En un comunicado difundido este 23 de mayo, la MOE-Gt explica que ven con mucha preocupación el curso del proceso electoral, el cual consideran que está inmerso en irregularidades y una creciente judicialización, “que puede derivar en la pérdida total de integridad y legitimidad de lo que hasta ahora es lo único que sostiene a nuestra frágil democracia guatemalteca”.

El documento señala que la coyuntura crítica en la que se encuentra el país, independientemente del resultado de las resoluciones judiciales aún pendientes, “era evitable y hemos llegado a ella por la irresponsabilidad de partidos políticos que no se apegan a los requerimientos de las leyes y de autoridades electorales que han incumplido con sus obligaciones”.

Afirman que en el actual proceso han visto acentuarse la disfuncionalidad de los entes encargados de garantizar el Estado de Derecho, defender el ejercicio de las libertades ciudadanas y atender las necesidades que permiten el funcionamiento eficaz y eficiente de la sociedad.

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El Estado está amenazado

“El Estado de Guatemala se encuentra amenazado por grupos que socavan paulatinamente los fundamentos de la república y de la democracia participativa. Hoy resulta redundante hablar de la crisis política que atraviesa Guatemala, porque encontramos evidencias abundantes de que las instituciones erigidas para defender a la ciudadanía se han constituido en una amenaza para ella”, se lee en el comunicado.

Añade que la MOE-Gt ha señalado repetidamente anomalías en las que incurren diferentes instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), como errores en las adquisiciones, aplicaciones diferenciadas de criterios para aceptar o denegar candidaturas, deficiencias administrativas que demoran acciones organizativas y decisiones que atentan contra la transparencia y el acceso a información clave en un proceso electoral democrático.

Agrega que sumado a eso, el impacto que tiene sobre el incremento de la conflictividad social del país.

“Como MOE-Gt alertamos a la sociedad de las consecuencias que tendrá resolver por la vía judicial lo que en un sistema democrático se dirime en elecciones libres, transparentes, plurales y competitivas. Coartar estas características destruirá el último puntal que sostiene a nuestra frágil democracia”, concluye el comunicado.