La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Villagrán, explicó la posibilidad de que el referendo se posponga en Guatemala por aquella causa.
Integrantes de la Comisión de Belice del Ministerio de Relaciones Exteriores expusieron que este país reformó la Ley de Referéndum cuatro meses antes de que se firmara el acuerdo especial donde ambos Estados establecieron que el añejo diferendo —donde Guatemala reclama 12 mil 272 km2— se resuelva en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, Holanda, previa consulta popular simultánea, prevista para el 6 de octubre.
“No obstante lo dispuesto en esta ley o cualquier otra ley, ningún referéndum será válido a menos que el 60 por ciento de los electores registrados en el país entero o en un distrito particular o área donde el referéndum se planea realizar, según sea el caso, han emitido sus votos”, reza el texto que fue agregado a la norma beliceña mencionada.
Antes del cambio no se establecía ningún mínimo de ciudadanos que podían votar para dar como válida una consulta popular. Esa estrategia de Belice, según las autoridades guatemaltecas, dificulta el referendo para Guatemala, porque resulta complicado lograr ese nivel de participación en ese país.
“Sentimos que poner un 60 por ciento de mínimo de votantes va a dificultar tremendamente la posibilidad de ganar nuestra consulta popular, y efectivamente, ellos —Belice— han hecho un par de consultas en las que han obtenido de 30 a 35 por ciento”, afirmó el secretario ejecutivo de la Comisión, Gustavo Orellana.
Posibilidad
Ante esta desigualdad, la presidenta del TSE indicó: “A criterio mío, debería evaluarse si mejor no se pospone la fecha de la consulta en tanto Belice cumple con el ofrecimiento de reformar la ley de referendo para que ambos Estados vayan a una consulta en igualdad de condiciones”.
La funcionaria dijo que ese es un tema que le preocupa al presidente —Otto Pérez Molina—, ya que esto se dio en medio de las negociaciones antes de la firma del acuerdo especial entre los gobiernos de Belice y Guatemala, el 8 de diciembre del 2008, para someter este reclamo territorial, insular y marítimo a la CIJ.
“Belice reforma su ley de referendo en que exige que para que la consulta sea válida, el 60 por ciento de los ciudadanos empadronados tiene que llegar a votar, y de ese 60 por ciento, un 51 por ciento tiene que votar a favor del sí. Esto lógicamente nos pone en una situación muy desigual, ya que en el caso de Guatemala es una mayoría relativa la que se requiere para la aprobación de una consulta popular, de conformidad con la Ley Electoral y de Partidos Políticos”, afirmó Villagrán.
La presidenta del máximo órgano electoral del país refirió que se tenía previsto hacer la convocatoria a la consulta popular este mes. Sin embargo, ante la falta de fondos —se necesitan Q260 millones—, no es posible empezar con las cotizaciones y licitaciones, ya que están suspendidas.
Alberto Sandoval, miembro de la Comisión de Belice, explicó que si este país no cambia su legislación, ese gobierno y la OEA tendrán que decidir si posponen el referendo, ya que se acordó que sea en una misma fecha y con la misma pregunta.
“Esta situación debe hacerse rápido. No podemos pensar en dos o tres meses, porque pronto llegará el momento en que el TSE de Guatemala convoque a la consulta. Lo mismo sucederá en Belice, y considero que esta disposición que tomó Belice sí daña verdaderamente el estado deDerecho, porque fue una situación tomada cuatro meses antes de que se suscribiera el acuerdo especial, cuando ellos sabían que se estaba negociando en la OEA”, manifestó Sandoval.
Campaña de información
La comisión de Belice guatemalteca comenzará en las próximas semanas una campaña de información menor, que solo se publicará en la página web de la Cancillería y se distribuirá entre las embajadas.
Después, si se resuelve el problema legal, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia comenzaría una campaña mayor.
Se intentó conocer la versión de Belice, pero se informó que su embajador podría atender la próxima semana, al volver de su país, a donde viajaría ayer.
Lento trajín para alcanzar acuerdo
El hecho de que Guatemala y Belice celebren en forma simultánea una consulta popular para llevar a una corte internacional el diferendo fue una propuesta de la OEA, ante la imposibilidad de que ambas naciones lograran un acuerdo por sí mismas, pero ese proceso, desde su planificación, llevó varios años.
Modificación a la legislación
Tan solo unas semanas antes de firmar el acuerdo para la consulta popular, Belice modificó su Ley de Referéndum. La original, en el capítulo 10, no contemplaba ningún mínimo para que una consulta popular sea válida. Con las reformas aprobadas por el Congreso de ese país en agosto del 2012, se agrega otra sección en la cual se establece que ningún referendo será válido, a menos que el 60 por ciento de los electores registrados en el país asistan a votar.
Estados firman pacto en EE. UU.
Los gobiernos de Guatemala y Belice firmaron el acuerdo donde se comprometen a llevar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el diferendo territorial y que esta resuelva, aunque antes los ciudadanos de ambos países deberán indicar en consulta popular si aceptan esa disposición.
Cuatro meses antes de la suscripción, Belice cambió su ley sobre referendos, sin que las autoridades guatemaltecas lo detectaran en ese momento.
Deciden fecha para consulta
Guatemala y Belice acordaron que el 6 de octubre del 2013 se celebraría una consulta popular simultánea, para determinar si la disputa territorial que pende entre ambos países se solventa a través de la CIJ.
El acuerdo fue alcanzado en la sede de la Organización de Estados Americanos, en Washington, entre el entonces canciller de Guatemala, Harold Caballeros, y el de Belice, Wilfred Arlintong.
Ambos solicitaron apoyo financiero internacional para las consultas.
TSE solicita apoyo al Ejecutivo
La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María Eugenia Villagrán, acudió al gobernante Otto Pérez Molina para que, a su vez, solicite apoyo a la comunidad internacional, para financiar la consulta popular por el diferendo con Belice.
Organizar ese referendo costará al TSE Q260 millones, sin incluir el monto para la campaña de divulgación y la promoción del Sí. Gobiernos de países amigos ofrecieron asistencia.
Informarán sobre referendo
Guatemala y Belice, con el acompañamiento de la OEA, dieron el banderazo de salida para la campaña de información y “educación” sobre la historia básica del diferendo, con miras a la consulta popular del 6 de octubre de este año.
Aunque no está claro el contenido exacto ni es oficial el costo que tendrá la campaña, ambos gobiernos y la OEA exhortaron ayer a los países amigos a que apoyen el proceso, con financiamiento.
Reseña de un litigio que lleva más de 150 años
En 1783 y 1786, la corona española, por medio de tratados celebrados con la corona británica, autorizó a esta cortar y transportar madera entre los ríos Hondo y Sibún, pero Inglaterra aprovechó más terreno.
En 1859, Guatemala firmó el tratado Aycinena-Wyke, en el que cede el área ubicada entre los ríos Sibún y Sarstún, a cambio de una compensación consistente en la construcción de una carretera desde Belice hasta la capital de Guatemala. Gran Bretaña no cumplió con la compensación.
En 1863 se firmó una convención por medio de la cual a Gran Bretaña se le obligaba a pagar a Guatemala 50 mil libras esterlinas, lo cual tampoco cumplió. Se declaró que mientras no existiera un acuerdo sobre este punto entre ambos países esa ocupación no perjudicaba los derechos de Guatemala en ningún tiempo.
En 1946, el Congreso de Guatemala declaró nulo el tratado de 1859, por el incumplimiento británico. Ratificó que Belice es parte del país y reclamó su devolución.
Sin embargo, en la resolución 35/20, del 11 de noviembre de 1980, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró que Belice debe convertirse en Estado independiente.
En 1981, la ONU aceptó la independencia de Belice, con voto en contra de Guatemala, pero reconoció el diferendo.
Debido a la independencia, la Constitución de Guatemala de 1985, en el artículo 19 transitorio, indica que el Ejecutivo queda facultado para efectuar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos del país respecto de Belice, de conformidad con los intereses nacionales.
En 1991, la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia publicó un comunicado en que el presidente Jorge Serrano Elías reconocía el derecho de Belice a la libre determinación.
En el 2000 se firmaron las medidas de confianza con la Organización de Estados Americanos, luego de conflictos en el área de adyacencia, proceso que llevó al referendo.
Normas nacionales
La Constitución y Ley Electoral establecen cómo debe efectuarse la consulta popular en el país.
Constitución
Todo acuerdo definitivo sobre Belice deberá ser sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular.
Las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos.
Ley Electoral
La convocatoria a la consulta popular la hará el TSE, en un plazo no menor a 90 días de la fecha fijada.
La mayoría relativa será el sistema aplicable a las consultas populares.
Las consultas populares se definirán en una sola resolución.
Convenio en riesgo
Gustavo Orellana, de la Comisión de Belice, indicó que si se mantiene la disposición beliceña y no acude el 60 por ciento a votar, “la consulta en ese país sería inválida, nula”.
“Entonces pone en riesgo este acuerdo especial suscrito en el 2008, porque es como que no hubieran dicho nada”, agregó.
De hecho, el presidente Otto Pérez Molina señaló en una emisora que ha solicitado a la OEA que motive a Belice a cambiar esas decisiones lo antes posible, para continuar el proceso.
Modificación es atropello
El excanciller Gabriel Orellana calificó de “mala fe” la actitud del Gobierno de Belice al modificar su Ley de Referéndum para favorecerse. “En lo jurídico, indudablemente hay un atropello y un incumplimiento flagrante al principio de la buena fe que debe prevalecer en el cumplimiento de los tratados por parte de Belice”, expuso.
“Tenía toda la intención de descarrilar el proceso que ya se había logrado reencauzar. La mala fe es evidente y el propósito también, que era llegar a un punto donde eventualmente se frustrara ese proceso de consulta”, dijo.
