Estados Unidos sancionó este viernes 9 de diciembre a unos 40 individuos y organizaciones de nueve países, entre los que figuran El Salvador, Guatemala, Irán, Rusia y China, vinculados con la corrupción y los abusos de derechos humanos.
De esa cuenta, Washington sancionó al expresidente del Congreso, el oficialista Allan Rodríguez y al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y para el efecto señala que se utilizaron varias herramientas y autoridades, incluida la Orden Ejecutiva (EO) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad por los Derechos Humanos, para demostrar el enfoque del Gobierno de EE. UU. en promover el respeto por los derechos humanos y contrarrestar la corrupción.
“En el transcurso de 2022, el Tesoro tomó numerosas medidas para promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos y los actores corruptos en todo el mundo, incluidas sanciones a docenas de personas y entidades”, se lee en el comunicado de la OFAC.
Según la OFAC, los dos diputados fueron designados de conformidad con EO 13818 por ser personas extranjeras que son funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúan para o en nombre de dicho funcionario, que son responsables o son cómplices, o tienen relación directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.
De acuerdo con Shirley Rivera, presidenta del Legislativo y parte de la bancada oficialista, los diputados señalados gozan del principio constitucional de presunción de inocencia, y agregó que nadie puede ser condenado sin haber sido vencido en un tribunal.
También dijo que a la fecha no hay ninguna investigación en proceso en contra de dichos parlamentarios.
Pronunciamiento
El pronunciamiento de Rivera señala que “que los diputados referidos gozan del principio constitucional de presunción de inocencia, el cual establece que: Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada es pocas veces percibido por aquellos sujetos sobre los que pesa un señalamiento de la supuesta comisión de un hecho delictivo”.
Añade “que la defensa de los diputados y sus derechos son inviolables, ya que nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido.
También agrega “que a la fecha no existe ninguna investigación en curso por ningún delito en contra de los diputados y en caso de ser presentada una denuncia, esta deberá ser dilucidada ante las instancias correspondientes en el país”.
Detalles
En Guatemala, la OFAC detalló que las sanciones son para Allan Estuardo Rodríguez Reyes, a quien identifica como “Rodríguez”.
Según el comunicado, Rodríguez, “utilizó su autoridad como presidente del Congreso para otorgar subvenciones para la construcción a cambio de sobornos financieros. Rodríguez ha utilizado su influencia política para llegar a acuerdos a cambio de sobornos y facilitó sobornos a otros, incluso, por ejemplo, supuestamente ofreciendo sobornos a cambio de votos en un proyecto de ley sobre el estado de emergencia durante una sesión plenaria del Congreso”.
En cuanto al diputado Jorge Estuardo Vargas Morales, el comunicado especifica que “es un congresista guatemalteco y uno de varios individuos en la cúspide de una red diseñada para controlar contratos y operaciones en puertos administrados por el gobierno para beneficio personal. Supervisa la ejecución del proyecto una vez que se adjudican los contratos y paga un porcentaje a los miembros de la junta que votan a favor. Además, Vargas controla el empleo en el puerto a través de su influencia en los sindicatos portuarios y utiliza esos sindicatos para ganar influencia política. Mantiene lealtades pagando sobornos a cambio de que los sindicatos creen bloqueos y huelgas para promover objetivos políticos”.
También un exministro
Washington también sancionó al exministro de Energía y Minas Luis Alfonso Chang Navarro.
El comunicado agrega que “Luis Alfonso Chang Navarro ( Chang ), fue Ministro de Energía y Minas de 2016 a 2020; además, como Ministro de Energía y Minas, Chang era el jefe del directorio del Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala (INDE) y usó su posición para asegurar sobornos. Solicitó sobornos y otros favores a cambio de no revocar una licencia de explotación petrolera. El modus operandi de Chang era usar su posición como Ministro para “crear problemas” a un negocio y luego ofrecer una solución a cambio de sobornos y otros favores ilegales”.
