Las familias campesinas comenzaron las gestiones hace un par de años, mientras que las propiedades reclamadas les fueron otorgadas en el 2000, 2002 y 2004.
La deuda agraria se calcula en Q328 millones, de la cual se ha ampliado el subsidio por más de Q150 millones, para una reducción de unos Q200 millones durante el actual gobierno.
Eddy Díaz, del Fondo Nacional de Tierras, indicó que con las seis fincas de ayer se ha llegado a 80 en todo el país.
