Esta iniciativa, de fondo, crea la obligación para el Registro Nacional de las Personas (Renap), de compartir su información con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y el Ministerio de Finanzas (Minfin) y se pueda determinar en cualquier momento su un jubilado del Estado está vivo, para pagarle su pensión.
En principio es un trámite sencillo. En la práctica es mucho más complicado si se toma en cuenta que los cientos de miles de jubilados son adultos mayores, algunos con problemas de movilidad y cada año debían hacer largos trámites para garantizar su pago el siguiente año.
En la arena política, los diputados, de oposición y oficialistas se unieron para que la iniciativa se volviera ley, lo último que faltaba para la modernización del sistema.
De último momento se intentó, a través de una enmienda, incrementar las pensiones, pero fue sometida al pleno y descartada por la mayoría de legisladores.
Cambio definitivo
Los trámites personales de sobrevivencia quedaron suspendidos desde el año pasado, por la pandemia, a través de un decreto temporal. La Ley de Simplificación de Trámites, aprobada este año, también allanó el camino para hacer posible el compartir la información cada día de sus bases de datos al Ministerio de Finanzas y saber, de manera más ágil, si una persona ha fallecido y suspender el pago de su pensión.
El nuevo decreto reforma el artículo 54 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, una norma de 1988.
Ahí se crea la obligación de comprobar la supervivencia y la pensión por ordandad en el Renap.
También “se instruye al Ministerio de Finanzas Públicas y al Registro Nacional de las Personas, para que en un plazo que no exceda de tres meses, realice las gestiones necesarias para implementar el sistema electrónico”, con lo cual pueda cruzar la información de manera automatizada y prescindir de la constancia física que cada año los pensionados presentaban en las gobernaciones departamentales.
“Somos 207 mil jubilados, de estos hay un alto porcentaje con invalidez, en sillas de ruedas y un 15% han tenido que pagar abogados para poder presentar su acta de supervivencia, sobre todo quienes viven en áreas rurales”, dice Verónica de Velásquez, presidenta del Comité por la Dignificación de los Jubilados del Estado y del Adulto Mayor (Codijeama).
De Velásquez señala que hasta ahora los problemas para presentar el acta de supervivencia incluían gastos de transporte y legales que sumaban hasta Q800, cuando hay jubilados que reciben Q1 mil 300 al mes.
Son 17 regímenes de jubilados del Estado. Una estimación de Codejima señala que hay unos 500 mil pensionados. Ahí se incluye las clases pasivas del Estado, entidades descentralizadas, municipalidades y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Todos resultaron beneficiados con el decreto, porque ya no deberán hacer el trámite de sobrevivencia.
Los beneficios del decreto aprobado el miércoles también alcanzan a guatemaltecos en el extranjero, incluso.
Por distintas circunstancias, adultos mayores viven fuera de Guatemala y cada año debían presentarse a una embajada para tramitar su constancia de supervivencia, luego pagar a un abogado que en el país hiciera el trámite y continuar recibiendo su pensión.
“Hay muchas más necesidades, pero eliminar el trámite de supervivencia es un primer logro”, dijo De Velásquez.
Debate político
En el pleno se conoció la iniciativa y una moción para conocerla de urgencia nacional, en un único debate. Durante la discusión, los diputados de múltiples bancadas expusieron la necesidad de eliminar los trámites y, también, por qué no es prudente que se incremente el pago.
“Cada uno de los jubilados dejó parte de su vida en el qué hacer diario para el país, y es justo que no se les exija nuevamente tenerse que ir a presentarse para poder obtener el informe de supervivencia, porque ahora con la tecnología tenemos otros medios de cómo saber que la persona continúa viva”, explicó Oto Callejas, diputado de Todos.
“Lo que busca es allanar el camino del trámite a los señores beneficiarios de las distintas pensiones que el Estado otorga”, explicó Manuel Conde Orellana, del Partido de Avanzada Nacional.
Más allá, la diputada Lesly Valenzuela, planteó una moción para ampliar el monto de pensiones a las clases pasivas del Estado, con el argumento que el costo de la vida se ha encarecido y es necesario un aumento. Eso no se logró.
“En términos de agilizar procesos está excelente, pero no cambia las condiciones de vida de los jubilados, por eso pedimos un incremento a las condiciones de los jubilados”, dijo la Valenzuela, al presentar la iniciativa.
“Son artículos populistas, en contra de la Constitución, porque nos manda a aprobar cosas que tengan fuente de financiamiento, y esto no lo tiene”, agregó Conde Orellana, al rechazar la posibilidad de un incremento a las pensiones.
