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“Ola pretende generar opacidad”: critican a la Contraloría por reserva de información
Surgen críticas porque el ente fiscalizador declaró bajo reserva información sobre sus procesos.
La Contraloría General de Cuentas declaró en reserva información relacionada con su trabajo cotidiano por los próximos siete años. La primera institución que lo hizo fue la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
La Contraloría General de Cuentas (CGC) publicó este 26 de junio del 2024 en el Diario de Centro América la resolución A-068-2024, que establece reservar la información de herramientas y procesos de fiscalización por los próximos siete años.
La CGC declaró información reservada la información acerca de los instrumentos, documentos, nombramientos, insumos, metodología, comunicación electrónica, aplicaciones informáticas, sistemas, providencias o procedimientos utilizados para la planificación, ejecución, comunicación de resultados y gestión de los procesos de fiscalización, según consta en la publicación del diario oficial.
También los informes jurídicos, oficios, opiniones, dictámenes técnicos y/o legales, proyectos de denuncias, denuncias, demandas o documentos legales emitidos como resultado de las fiscalizaciones.
La institución fiscalizadora basó dicha resolución en el artículo 23, numeral 9, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que refiere sobre información reservada que sea determinada de esa forma por efecto de otra ley.
La resolución establece que la información bajo reserva la podrá conocer solo el titular del derecho, “que garantice la confidencialidad de los detalles que se le confíen”.
El presidente Bernardo Arévalo, en sus redes sociales, publicó que "reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió".
Según el mandatario, "es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas. Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada".
Deben dar el ejemplo
Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana (AC), capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala, opina que esta decisión es cuestionable porque reservan información “normal” de la Contraloría.
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“Son gestiones de trámites normales que no ameritan reservarse”, asegura.
“Ellos no pueden ni deben reservar procedimientos, ni auditorías. Es a todas luces ilegal, no se justifica. La ley establece cuando una reserva es necesaria, pero este no es el caso”, argumenta.
Por esa razón, según el fundador de AC, presentarán un recurso de revisión “en contra de la clasificación de información reservada que publicó la Contraloría porque vulnera la máxima publicidad de los actos administrativos que establece la Constitución y el derecho humano al Acceso a la Información".
Según Marroquín, el artículo 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “son nulas aquellas resoluciones que clasifiquen la información como confidencial o reservada si estas no llenan los requisitos establecidos en la presente ley. Será procedente el recurso de revisión”.
Para el fundador de AC la decisión del contralor, Frank Helmuth Bode Fuente, puede encuadrar en el delito de retención de información.
“Este acuerdo incumple con los requisitos establecidos para la clasificación de información reservada y vulnera la Constitución”, opina Marroquín.
De acuerdo con el análisis de Acción Ciudadana, esta decisión, como la de los magistrados titulares de la Corte de Constitucionalidad (CC), es parte de “una ola que pretende generar opacidad en las instituciones de control”.
Reservar información, que debería ser de acceso público, no es el camino que Guatemala escogió. Es mala señal la decisión de la Contraloría General de Cuentas.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 26, 2024
Por más transparencia y menor opacidad en la función pública, insto a que esta medida sea revisada y derogada.
“La inició la CC, institución de control constitucional, sobre cómo gasta sus recursos en brindar seguridad a sus magistrados. Dio el ejemplo de reservar información y ahora lo hace la CGC. Son entidades de control, que deberían de dar el ejemplo de transparencia, porque velan porque se cumpla la ley”, manifiesta Marroquín.
Que usen el máximo legal para reservar información, y que eso coincida con los dos últimos gobiernos, de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, es curioso, expresa Marroquín, pero agrega, "también los delata".
Declarar una información en reserva se debe justificar. “Hoy no solo lo hace la CC y la CGC, que deben explicar por qué. Sino que también lo hacen las alcaldías del país, que tienen un relajamiento absoluto, porque ya no responden solicitudes de información”, refiere.
“El debilitamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos, como ente rector, es uno de los problemas para que se genere este tipo de situaciones”, indicó Marroquín.
Se consultó con la CGC una postura respecto de la decisión de declarar la reserva, pero hasta ahora no han brindado más detalles al respecto. Se está a la espera de una respuesta.
El Procurador de los Derechos Humanos
El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova, en un comunicado publicado en redes sociales, reiteró "su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública, pilares fundamentales para una sociedad democrática y participativa".
Según Córdova es importante "recordar que el artículo 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que, todos los actos de la administración son públicos, bajo ese contexto, los interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias, reproducciones y certificaciones que soliciten, la exhibición de los expedientes que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia".
#ComunicadoPDH | El @PDHgt, Dr. Alejandro Córdova, a la opinión pública hace saber que: pic.twitter.com/YZWTTJeMIc
— PDH Guatemala (@PDHgt) June 26, 2024
Pero acotó que la Ley de Acceso a la Información Pública "establece los límites en dicha materia, desarrollando lo correspondiente a la confidencialidad y a la reserva. Además, dicho cuerpo legal regula el procedimiento y requisitos para reservar la información".
"Es fundamental que cualquier decisión de reservar información se realice con estricta observancia de los principios de necesidad y proporcionalidad, asegurando que no se vulnere el derecho a la ciudadanía a acceder a la información pública. Este derecho es esencial para la rendición de cuentas y la participación informada de la población en los asuntos públicos", expuso.
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