Oficialistas aún no consiguen los 107 votos para destituir al PDH

Tendría que ser reemplazado por Claudia López David, la única candidata posible de la terna en que fue electo el actual magistrado de conciencia.

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En agosto próximo finaliza el periodo constitucional de cinco años por el que fue electo Jordán Rodas al frente de la PDH. Fotografía: Prensa Libre.
En agosto próximo finaliza el periodo constitucional de cinco años por el que fue electo Jordán Rodas al frente de la PDH. Fotografía: Prensa Libre.

En sus casi cinco años de gestión al frente de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas ha sido notificado de siete intentos para destituirlo.

El más reciente apenas notificado la semana pasada después que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso emitió la recomendación de cesarlo del cargo, por una serie de posibles incumplimientos al frente de la PDH.

Este intento de destitución obedece por aparente incumplimiento de funciones al momento que se postuló para rector de la USAC, ya que habría hecho campaña en horario laboral sin tener el aval del Congreso.

Además el Ministerio Público (MP) por tener sospechas similares requirió información al Legislativo en la misma línea, debido a que Rodas es un comisionado electo y que responde ante el Congreso.

Pese a que su mandato constitucional de cinco años está por vencer en agosto próximo, hay diputados que consideran prudente adelantar su salida por una gestión ineficiente, con sesgos políticos y dudas administrativas.

Para concretar esta recomendación el Pleno del Congreso debe de aprobarlo con 107 votos, posteriormente tendrá que completar el mandato uno de los profesionales que integraron junto a Rodas la terna de candidatos en 2017.

Lo que conduce de manera automática al nombramiento de Claudia López David, allegada al exmagistrado de conciencia, Jorge de León Duque; profesional que durante su postulación recibió tachas del sindicato de la PDH.

El segundo candidato era Ricardo Efraín Alvarado Ortigoza, que falleció el 5 de febrero pasado; él fue presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos durante el Gobierno de Alfonso Portillo.

Solo necesitan 10 votos

Uno de los diputados más críticos al trabajo de la PDH es Manuel Conde, jefe de bloque del Partido de Avanzada Nacional (PAN) y quien propuso la reciente recomendación para la destitución de Rodas.

Conde tiene serias dudas de la forma en que Rodas impulsó su candidatura a rector, por lo que estima necesario que además de separarlo del cargo se profundice en el manejo de fondos que tuvo a su cargo.

“El Congreso tendría que nombrar a uno de los dos que acompañaron la terna donde fue electo Jordán Rodas para terminar el periodo, pero el tiempo que falta será utilizado también para desarrollar auditorias especiales que ya se han requerido a la Contraloría General de Cuentas (CGC)”, explicó.

El parlamentario explicó que este tema corresponde sea puesto a conocimiento del Pleno, momento en que se verá si el actual PDH terminará su gestión o si saldrá por la puerta trasera.

“Él en el Congreso tiene escuderos y defensores oficiosos que se van contra la razón porque las evidencias son claras por su mal proceder como magistrado de conciencia, pero en el momento de generar el debate en Pleno del Congreso se tendrá que establecer si se cuenta con los votos”.

Conde estima que solamente tienen que buscar 10 votos para sacar al PDH, “la ‘alianza por Guatemala’ que está integrada por 12 partidos políticos tiene 97 votos, eso quiere decir que estanos cerca de esa votación calificada”.

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Alianza fragmentada

Entre los bloques de oposición existe apoyo hacía el magistrado de conciencia. Sonia Gutiérrez, jefa de bloque del partido Winaq, asegura que este nuevo intento de destitución es infundado y con tintes políticos.

“Me parece un berrinche o un revanchismo político de parte de varios diputados integrantes de la Comisión quienes han puesto en la discusión la destitución del PDH, realmente no tiene sustento y nos está llevando a un desgaste tanto a la Comisión como al Pleno del Congreso cuando lo resuelva”, explicó.

La parlamentaria considera que las acciones contra Rodas en estos casi cinco años de gestión no es una guerra liderada por bloques, al contrario es tan solo el descontento de diputados a lo individual.

“Yo creo que no tienen los 107 votos, tengo mis dudas. Siento que son solo unos cuantos diputados quienes están provocando hacer este desgaste, como que tienen un revanchismo, son pocos los diputados que están provocando este tipo de discusión”.

Gutiérrez añadió que la fuerza que tenía la alianza oficialista se ha ido debilitando, “ya la alianza oficialista tiene fraccionamientos internos que debilitan la posibilidad de tener una mayoría calificada para destituir al PDH”.

Muestra de poder

A criterio de analistas no tiene sentido la destitución de un funcionario que está a semanas de dejar el cargo, con lo que pierde la inmunidad y puede ser objeto de cualquier tipo de investigación.

Pero en el caso en particular de Rodas, detectan un mensaje de fondo, que a su criterio, tan solo pretende hacer una muestra de la fuerza y control que tiene la clase política dominante señaló Ximena Aguilar, coordinadora de incidencia política de Incidejoven.

“Se sabe que hay un interés político por debilitar la PDH, no se quiere que nadie defienda los Derechos Humanos de la población guatemalteca, además que el actual procurador ha sido un contrapeso político, algo que es sano para cualquier democracia, aunque nos vamos dando cuenta que no estamos en una democracia sino en un régimen, en una dictadura al silenciar la oposición”.

Para Jorge Santos, representante de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua), la eventual destitución de Rodas será simbólica y una victoria más para la alianza oficialista.

“Lo que estamos viendo es la captura absoluta del Estado, es una captura institucional para dirigir el accionar de las instituciones públicas para la garantía de la impunidad en varios sentidos, es decir que quienes ostentan el poder puedan cometer actos de corrupción y violencia sin recibir sanciones”.

Los expertos aún tienen esperanza para que el Congreso tome la mejor decisión de país, ya que un desgaste en las cercanías de un proceso electoral podría traer complicaciones y polaridad.