Por qué la iniciativa de ley que regula uso de la fuerza pública puede ser retomada y qué opinan diputados

Legisladores coinciden en que la iniciativa de ley 6076, que regula el uso de la fuerza pública, aún dispone de un camino legal para ser aprobada.

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Congreso de la República
Diputados en la sesión del Congreso de este 24 de agosto 2022 en la que se trató el tema de la iniciativa de ley 6076. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

Diputados oficialistas y opositores coinciden en que la iniciativa de ley 6076, que regula la fuerza pública y ha recibido críticas de expertos que dicen que podría ser usada para reprimir protestas, aún dispone de un camino legal para ser aprobada.

La Junta Directiva (JD) del Legislativo prometió a los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán que ninguno de sus miembros la agendará en las propuestas de las agendas de las sesiones plenarias.

A juicio de diputados consultados por Prensa Libre y Guatevisión, esto no impide que otros parlamentarios pidan incluirla a través de otros mecanismos legislativos, como mociones privilegiadas.

Ligia Hernández, diputada de Semilla, indicó que el compromiso de la JD en la carta es una “manera de quitarle peso al asunto en este momento” y “evitar la crítica”.

Mientras que Édgar Batres, diputado de Winaq, recordó que la JD del Congreso prometió no agendarla solo porque se vio acorralada por los 48 Cantones de Totonicapán.

Julio César Longo, diputado de FCN-Nación y segundo secretario de la JD, reconoció que cualquier diputado puede retomar la iniciativa en el pleno.

Boris España, diputado de Todos y presidente de la Comisión de Gobernación (que le dio dictamen favorable), afirmó que aunque el proyecto se pueda retomar, lo ve “difícil” porque “no hay consensos”.

Añadió que es complicado cuando no existen consensos de jefes de bloques o JD o que alguien quiera tomar la palabra y agendarla porque los más probable es que no existan los votos para ello.

“Entonces sería descabellado sacar una moción privilegiada en el Hemiciclo cuando no hay consensos previos con los entes del Congreso para poder que avance una agenda”, manifestó.

Agregó: “Creo yo que no es adecuado de parte de ningún diputado poder hacer una propuesta de esa naturaleza”.

La presidenta del Congreso de la República, Shirley Rivera, afirmó este miércoles 24 de agosto que la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública, pasó en segundo debate.

Esto significa que, si los diputados deciden agendarla para discusión, solo necesitaría ser tramitada en su tercera lectura y redacción final para recibir aprobación y cobrar vigencia.

Rivera mencionó que la iniciativa pasó en su segundo trámite durante la sesión plenaria, luego de que el diputado Wálter Félix, de la bancada URNG- Maíz, pidió que se corrigiera el acta la reunión del 10 de agosto.

Según el parlamentario, este documento es “ilegal” porque indica que la 6076 pasó la segunda lectura a pesar de que “faltaban las argumentaciones de algunos diputados” en la discusión.

Para leer más: Jefes de bloques del Congreso difieren sobre futuro de iniciativa que regula uso de la fuerza pública

La Dirección Legislativa, a través del Departamento de Comunicación Social del Congreso, confirmó a Noticiero Guatevisión y Prensa Libre el estatus de la 6076. En un mensaje, explicó que los diputados pidieron la palabra segundos después de que la Junta Directiva le diera trámite a la segunda lectura.

Dos caminos

La normativa legislativa contempla dos caminos para el futuro de la iniciativa 6076:

  • Que el pleno no la apruebe en tercer debate y redacción final y se mande a archivo
  • Que vuelva a la comisión y esta le otorgue un dictamen desfavorable (el regreso a la comisión podría ser por los votos del pleno o por la decisión de los propios integrantes de la comisión)

Los 48 Cantones de Totonicapán consideraban que esta iniciativa violaba derechos constitucionales, como derecho de reunión y manifestación, libertad de emisión del pensamiento, derecho a la vida, libertad de acción entre otros y por eso no debía ser aprobada, o de lo contrario la población tomaría medidas correspondientes.

Los miembros de esta organización comunitaria llegaron al Congreso de la República a eso de las 13 horas del pasado miércoles 17 de agosto, fecha en la que estaba agendada una sesión plenaria en donde los diputados votarían para determinar si la iniciativa 6076 debía ser enviada a la Corte de Constitucionalidad para una consulta sobre posibles inconstitucionalidades y exigían que la normativa fuera eliminada por completo.