Representantes de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y Acción Ciudadana participaron en el foro ¿Por qué es necesario que la iniciativa de ley de adquisiciones regrese a la Comisión de Finanzas?
Los ponentes concluyeron, tal como se tituló el conversatorio, que la iniciativa 6141 que pretende reemplazar la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) no debe avanzar hasta que no sea revisada por expertos en la materia y se enmienden algunos artículos que podrían implicar retrocesos en transparencia y competitividad de las contrataciones públicas.
Irene Flores, del Cien, comentó que hay múltiples deficiencias en la redacción del nuevo texto. Entre estas, el hecho que se crean 24 métodos de compra distintos. “Eso se aleja de la buena práctica de tener pocas modalidades de compra, pero bien definidas cada una procurando la competencia”, dijo Flores.
Además, de esas 24 modalidades, 13 son del tipo de compra directa, que por su naturaleza disminuye la competencia que puede haber y ello facilita la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos.
“Actualmente, de todas las compras que realizan las entidades del estado, el 92 por ciento son compras directas. Con estas nuevas modalidades de contratación que son de forma directa, esto se va a agravar”, comentó la analista.
En esto coincidió Marvin Flores, de Acción Ciudadana, quien aseguró que la aprobación de la iniciativa “atomizaría” aún más el sistema de contrataciones. “Lejos de funcionar así, debería aprovecharse las economías de escala”, dijo Flores.
Agregó que la nueva ley apunta a ser una estrategia para beneficiar a los alcaldes, ya que se eliminan varios controles en el proceso de contratación que podrían incrementar el riesgo de corrupción.
“Se trata de abrir la caja de pandora en año electoral. La estrategia es beneficiar a alcaldes, de fortalecer un caudal de votos del partido político en la actual gestión de gobierno utilizando gobiernos municipales. Debiera tenerse la seriedad del caso y regresar esa ley porque lejos de simplificar procesos, los va a complicar”, dijo Flores.
Ricardo Barrientos, del Icefi, dijo que previo a aprobar modificaciones o una nueva ley, la Comisión de Finanzas debe ofrecer un espacio para que las discusiones se realicen con suficiente tiempo y con participación de todos los actores interesados. En ese sentido, dijo que llama la atención la forma acelerada en cómo obtuvo dictamen favorable la iniciativa 6141.
“Si no se discute lo que se va a aprobar, a la hora de ejecutar muchas entidades se van a paralizar porque no entenderán (la nueva ley). No se les habrá explicado. La Comisión de Finanzas tiene una responsabilidad que no hizo. El pleno debe regresarla para que esta comisión haga lo que tiene que hacer”, dijo Barrientos.
Pablo Hurtado, de Asies, comentó que la forma en cómo está planteada la iniciativa genera dudas y aprobar un reglamento sería difícil o ilegal. “Los reglamentos tienen delimitación que solo pueden desarrollar lo que está establecido en la ley, pero lo que está ahí no permite la comprensión de lo que se busca”.
Asimismo, cuestionó que no se parece haber claridad de cuál es el diseño o concepto del sistema de adquisiciones que se quiere para el Estado. Pero a lo que se debería aspirar es a un sistema que permita a todas las instituciones públicas comprar en forma ágil, segura, transparente, eficaz, eficiente y con calidad.
Hurtado también comentó que la nueva ley modifica las modalidades de compra dependiendo de si es una compra mayor o menor, pero es un error manejar estos criterios.
“El continuar manejando el criterio de compras asociadas a montos va a hacer que estas discusiones se den cada cuatro años. Cada tipo de adquisición debe usar la modalidad que mejor convenga conforme a la naturaleza del bien”, expuso.
Por último, los panelistas concluyeron que no lo que propone el Ejecutivo no es una nueva ley de adquisiciones, ya que no soluciona los problemas de fondo del sistema actual. Al contrario, generaría más obstáculos para ejecutar de forma transparente y con calidad.
“No es nueva ley. Hay retrocesos importantes en buenas prácticas y estándares internacionales (…) Nos preocupa que Guatecompras se define como un registro de información histórica. Se deja de lado la búsqueda de eficiencia y se convierte en un repositorio de información (…) Es importante la oportunidad de apelar durante todo el proceso de compra en cuanto un actor interesado observe que se dan comportamientos oportunistas no deseadas. Esto, en esta iniciativa que se presenta, se reduce”, puntualizó Flores, del Cien.
