El diputado Cándido Leal, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, hace una semana defendió la propuesta señalando que la ley es clara y es la SIB quien debe fiscalizar a las entidades bancarias; no obstante, la SIB opina lo contrario.
El diputado del grupo parlamentario de oposición, Carlos Barreda, solicitó por escrito a la SIB una opinión sobre su competencia en la fiscalización de más de Q11 mil millones administrados en programas económicos para atender la emergencia del coronavirus.
“Toda vez que tales recursos no constituyen fondos provenientes de la captación de recursos del público por parte del referido banco y que por lo mismo no están sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad bancaria”, es parte de la respuesta oficial de la SIB al diputado Barreda.
La SIB también explicó que la Junta Monetaria modificó en el 2020 su Manual de Instrucciones Contables para Entidades Sujetas a la Vigilancia e Inspección de la Superintendencia de Bancos, con el fin de separar sus competencias en el caso puntual del CHN, que administraría fondos que “no provienen del ejercicio de la intermediación financiera”.
Además, señala Érick Armando Vargas Sierra, superintendente de Bancos, en la comunicación oficial con el legislador, que “la vigilancia e inspección no recae sobre los fondos públicos, como se contempla en el artículo 1 de la iniciativa 6120 que dispone aprobar la Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los fondos Covid”, por el contrario, estos fondos “se encuentran sujetos a las disposiciones legales aplicables a los recursos provenientes del Estado, es decir, a los fondos públicos”.
El CHN administra desde el 2020 los recursos del Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, el Fondo de Protección de Capitales y el Fondo para las Micro, Pequeña y Mediana empresa, establecidos en el Decreto 13-2020, sin que hasta ahora se tenga información precisa sobre el manejo de los fondos, acogiéndose hasta ahora en el secreto bancario para rendir cuentas.
CGC sí tiene competencia
Además, la CGC también respondió una consulta oficial hecha por Barreda el 29 de agosto, donde se cuestiona si la entidad tiene competencia de fiscalización de los fondos covid administrados por el CHN. La Contraloría responde que sí, a la luz del artículo 232 de la Constitución Política de la República, donde instituye a la entidad “para fiscalizar los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario entre otros, de las entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado”.
La CGC también es directa y señala que, de acuerdo con su mandato constitucional, sí le compete los fondos relacionados en el Decreto 13-2020.
Interés político
La alianza oficialista ha demostrado que reúne a más de 100 diputados para votar por los decretos de su interés, en la iniciativa 6120 firman como ponentes 12 legisladores de siete partidos políticos.
Por el partido de Gobierno, Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), encabeza las firmas la actual presidenta del legislativo, Shirley Rivera, seguido de su jefe de bancada, Carlos Calderón junto a los diputados Mynor Mejía y Juan Francisco Mérida.
De la Unión del Cambio Nacional (UCN), que aún sobrevive por una impugnación no resuelta que retrasa su cancelación, firman de ponentes Karla Martínez y Carolina Orellana Cruz.
Firmando como ponentes en representación de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se encuentran Carlos López Maldonado y Carlos Santiago Nájera.
Bajo el respaldo de Visión con Valores (Viva), firma como ponente el diputado Aníbal Rojas; Felipe Alejos lo hace en representación de Todos; Efraín Menéndez lo hace por el partido Valor; y Julio Cesar Longo como integrante del Frente de Convergencia Nacional (FCN – Nación).
La iniciativa se presentó ante Dirección Legislativa el pasado 21 de julio, fue presentada ante el Pleno y enviada a la Comisión de Finanzas el 2 de agosto, para que en tan solo ocho días la iniciativa ya tuviera dictamen favorable.
Esta mesa de trabajo está liderada por el oficialismo, su presidente es el diputado Cándido Leal, quien afirma que si existe un respaldo técnico en la propuesta y que no se está evadiendo la fiscalización, ya que aclaran en la propuesta que la entidad garante debe de ser la SIB por mandado constitucional.
“Este presidente de la Comisión de Finanzas deja bien claro que la iniciativa 6120 refiere que a instituciones financieras por ley la única que puede fiscalizar es la SIB”, señaló Leal.
