Políticos consultados coinciden en que los recursos para una campaña electoral en el país se pueden desglosar así: 60 por ciento proviene de contratistas del Estado; 20 por ciento, de donaciones de empresarios, y 20 por ciento son fondos de dudosa procedencia.
La intención de estas personas y empresas no es solo apostarle al ganador, ya que algunos aportan a varias propuestas partidarias a la vez, y cuando ganan la elección obtienen contratos que dejan réditos por el triple o más de lo aportado.
Según analistas, el narcotráfico y el crimen organizado se interesan en aportar fondos sobre todo a candidatos a alcalde, en especial a algunos que están en las zonas fronterizas.
Aunque en el 2011 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó en Q48 millones el techo máximo de una campaña, los partidos rebasaron por mucho ese monto. En conjunto, las 19 organizaciones políticas que participaron gastaron Q637.4 millones, según el estudio ¿Cuánto costó la campaña electoral?, de Acción Ciudadana, que detalla que Q58.1 millones se usaron como campaña anticipada y Q579.3 millones durante la contienda.
El Partido Patriota erogó Q238 millones, mientras que Libertad Democrática Renovada (Líder) y la coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y la Gran Alianza Nacional sobrepasaron Q100 millones cada uno, refiere el informe.
El documento señala que para auditar ese gasto el TSE y la Ley Electoral y de Partidos Políticos tienen serias limitaciones, de las cuales la principal es la falta de mecanismos y sanciones administrativas para exigir la entrega de informes detallados y fidedignos de financiamiento en plazos establecidos.
Otra debilidad es que no se puede verificar si los nombres expuestos en los informes de financiamiento son de los verdaderos financistas de las agrupaciones políticas.
Un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales sobre financiamiento de los partidos políticos en Guatemala detalla que el aporte público puede clasificarse en directo e indirecto. El primero está constituido por las contribuciones que el Estado otorga a las agrupaciones y que actualmente es de US$2 —unos Q16— por voto válido.
El segundo se refiere a las ventajas y beneficios que gozan los diputados y los gobiernos municipales que ponen al servicio del partido como asesores, personal de servicio y acceso a viáticos.
Ante la negativa de ocultar a sus financistas, la población desconfía de los partidos.
La Encuesta Libre, publicada por Prensa Libre en abril del 2012, detalla que los partidos son las organizaciones en las que menos confía la población, con apenas el 11 por ciento de confianza.
Distintos capitales
Cristhians Castillo, politólogo del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos, considera que existen dos tipos de capital empresarial: el emergente y el tradicional, que financian organizaciones políticas. Los primeros responden a una lógica de transacción “yo te doy” para recibir más de lo que dieron en el período administrativo, y los otros son los que históricamente han definido la “democracia corporativa” en el país.
“El emergente invierte como en cualquier otra actividad comercial y lo hace en política. Eso significa introducir recursos a organizaciones que tienen probabilidades de llegar al poder. Mientras los tradicionales son sectores de poder acostumbrados a controlar la institucionalidad pública y les genera réditos económicos en sus actividades corporativas”, explicó.
“En financistas emergentes figuran los que están vinculados con grandes negocios en el Estado. Tenemos el de medicamentos, fertilizantes, constructoras y proveedores del Estado. Todos tienden a buscar, a tener acceso a algún candidato exitoso para poder tener después algún beneficio”, refirió el analista.
El politólogo y director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, señaló que el financiamiento es el punto de quiebre en materia electoral en este país. “Se ha ido diversificando. Antes se buscaba a los empresarios: Cacif y diferentes cámaras, pero ahora ha habido un componente muy fuerte de financistas no tradicionales, que son empresarios que han capitalizado recursos en los últimos 10 años”, indicó.
“Los contratistas del Estado han diversificado las fuentes de financiamiento para las organizaciones políticas. Eso hace que haya financistas grandes y pequeños que brindan servicios a través de dar servicios, publicidad, tiempo de aire en radios y cable local, pago de mítines y refacciones para los seguidores”, explicó Rosal.
El analista afirmó que en algunos casos se busca financiar ya no a solo uno, sino a varios para asegurar la inversión.
Con cuidado
Los precandidatos a la presidencia Roberto Alejos, de Todos; Manuel Baldizón, de Líder; Roberto González, de Compromiso, Renovación y Orden, y Sandra Torres, de la UNE, explicaron cómo financiarán sus campañas.
Alejos señaló que la ley establece un techo de campaña y respetará lo que establezca el TSE.
Aseguró que su campaña será financiada por medio de eventos de recaudación públicos, con miles de pequeños donantes, y que para evitar el ingreso de dinero del crimen organizado o el narcotráfico calificarán “antecedentes morales y empresariales” de donantes y candidatos.
Baldizón prometió que los diputados, alcaldes y candidatos a ediles pondrán sus recursos, así como “personas e instituciones de conocida honorabilidad que no tengan ningún inconveniente para que se conozcan sus nombres”.
González expuso que para su campaña calculan gastar unos Q42 millones, y para evitar el dinero oscuro pondrán atención a las fuentes de financiamiento, según trayectoria y antecedentes
Refirió que el financiamiento provendrá de un balance entre los mismos miembros del partido que organizan equipos distritales para las opciones del Ejecutivo, municipal y Legislativo; entidades privadas reconocidas e individuos simpatizantes que aportan su tiempo, materiales o equipo.
Torres, por medio de su equipo de comunicación, respondió que buscará una campaña de bajo costo, donde los afiliados, dirigentes y candidatos apoyen financieramente su candidatura.
Se agregó que la UNE efectúa contactos con empresarios, con el objetivo de que se sumen al proyecto del partido, “verificando la correcta procedencia de los fondos” y se reitera la convicción de que el financiamiento debe ser público, por lo que apoya la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Injerencia detrás de fondos
En las elecciones generales de 1999, el banquero Francisco Alvarado Macdonald aportó dinero a la campaña presidencial de Alfonso Portillo.
En una nota publicada por Prensa Libre el 29 de enero del 2000 se cuestionó a Portillo sobre el poder que en su gobierno podría ejercer Alvarado Macdonald, uno de los principales financistas de su campaña.
Portillo indicó: “Es mi amigo desde hace mucho tiempo. Yo lo he asesorado en sus bancos. Yo tomo las decisiones, así como tengo a Francisco Alvarado, tengo a un montón de intelectuales, académicos y empresarios, a quienes consulto. No obstante, Francisco y Carlos Alfredo Alvarado Rosales, hijos del banquero, ocuparon puestos en el gobierno de Portillo.
El primero fue gerente de la Presidencia, mientras el segundo, secretario de Asuntos Particulares de la Presidencia.
Un año después se decretaría la intervención de los bancos Promotor y Metropolitano, que quedaron desfinanciados por otorgar sobregiros.
Más de Q1 mil millones de recursos del Estado se destinaron al rescate de estas entidades, que al final desaparecieron y los fondos no se recuperaron.
Lucha de farmacéuticas
Tanto en el gobierno anterior, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), como en el actual, del Partido Patriota, ha sido señalada la lucha entre farmacéuticas para proveer medicamentos al Estado.
Del 2008 al 2012, durante la gestión del presidente Álvaro Colom, la empresa J.I. Cohen, de la cual es directivo Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia, fue beneficiada a través de la red de salud con contratos por más de Q397 millones para proveer de medicinas al Estado.
En el actual gobierno se han señalado favoritismos y presiones para que la Agencia Farmacéutica Internacional, Sociedad Anónima (Agefinsa), sea beneficiada con contratos que entre el 2012 y lo que va del año en curso suman Q629 millones.
También ambas administraciones han sido señaladas de beneficiar con contratos a diversas empresas, algunas de reciente registro, con compra de fertilizantes, alimentos y obras de infraestructura de distintas dimensiones y valores.
Por otra parte, se buscó pagar la llamada deuda de arrastre del Ministerio de Comunicaciones, lo cual se interpretó como un intento por congraciarse con financistas dueños de constructoras.
“Es necesario tener controles cruzados”
Marvin Flores, consultor de Acción Ciudadana, entidad que vigiló a través de Mirador Electoral los comicios del 2011, da a conocer puntos importantes sobre el financiamiento de los partidos políticos.
¿Cómo se deberían transparentar los recursos que reciben los partidos políticos como financiamiento para sus campañas?
Se debe dar fuerza a las sanciones que emite el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a fin de que este tipo de situaciones no se den. Que se impongan sanciones más duras.
En cuanto a la recaudación del dinero hay un doble papel. Primero, la auditoría del TSE tendría que solicitar reportes tanto del financiamiento público y privado. Lo ideal es que el dinero que entre a la organización política sea a través del tesorero, para llevar controles centralizados.
¿Cómo evitar que el dinero del crimen organizado y el narcotráfico ingrese en los partidos?
Es un poco complicado, porque depende, más en el caso de Guatemala, donde tenemos partidos políticos débiles. Algún dinero ingresa no de forma directa a los liderazgos centrales de los partidos, sino a través de los liderazgos locales, y no en efectivo, sino en especie, y eso dificulta saber si ese aporte proviene de una fuente legítima o no.
Lo otro es pensar en lo que sucedió en México, donde una de las reformas de financiamiento en ese país fue más por el lado de minimizar el ingreso del narcodinero o de dinero corrupto. Esa es otra medida que podría ensayarse, aunque la sociedad guatemalteca no está preparada para un tema así.
Los partidos entregan al TSE reporte de sus financistas. Sin embargo, el que dan incluye a familiares u otras personas. ¿Cómo se podría fiscalizar para detallar quién da el dinero?
Ahí es un juego de partida doble: está la responsabilidad de los partidos de entregar información fidedigna, pero ante la ausencia de esa posibilidad todo recae en el TSE, de poder verificar o investigar si realmente las personas que aparecen en los listados de financistas son las que dan el dinero.
Es necesario que se haga cruce de datos, por ejemplo entre el TSE y la Superintendencia de Bancos.
