David Casasola, investigador del Cien, señaló que no se pueden seguir otorgando pactos colectivos sin que estos estén vinculados con un mejor desempeño de los servidores, ya que esos convenios, dijo, lo único que hacen es amenazar la gestión estatal, ya que dejan con menores recursos al Estado.

Bonos para todo

Casasola mencionó que algunos sindicatos, entre sus negociaciones piden bonos por cumpleaños, por el Día del Padre o Madre, por gasolinas, recursos para las fiestas del sindicato y Navidad.

Otras de las solicitudes son para las secretarias de la organización y vehículos, incluso con guardaespaldas.

Además de financiamiento para viajes para capacitaciones de carácter sindical.

En la presentación del estudio fue citado el caso del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (Sitrame), cuyos miembros tienen permiso para ausentarse de sus labores y dedicarse a la actividad sindical 16 días hábiles de los 20 días laborales al mes.

Por aparte, esta misma organización redujo de 8 a 7 horas su horario laboral.

“Quien parte y reparte se queda con la mejor parte, y los sindicalistas dirigentes buscan obtener los mayores beneficios”, agregó Francisco Quezada, analista del Cien, que también colaboró con el informe

Además, expuso, existen entidades en las que los trabajadores descansan hasta 50 días anuales, cuando lo establecido, entre vacaciones y asuetos, por lo general es de 32 días al año.

En el sector público hay unos 300 mil trabajadores, de los cuales alrededor de 200 mil están en el Ministerio de Educación.

Esa entidad, al comenzar el 2014, debió readecuar más de Q1 mil 500 millones de su presupuesto general como resultado del pacto colectivo firmado con el dirigente magisterial Joviel Acevedo.

Los maestros lograron un incremento salarial del 8% en el 2013, para este año de 10% y para el 2015 otro 12%.

La jornada de aprobación del presupuesto en enero del 2014 se inició con 10 bloqueos en las principales rutas del país desde las 8 horas, con maestros que demandaban la aprobación urgente de más recursos para cumplir con el incremento salarial acordado en el pacto colectivo.

“Este año es una prueba de fuego porque no se pueden financiar los aumentos salariales pactados en entidades de Salud y Educación”, enfatizó Quezada.

Derecho

Las posturas son encontradas cuando de pactos colectivos se trata y los trabajadores organizados defienden que es un derecho constitucional adquirido que se debe respetar.

“Se critica la negociación de pactos colectivos, cuando realmente se trata de mejorar las condiciones miserables en las que se trabaja en el sector público”, defendió Rigoberto Dueñas, de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos.

La negociación de los pactos colectivos tiene su defensa en el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que los derechos de los trabajadores son susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva.

“Los salarios en el Estado son bajísimos. Aunque en algunos casos hay situaciones en donde se han excedido, pero no es la regla general”, aseguró Dueñas.

Según el Cien, el problema se debe a que los sindicatos buscan negociaciones sin límites y privilegios que afectan financieramente a las entidades públicas.

Otro de los problemas que enfrentan los pactos colectivos es que no existen acuerdos entre el propio sindicato.

Un caso de ese tipo ocurrió en el sindicato de Trabajo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ha tenido disputas que los han llevado a enfrentarse, tal como ocurrió en mayo último en la asamblea extraordinaria.

En ese entonces la asamblea destituyó a los dirigentes, debido a mal manejo de fondos.

Mejoras

Los sectores empresariales en constantes ocasiones han insistido en la necesidad de no permitir aumentos en el gasto público y a mejorar los servicios de atención pública.

Hermann Girón, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), opinó que en el esquema de los pactos colectivos no obedece a dar beneficios por las habilidades de los trabajadores, sino por antigüedad.

“Consideramos que en el país se debería desarrollar una ley del servicio civil para que el crecimiento dentro de la organización fuera por las capacidades y los que mejor ejercen su trabajo sean premiados, y aquellos que no cumplen sean vulnerables de despido”, agregó.

El Estado de Guatemala ha ratificado los convenios 87 y 98 para el ejercicio de la libertad sindical ante la Organización Internacional del Trabajo.

Sin embargo, los sindicatos han hecho constantes demandas por violación a la libertad sindical.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, y organizaciones sindicales de Guatemala promovieron, en el 2008, varias denuncias contra el Estado de Guatemala en EE. UU., por las violaciones a los derechos laborales en el marco del tratado de libre comercio. El caso aún es discutido y el Estado se comprometió a desarrollar un plan de acción para mejorar la situación del país.

Limitar beneficios

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los trabajadores públicos y mejorar su eficiencia, es necesario que los  beneficios otorgados a partir de la negociación deben respetar los límites financieros establecidos. Esta es una de las tres propuestas planteadas por el Cien.

Además, se deben  respetar los límites establecidos por una franja de salarios en la que el personal con estudios superiores pueda tener un rango de ingresos y aquellos con educación básica estén en el mínimo de salario.

“Para lograr la eficacia del Gobierno, deben limitarse los privilegios concedidos en los pactos colectivos,  pues merman el desempeño del recurso humano”, alertó David Casasola, investigador del Cien.

En la Ley de Salarios, decreto 11-73, se establecen lineamientos generales para definir esos esquemas de pago, la periodicidad de los aumentos y el proceso para incrementar los salarios.

Sin embargo, según la medición realizada, cuando los sindicatos buscan negociar los pactos colectivos, no se respetan esos lineamientos.
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Respetar presupuesto

Las entidades públicas deben luchar cada año para cumplir con los pactos colectivos acordados por gestiones anteriores y representa una carga en el gasto que impide el destino de los recursos en otras mejoras de la entidad.

El estudio también señala que para garantizar la sostenibilidad de las Finanzas  Públicas es necesario hacer valer los límites establecidos por la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Francisco Quezada, analista del Cien, criticó que en algunos pactos colectivos una persona en menos de siete años duplicó su salario inicial y en unos 20 años las ganancias pasan de unos Q4 mil hasta Q30 mil.

En el Congreso de la República existen contrataciones de secretarias y conserjes que llegan a ganar entre Q30 mil y Q40 mil.

Otros acuerdos sindicales logran viajes de líderes sindicales, licencias con goce de sueldo por hasta 72 días  adicionales a las vacaciones y los asuetos.

Incluso contratación de secretaria, mensajero y personal de limpieza para el sindicato.
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Prebendas  por desempeño

Entre los tres pilares destacados de la investigación de los pactos colectivos en el Estado, el Cien  destacó que no pueden seguirse negociando pactos  en donde no existan obligaciones para los trabajadores en términos de desempeño individual o institucional.

El presidente de Acción Ciudadana (AC), Manfredo Marroquín, señala que es recurrente encontrar beneficios salariales en personas que no tienen la calificación profesional para un puesto en la administración pública.

“Los pactos colectivos desde la perspectiva de las conquistas laborales son buenos, pero cuando se dan en instituciones públicas donde no hay atención de recursos humanos,  entonces solo se dan beneficios y no responsabilidades”, destacó Marroquín.

La Ley de servicio civil clasifica los puestos, pero no verifica el desempeño de los trabajadores.

La propuesta de esa entidad, que vela por la transparencia en la administración de recursos públicos, es que cada dependencia debe promover administraciones de recursos humanos.

Acuerdos sindicales

Los pactos colectivos no se deben limitar porque   es como ponerle límite a las utilidades de una empresa y sería inconstitucional, defendió Rigoberto Dueñas, de la Federación de Trabajadores Campesinos y Urbanos.

Solo por habilidades Las mejoras salariales a los funcionarios públicos deben ser por sus habilidades profesionales y la negociación no debería  obstaculizar sus actividades,  afirmó  Hermann Girón, presidente del Cacif.
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50 días,  entre vacaciones y asuetos, logran algunas negociaciones colectivas.
72 días hábiles, en un año, logran de licencia sindicales, con goce de sueldo.

Libre formación
En el país es libre la formación de sindicatos para defender los derechos laborales y promover la creación de pactos colectivos.
 El título sexto que comienza a partir del  artículo 206 del Código de Trabajo regula la creación de las organizaciones sindicales.
 Para formar un sindicato  se necesita la concurrencia de por lo menos 20  trabajadores.
Por la seguridad de los trabajadores que   fundarán  el sindicato, se debe presentar el aviso de inamovilidad para todos los trabajadores que están formando el sindicato a la Inspección General de Trabajo.
El artículo 208 del Código de Trabajo también establece que se prohíbe a los sindicatos conceder privilegios especiales a sus fundadores, salvo las ventajas inherentes al correcto desempeño de cargos sindicales.
Según los registros del Ministerio de Trabajo (Mintrab), en el país hay registrados dos mil 256 sindicatos, aunque no están clasificados por el sector productivo o gubernamental que representan.
El Mintrab también se compromete a promover la libertad sindical y ofrecerá asesoramiento jurídico a los trabajadores que deseen organizarse.