El subjefe de la bancada del Partido Patriota (PP), Amílcar Castillo, dijo que analizarán la propuesta, por medio de sus asesores, para ver si es viable. Esa posición la compartió el jefe del bloque de la Gran Alianza Nacional (Gana), Jaime Martínez.
La iniciativa de ley de amnistía fiscal general tiene por propósito “compensar el incremento de impuestos a consecuencia de la aprobación de la Ley de Actualización Tributaria”, aseguró el jefe de la bancada del bloque de Líder, Roberto Villate.
Según Álvaro Trujillo, legislador de Líder, la propuesta fue presentada luego de considerar que el 60 por ciento de las multas y sanciones existentes “no son cobradas por el Estado”, por lo cual su exoneración ahorraría costos judiciales al Gobierno y serviría como “incentivo fiscal”.
Precedentes
El 17 de febrero del año último, el Gobierno autorizó la exoneración del 75 al 95 por ciento de las multas y recargos a los contribuyentes que habían incumplido con el pago de impuestos.
A criterio del jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Miguel Gutiérrez, esta medida no dejó mayores beneficios a los contribuyentes y fue un mal precedente.
“Cuando estas iniciativas pasan es porque benefician intereses particulares, como sucedió el año pasado durante el anterior gobierno”, explicó Juan Alberto González, economista e investigador de la Universidad de San Carlos.
“Políticamente puede ser viable, mediante acuerdos, pero rompe con la disciplina fiscal”, señaló González.
Castillo indicó que más que la exoneración de impuestos en el Congreso se deberían conocer propuestas para incentivar la productividad. “Líder podría proponer incentivos a la competitividad en el sector agrícola y productivo”, afirmó el legislador del PP.
Consecuencias inciertas
Gutiérrez detalló que no existe en la SAT un cálculo del monto que se dejaría de percibir si se exonera el cobro de las obligaciones tributarias pendientes.
Trujillo refirió que la propuesta fue dada a conocer a pesar de no contar con un análisis de las consecuencias de esta medida para la administración pública por los montos que están en proceso de cobro.
Una exoneración semejante aprobada en el 2011 tenía por propósito una reducción entre Q350 millones y Q500 millones para los contribuyentes, de acuerdo con aquella decisión.
Castillo señaló que los efectos de una medida de este tipo para las finanzas del Estado son difíciles de estimar, pese a lo cual no descartó su análisis por parte de la bancada oficialista.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria, resaltó que la propuesta podría ser buena, pero que se requiere conocer más detalles, para no dejarse llevar por una primera impresión.
“Podría generar incertidumbre fiscal al imponer un precedente que luego sería una costumbre”, expresó Zepeda, debido a lo cual algunas empresas podrían acumular adeudos en espera de una nueva exoneración de parte del Estado, explicó.
