Los tres ejes que preocupan al sector empresarial en la designación de la CC

A criterio de un grupo de empresarios es necesario que la próxima Corte de Constitucionalidad (CC) permita establecer un sólido estado de Derecho, acompañado de certeza jurídica y evitar a toda costa la politización de las resoluciones legales.

La nueva CC deberá tomar posesión el próximo 14 de abril, por un período de cinco años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La nueva CC deberá tomar posesión el próximo 14 de abril, por un período de cinco años. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

En el marco del proceso de designación de las futuras autoridades constitucionales el Vane Center celebró el pasado martes un foro virtual con expertos en la temática anti corrupción y empresarios nacionales, que concluyeron en la necesidad de fortalecer el sistema judicial para mejorar el clima de negocios en Guatemala.

Los retos evidentemente no son sencillos, por ello aseguran necesario que este proceso de elección se desarrolle de la mejor manera para garantizar que el futuro legal del país no estará inclinado a ciertos intereses, ya que la estabilidad judicial permite una mayor inversión extranjera.

Al existir reglas claras, según los empresarios, es más atractivo para inversionistas apostar por Guatemala, pero si al contrario nuestro país refleja un débil sistema jurídico con resoluciones politizadas jamás mejorará sus números, en consecuencia tampoco la calidad de vida de sus habitantes.

Estado de Derecho

Entre los panelistas del evento virtual se contó con la participación del embajador de los Estados Unidos en Guatemala, William Popp, quien aseguro que su país está dispuesto en seguir apoyando a Guatemala para el combate a la corrupción, pero fue en claro en decir que el esfuerzo debe de ser entre todos.

“La ayuda externa obviamente no será suficiente para resolver todos los obstáculos del estado de Derecho aquí en Guatemala, se necesita sin duda los esfuerzos internos, un compromiso fuerte en este sentido (…) la lucha contra la politización del sistema de justicia, en cualquier país la justicia selectiva debilita el Estado de Derecho y hace a los inversionistas evitar hacer negocios, esa politización también puede socavar la confianza pública”, señaló el embajador.

Por su parte Juan Felipe Molina Botrán, de Grupo Hame, añadió que sin un óptimo estado de Derecho no habrá espacio ni para los emprendedores, “en un sistema de justicia donde los delincuentes casi cuentan con certeza de impunidad y otras veces hasta los cobijan con erradas interpretaciones de protecciones a los derechos humanos es imperativo fortalecer el estado de Derecho para generar prosperidad; sin respeto a la propiedad privada no puede haber ningún emprendimiento, ninguna inversión sostenible ni se podrá alcanzar la prosperidad”.

Certeza jurídica

Un aspecto que puede ser minado por la corrupción, pero que requiere un fortalecimiento desde sus bases para evitar que por favores u otro tipo de beneficio los jueces omitan argumentos legales al momento de firmar un acta.

“Para que la aplicación de la justicia sea efectiva debe haber una consecuencia pronta por los incumplimientos que se den en la sociedad, basados en procesos eficientes e imparciales que ayuden en el cambio de la cultura en Guatemala. Ninguna sociedad puede alcanzar su máximo potencial si el estado de Derecho tiene un elemento tan destructivo como la corrupción”, indicó María Isabel Lujan, socia fundadora de la firma Quil + 4 Abogados.

Al haber certeza jurídica, según Luis Miguel Castillo, presidente de la Junta Directiva de CBC, el clima de inversión podrá mejorar toda vez las cortes sean claras, “cuando vemos la inversión extranjera directa se calcula que el 90% probablemente sea de mismos negocios que están en Guatemala, somos los mismos que estamos acostumbrados con el riesgo y eso, pero difícilmente vamos a traer inversión si no tenemos resuelto los temas como nos ven de fuera, si vengo yo a poner una inversión de una minera o una hidroeléctrica no tengo certeza jurídica después de haber pasado por todo el proceso”.

Politización

Aunque el mayor peso de la certeza se ve en las Cortes nacionales existen actores políticos con alto grado de responsabilidad, según Luis Andrés Gabriel Bouscayrol, de Corporación Centroamericano de Acero, quien recordó como los diputados se rehúsan a dar vía libre a un proyecto de alianza público privado que hasta tiene orden constitucional.

“El Congreso aún no aprueba la adjudicación, claramente porque algunos tienen intereses políticos y conflictos de intereses, independientemente de la aprobación o no existen compromisos contractuales y se evidencia la ausencia de un estado de Derecho real, esto es un desisentivo a participantes internacionales en las inversiones en el país, un mensaje claro que no hay certeza jurídica”, indicó.

La corrupción no se paga solo en efectivo, existe un intercambio de favores que se posponen para el momento oportuno, situación que afecta a toda la nación, ya que al existir intereses particulares sobre los nacionales la gran mayoría pierde.

“Hay una relación inversa con un alto grado de corrupción y menor inversión en educación y salud pública, como consecuencia países que tienen un alto grado de corrupción tienden a sufrir peores resultados en términos de educación, salud y bienestar del ciudadano, es decir lejos de ser como dicen algunos un crimen sin víctima, todos pasamos a ser víctimas de la corrupción”, argumentó Tood Crider, del Consejo de abogados para derechos civiles y económicos.

Retroceso regional

El juez de Brasil, Sergio Moro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública del país suramericano refirió que ha visto como en toda Latinoamérica existe una estrategia para atacar a grupos que combaten la impunidad.

Asegura que en su país los crímenes de cuello blanco pasan inadvertidos por la justicia hasta que un grupo de fiscales debelo el Caso Lava Jato, que demostró una red de sobornos internacionales, lo que les dio una luz de esperanza.

Pero con el paso de los años esos esfuerzos fueron socavados, algo que asegura también ocurrió en Guatemala, “desafortunadamente estamos viendo en Brasil y otros países de Latinoamérica eventos políticos contra el movimiento anti corrupción, en Brasil el fiscal general desmanteló el grupo de trabajo del Caso Lava Jato, la Corte Suprema Brasileña también emitió decisiones que socavaron la pelea contra la corrupción; en Guatemala los ataques a la Cicig, contra la Feci fueron vistas por el resto del mundo como pasos atrás en los esfuerzos anti corrupción del país”.

Extremo en el que coincidió Manfredo Marroquín, representante de la organización social Acción Ciudadana, quien resaltó la poca transparencia que han visto para la designación de los nuevos magistrados en los procesos a cargo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso de la República y Organismo Ejecutivo.