–19.

Las principales críticas de políticos contra estas organizaciones se fundamentan en una aparente evasión a la fiscalización y aparentes compañas de desprestigio contra autoridades de gobierno.

“Lo que estas mentes diabólicas quieren provocar en Guatemala es una crisis de Estado y la satanización de las instituciones para tener argumentos que les permitan engañar y vociferar en el extranjero que son necesarios más y más recursos para las oenegés, que dicho sea de paso, no se permiten ser fiscalizadas, que no permiten fiscalizar las fortunas acumuladas por sus dirigentes”, señaló en un discurso reciente el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.

Pero esta serie de mensajes no son nuevos ni novedosos, según Edie Cux, director de Acción Ciudadana (AC), quien logró frenar la entrada en vigor de la ley en cuestión a través del amparo provisional de la CC.

“Yo creo que hay una estrategia específica detrás de los discursos para generar cuestionamientos a la sociedad civil, viniendo del presidente del Congreso… bueno, son ellos los que no quieren ser fiscalizados, no quieren rendirle cuentas a la población. Lo que ellos quisieran es tener todo el camino libre para poder plantear reformas políticas que faciliten la corrupción. Yo creo que estamos ante una situación crítica en cuestión de derechos fundamentales que podría ahondar mucho más la crisis social”, refirió.

Otros temas

  • Resoluciones en proyectos mineros de La Puya y Fénix: Por resoluciones de la CC estas empresas deben celebrar procesos de consultas en las comunidades donde pretenden operar.
  • Antejuicio contra el vicepresidente Guillermo Castillo: El vicemandatario fue denunciado por un nombramiento temporal en la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) que no habría llenado todos los requerimientos públicos.
  • Presupuesto Usac: La PDH y grupos universitarios aún esperan una sentencia del amparo que busca obligar al Estado de Guatemala a calcular y entregar de manera correcta el presupuesto de 5% sobre el total de ingresos tributarios.
  • Ley de aceptación de cargos: Mediante una acción de inconstitucionalidad que no ha quedado firme se suspendió la ley que aprobó el Legislativo que permitía hasta una reducción del 50% de la condena si la persona acusada aceptaba los hechos.