Según el contrato 150-2003, ya expirado, hay 90 días para oficializar la prórroga; de lo contrario, se tendría que prescindir del servicio, que ha dejado en la última década más de Q62.2 millones en ganancias por la concesión.
Retraso malicioso
Para bancadas opositoras, el poco apoyo del oficialismo para conocer el contrato del servicio postal, a cargo de El Correo, obedece al interés de intervenir la institución y ofrecer la concesión a otra empresa.
“El Correo podría ser intervenido y estaríamos regresando a situaciones del pasado. Implicaría que el Estado asumiría el costo de operación, y no está en capacidad de asumir esa responsabilidad”, advirtió Selvin García, diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Roberto Villate, jefe del bloque Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo conocer la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pero debe ser prioridad del PP cabildear el apoyo para su aprobación.
Villate agregó: “Creíamos que el Gobierno estaba propiciando el cambio de una empresa, y dos o tres días antes del vencimiento se manda la iniciativa al Congreso y a la bancada oficial no le ha interesado que se incluya en la agenda y se le brinde certeza jurídica a la empresa”.
Aprobación
Para Jaime Osorio, jefe de la Dirección General de Correos y Telégrafos, la aprobación en el contrato es un “trámite”, para cumplir con la Ley de Contrataciones, y no un requisito para validar la concesión que ya se firmó.
“El vínculo ya nació, lo único que se espera es darle el visto bueno en el Congreso. En nuestra parte ya no hay ninguna preocupación porque ya nació a la vida jurídica”, indicó.
Para Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, el contrato sólo será válido cuando el Congreso lo apruebe.
“El único capacitado para autorizar la concesión es el Congreso. Lo que se pretende es intervenir Correos, porque si ya se venció el plazo, hay un vacío jurídico, y si no se entra a discutir, lo que queda es que se intervenga”, añadió la legisladora.
El subjefe del PP, José Fernández, explicó que se tiene interés para aprobar la concesión porque se reconoce la importancia del servicio postal.
“Esperamos que haya buena voluntad de los diputados. Vamos a hacer el mayor esfuerzo para que este tema importante se pueda colocar en una agenda próxima”, aseguró.
Garantizan servicio
Mauricio Grajeda, gerente de El Correo, aseguró que pese al vencimiento del contrato, el servicio está garantizado y se trabaja con normalidad.
Según Grajeda, el interés de la empresa por prorrogar el servicio se expresó en mayo del 2013 y esperan la aprobación del Congreso.
Agregó: “Como concesionaria, y el Ejecutivo como concedente, hemos agotado todos los pases de ley que conlleva el proceso. La parte final del proceso parlamentario tendrá que seguir su ruta. Son tiempos que no manejamos ni conocemos”.
Control privado
El servicio postal del país ha estado en la última década en manos de una empresa privada.
09/1998 | Concesión
Se otorga la primera concesión por cinco años a International Postal Services (IPS).
1998-1999 | Modificación
El contrato se modifica a favor de IPS y el Estado paga en sobrecostos Q60 millones.
2002 | Cancelación
El gobierno de Alfonso Portillo decide, sin razón aparente, rescindir el contrato con IPS, y se pagan Q20.9 millones por la facturación del servicio. El Estado recibe Q16.4 millones.
06/2003 | Licitación
IPS oferta administrar el correo por 10 años. Sofre Post de Francia, JR Express —casa matriz de King Express—, GuateXpress, y The Stafford Group se abstienen de participar esa vez.
02/2004 | Prórroga
El Ministerio de Comunicaciones negocia una extensión de 30 días al contrato con IPS.
04/2014 | Aprobación
El Congreso finalmente ratifica la concesión por un período de 10 años con IPS. A partir de ahí se elimina el pago del Estado de algún sobreprecio a la empresa que prestará el servicio.
05/2014 | Piden prórroga
La empresa solicita al Estado la prórroga de concesión del servicio de correos por 10 años más. Esta se conoce y finalmente se autoriza una extensión por cinco años y se envía a Segeplán.
06/2014 | Sin interés
Congreso recibe la iniciativa, pero sin dictamen, para ratificar la concesión del servicio.
