En 1997, presidente Álvaro Arzú otorgó en usufructo el ferrocarril. En el 2006, durante la administración del presidente Óscar Berger, se declaró lesivo el contrato oneroso otorgado a Ferrovías por 50 años para operar el sistema de ferrocarriles.
En el 2007, RDC, empresa propietaria de Ferrovías, invocó el acuerdo comercial con Estados Unidos e inició un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con una demanda inicial de US$65 millones (Q520 millones).
En febrero, el Ciadi falló a favor de Ferrovías y ordenó al Estado hacer una compensación económica por US$16 millones (Q128 millones).
El sistema ferroviario está formado por 960 kilómetros en todo el territorio nacional.
Entre los proyectos se pretende impulsar un tren de cercanía para movilizar pasajeros en la región central y reactivar la operación de carga desde las fronteras hasta los puertos del pacífico y el Atántico.
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