El viceministro de Finanzas, Edwin Martínez, aceptó en una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) que hay una deuda de arrastre por Q2 mil 108 millones, y que se hará efectiva con el presupuesto del 2015, según la norma que regula esa materia.
Martínez señaló que la ley es clara en indicar que para cualquier compromiso que adquiera cada institución de gobierno deben existir los créditos presupuestarios.
“El Ministerio de Finanzas Públicas tiene registro del devengado no pagado, que es lo que se está pagando con el presupuesto del 2015; son registros de gasto que por disponibilidad o por tiempo no fueron efectivos al 31 de diciembre, que es cuando se cierra de forma automática el sistema”, expuso el funcionario.
El viceministro de Salud, Édgar Hernández, indicó que hasta el momento la deuda que esa cartera reporta proviene de las 83 unidades ejecutoras y asciende a Q626.4 millones, de los cuales Q120.9 millones están registrados en el sistema. Sin embargo, desconoce qué habrá pasado con la deuda no registrada, y en ese rubro hay Q188 millones relacionados con productos medicinales y farmacéuticos.
“Hay compras en este caso que no contaban con el espacio presupuestario como primera instancia. Sin embargo, voy a revisar para establecer hasta dónde podrían las 83 unidades ejecutoras comprometerse de acuerdo con el presupuesto que se tenía”, expuso.
Hernández cree que son facturas sin CDP, ya que según la norma se emiten las CDP en montos mayores a los Q90 mil, y de esa cantidad o menos no los registra.
“Lo que sucede también es que tenemos, según la Ley, que los créditos máximos para poder comprometer son los establecidos en el presupuesto que fue asignado por el Congreso, pero a la vez existe la cuota financiera, y eso es lo que debemos revisar en el Ministerio de Salud para establecer si procede o no el pago a los proveedores”, manifestó.
No cuadran saldos
El diputado Carlos Barreda, de la UNE, considera que esos informes revelan la existencia de más compras directas para evadir los CDP y, además, hacer compras fraccionadas.
“No cuadran con los datos, ni con los saldos; es una deuda no registrada. Pido a la Contraloría que secuestre los documentos que hay y que los funcionarios o exfuncionarios puedan tener sanciones y delitos, según lo establecido en las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto”, dijo Barreda.
Martínez señaló que de la deuda que el diputado menciona no tiene conocimiento el Ministerio de Finanzas, y posiblemente la conozca cada una de las instituciones, porque la Ley establece que la ejecución corresponde a cada máxima autoridad, por lo que sugiere consultarles a los ministros.
Acciones legales
El artículo 26 de la Ley de Presupuesto, reformada en el 2013, establece: “No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista. La contravención a esta disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que resulte responsable”.
Ante esta disposición, Barreda advirtió de que los funcionarios y exfuncionarios podrían caer en ilegalidad al no haber registrado la deuda y convertirla ahora en deuda flotante.
El contralor general de Cuentas, Carlos Mencos, manifestó que por el momento no podría adelantar opinión sobre lo denunciado desde el Congreso, sin antes contar con la documentación respectiva. No obstante, recordó que la deuda de arrastre sí está contemplada en la Ley de Presupuesto.
“No podemos adelantar un criterio si no hemos tenido a la vista los documentos. El tema de deuda de arrastre para mí está sustentado en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto, que es lo devengado no pagado, y es lo único que puede hacer frente y tiene la obligación de atender el Gobierno en base al presupuesto”, expresó Mencos.
El Contralor manifestó que sobre la denuncia hay una serie de compromisos no registrados y habría que revisar a qué nivel están primero. Si han recibido un bien o un servicio que no está registrado en el presupuesto y que forma parte del devengado y no pagado, habrá que tomar una acción en relación con ese tema, advirtió.
“Si ya se ha materializado el hecho, lo que viene es una acción de tipo legal, en atención a como la misma ley establece la responsabilidad de tipo penal. Y para establecer la denuncia se comenzará una auditoría especial en los tres ministerios, sobre todo en la Dirección General de la Policía Nacional Civil del Ministerio de Gobernación”, anunció Mencos.
El ex viceministro de Comunicaciones Rubén Mejía y el viceministro de Gobernación, Manfredo Pacheco, negaron que exista deuda flotante.
Mejía explicó que nunca le ha entregado a Barreda información relacionada con el tema, mucho menos antes de dejar el cargo, cuestión que afirma el parlamentario.
Pacheco indicó que toda la deuda adquirida está en ley.
RESPALDO
Están en ley
El viceministro de Gobernación, Manfredo Pacheco, indicó que lo que se tiene por deuda son compromisos multianuales adquiridos que por falta de cuotas se quedaron pendientes. Si están facturados, pasan a ser deuda comprometida; de lo contrario, pasan a ser compromiso al año siguiente.
“Sí es posible que alguno de los gastos se hayan generado sin respaldo, y serán los entes que nos auditan, Contraloría, Copret y auditoría interna, los que sacarán los reportes de quienes tienen esa deficiencia. Mi función es velar que se den los controles, pero no soy yo el encargado del control. Al momento de encontrar hallazgos, no se aprueba”, dijo.
Presupuesto
No hubo liquidez
El ex viceministro de Comunicaciones, Rubén Mejía, aseguró que la deuda que se dejó en la cartera asciende a Q362 millones que reporta Finanzas, y aparte quedaron compromisos del 2014 que se deben pagar este año.
Mejía señaló que como parte de la deuda se incluye lo que se debe a Covial, que Finanzas nunca desembolsó, y son Q251 millones que se deben pagar en el 2015.
“Esa deuda es porque no hubo liquidez o no hubo cuota del gasto, por lo consiguiente se quedó el compromiso contractual porque se tenía el presupuesto, pero nunca se pagó porque no hubo desembolso. Nunca adquirimos deuda sin CDP. No se puede”, explicó el exfuncionario.
Incompleto
Informe previo
El viceministro de Salud, Édgar Hernández, señaló que la información enviada de las 83 unidades ejecutoras de esa dependencia evidencian una deuda de Q626.4 millones, a lo que habría que restar los Q120 millones señalados por la cartera del Tesoro.
Hernández explicó que la información proporcionada aún está incompleta, debido a que es de primera mano y aún falta más revisión.
“La deuda en el renglón 266 sobre productos medicinales y farmacéuticos asciende a Q188 millones”, subrayó el viceministro.
El funcionario, quien tomó posesión hace dos semanas, añadió que se debe revisar si lo registrado cuenta con el CDP.
Cifras
Aceptan Q2 mil 108 millones son los que Finanzas reconoce como deuda.
Crédito
3 ministerios reportan deuda no registrada en Finanzas.
IRRESPONSABILIDAD
Es importante tener el control
Pedro Prado, economista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), manifestó que es importante tener un registro adecuado de la deuda, pues no es posible continuar todavía con ese problema.
“Fue positivo que la Corte de Constitucionalidad volviera a dar vida a la obligatoriedad de las CDP y CDF, para tener control de las finanzas por el lado del gasto y evitar que se sigan adquiriendo compromisos sin respaldo”, dijo el economista.
Prado agregó que sí sorprende que vuelva a surgir el tema de una deuda sin registro, por lo que se obliga a las autoridades a llevar a cabo las acciones que correspondan y determinar cuál es el monto de ese tipo de deuda.
El experto considera que el hecho de quitar por parte del Congreso la obligatoriedad de las CDP abría la puerta a que no se tuviera control por el lado del gasto y asumir compromisos sin el respaldo presupuestario correspondiente.
Debido a que es un año electoral, es importante tener instrumentos para el control y fiscalización del presupuesto de egresos del Estado.
Prado señaló que de confirmarse se debe hacer un análisis jurídico para determinar lo que procede en términos legales.
El economista ve necesario que sea la Contraloría General de Cuentas la que determine si se cumplió con la emisión de las CDP y CDF, y con ello decidir si hay sanciones contra las personas responsables.
“Cuando proceda, que se emitan las sanciones correspondientes, y si es posible, hasta denuncias penales”, manifestó Prado.
La Ley del Presupuesto establece que quien adquiera compromisos sin saldos disponibles incurre en abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
EL CONCEPTO
SOBRE EL CDP Y EL CDF
El 15 de enero último, la Corte de Constitucionalidad (CC), de manera unánime, restituyó provisionalmente los candados que habían sido eliminados por el Congreso con la aprobación del presupuesto del 2015.
Por eso ahora es obligatorio para las entidades del Estado contar con la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) y la Constancia de Disponibilidad Financiera (CDF) al momento de adquirir deuda con terceros, con lo cual se garantiza que no se dará la llamada deuda flotante.
Antes de suscribir contratos para la adquisición de bienes o la prestación de servicios en renglones enumerados, las Unidades de Administración Financiera de las instituciones públicas deberán emitir las CDP con el fin de asegurar la existencia de créditos presupuestarios, para que cada entidad cumpla con sus compromisos frente a terceros.
Las CDF son los documentos que respaldan la distribución que cada entidad pública hace de los recursos que le son asignados por el Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria y aseguran la existencia de cuota financiera suficiente para cubrir los compromisos asumidos en los renglones en que es necesaria la emisión de CDP.
