El desalojo fue ordenado en 2011 por el Juzgado de Primera Instancia Penal de Cobán, a petición de la empresa Chabil Utzaj. Dejó una decena de heridos y provocó la muerte de Antonio Bev Ac, de 35 años.
Según un estudio del Colectivo de Estudios Rurales Ixim, 65 por ciento de las familias expulsadas alquila vivienda tras el desalojo, la mitad de las personas afirmó que no tiene acceso a servicios de salud, y solo el 7 por ciento es beneficiado con el Bono Seguro.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó a los afectados medidas cautelares, que consisten en entrega de alimentos, seguridad, vivienda y salud, pero tras hacer una verificación se constató que no se cumplen.
En octubre de 2013 se hizo el traslado de 140 familias, no obstante 769 continúan viviendo en condiciones precarias.
*Con información de Manuel Hernández
