Los Derechos Humanos en Guatemala enfrentan varios retos, según el informe que presenta la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh).

El documento, que corresponde al 2021, expone elementos que no deben ser pasados por alto para Guatemala, entre ellos ataques contra defensores de Derechos Humanos.

Mika Kanervavuori, representante en Guatemala de la Oacnudh, explicó algunos de los principales aspectos del estudio referidos al país.

“Dos asuntos mayores son los ataques contra defensores de Derechos Humanos, territorio, medioambiente y periodistas. Todo esto ha aumentado, no solo los ataques y la intimidación, sino también la criminalización. Es un patrón que hemos visto”, puntualizó.

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El informe, que se hizo público la semana pasada, centra especial atención en la independencia judicial, represión de grupos minoritarios, gobernabilidad y el incremento de la pobreza luego del confinamiento en todo el mundo por la pandemia.

La alta comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó sobre Guatemala que el país “sigue enfrentando serios desafíos en materia de Derechos Humanos”.

“La pandemia ha exacerbado las desigualdades y aumentado los niveles de pobreza en el país, en particular, entre los pueblos indígenas, los afrodescendientes y las personas con empleos informales, una situación que requiere la atención urgente de las autoridades”, señaló.

“A lo largo del 2021 continuaron los ataques y la persecución en contra de operadores de justicia por su legítima labor, incluso a través del uso frecuente de —solicitudes de retiro de— antejuicio. Además, en los últimos meses mi oficina observó un incremento de ataques contra fiscales y abogados por sus investigaciones en casos de corrupción e impunidad y casos emblemáticos de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno”.

“Esos ataques representan un patrón preocupante que socava el estado de Derecho y la independencia judicial, pese a que en el 2021 se produjo la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad”, expresó al presentar el informe.

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Asimismo, Bachelet hizo énfasis en que sigue “preocupada por la falta de avances en la elección de los jueces de las cortes Suprema y de población —salas de Apelación—”, un proceso que se encuentra en manos del Congreso y que aunque se incluye en las agendas de sesiones, nunca se aborda.

“Es un proceso que ha sido retrasado por casi tres años. Sin embargo, saludo los avances realizados en los casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno y aliento a las autoridades a seguir avanzando en los casos pendientes”, puntualizó.

Sobre la supuesta represión a activistas de DD. HH., la representante de la ONU dijo que “el espacio cívico continúa reduciéndose y aumentaron los ataques y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“El año pasado mi oficina documentó 103 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y seis asesinatos, así como 33 ataques contra periodistas”, expuso.

Añadió que es fundamental que las autoridades “tomen medidas para reforzar la legislación y las políticas de protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.

“También estoy alarmada por el aumento de los índices de violencia contra las mujeres y las niñas en Guatemala en el 2021”, aseveró.
Sobre este tema, el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público (MP), según la expresidenta de Chile, registró más de 60 mil casos de violencia contra mujeres y 478 femicidios.

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“Mi oficina tuvo conocimiento de al menos 29 personas LGTBI asesinadas. Estos altos niveles de violencia requieren que las autoridades tomen medidas inmediatas de prevención”, precisó.

Bachelet alentó al gobierno “a seguir cooperando con todos los mecanismos de Derechos Humanos de Naciones Unidas y regionales. Mi oficina continuará dando apoyo y asistencia técnica al Gobierno, a las instituciones del Estado y a los diferentes actores para avanzar en la promoción y protección de los derechos humanos en el país”, finalizó.

Kanervavuori, por su parte, también dijo estar preocupada por la vigente ley de oenegés, porque “aún no hemos visto necesariamente todas las implicaciones de la ley, esto es algo que podría cambiar”.

Por último, este año será clave para los derechos humanos, porque el Congreso tiene que nombrar al próximo procurador, proceso que ya está en marcha.