“La herramienta que nos permite la Ley de Orden Público es una herramienta que todo mundo ha estado acostumbrado a visualizarla en un tema nacional o en algún momento se llevó a cabo a nivel de departamento o a nivel de un municipio específico como fue Barillas. Pero es una herramienta que se puede aplicar mucho más focalizada en áreas mucho más pequeñas, mucho más específicas”, explicó el ministro de Gobernación.
Agregó que se priorizaron 30 municipios —al inicio eran 25—, según un mapa de riesgos en áreas donde hay mayor incidencia en homicidios, circulación de armamento y narcomenudeo.
Lugares elegidos
Aunque al principio el ministro no quiso revelar en qué sectores se impondrían los estados de Excepción, para evitar causar el “efecto cucaracha”, de alertar a “todo el mundo” y que todos desaparezcan, después mencionó algunos.
“Sabemos en quéáreas debemos concentrarnos para poder ser efectivos. Sin ninguna duda entonces, en municipios como el de Guatemala, la capital y sus suburbios es crucial trabajar. Mixco, Villa Nueva, Amatitlán, Villa Canales, son otros municipios que están bajo las mismas condiciones”, detalló el funcionario, que después mencionó la cabecera de Escuintla.
Además de municipios de Guatemala y Escuintla, podrían figurar algunos lugares de Izabal, Petén, Chiquimula, Quetzaltenango, Jutiapa, Jalapa, Alta Verapaz, Chimaltenango y Zacapa.
En 15 días, las autoridades planean tener todos los “mecanismos afinados”, para que en un plazo de tres a cuatro semanas se implementen las primeras incursiones, que pueden ser simultáneas en hasta tres municipios, y que, según las necesidades, pueden durar de uno a tres días.
Según el ministro, por tratarse de estados de excepción cortos, no requeriría la refrenda del Congreso, como cuando esa medida dura un mes o más, para lo cual puso el ejemplo de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.
López Bonilla resaltó que existe una vigencia específica en la que “el Ejecutivo puede actuar”.
De los cinco estados de Excepción que se establecen en la Ley de Orden Público —Prevención, Alarma, Calamidad Pública, Sitio y Guerra— solo el de Prevención especifica que no necesita de la aprobación del Congreso, contrario al de Guerra, que es decretado por el Parlamento.
Opiniones
“Es natural mercadear el carácter ‘corto’ o ‘atípico’ de estos operativos para actuar por el carril auxiliar y no requerir ninguna aprobación del Legislativo”, señaló David Martínez-Amador, de la Red de Investigadores Insumisos Latinoamericanos.
En cuanto al impacto que pudiera tener en el descenso de los índices delincuenciales, el también profesor universitario aseguró: “Allí el ejemplo en Brasil del operativo relámpago para recuperar las favelas de Cajú. Fueron necesarios mil 300 policías y 200 militares, pero la permanencia policial es permanente, pues al retirarse los efectivos, los criminales regresan”.
Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, coincide con Martínez-Amador, al decir: “Lo más importante es qué medidas se van a tomar cuando se levante ese estado, porque ha sucedido que cuando se levanta, no es sostenible y vuelve otra vez a evolucionar la delincuencia si no se cambian medidas que garanticen que van a cambiar la realidad del lugar”.
“La presión por generar resultados en materia de seguridad que sean ‘propios’ de este gobierno, y ante un posible escenario de modificaciones en las posiciones ministeriales a partir de junio producen mucha presión en la cartera de Gobernación”, añadió Martínez-Amador.
El ministro de Gobernación instó a los jueces a no otorgar fianzas a quienes son detenidos por portación ilegal de armas, debido a que podrían tratarse de sicarios.
“El año pasado hubo dos mil 900 consignaciones de personas por portación ilegal de arma de fuego, pero, ¿cuántas de esas dos mil 900 personas están presas?”, cuestionó López Bonilla.
