El más reciente ejemplo es la suspensión del contrato de una fórmula que supuestamente limpiaría el Lago de Amatitlán, después de intensas críticas y contrapartes que, inclusive, mostraron científicamente que no era conveniente ese procedimiento.
El Ejecutivo decidió dejar en suspenso la acción y convocar a una comisión científica para presentar otras alternativas.
OTROS CASOS
En enero último, el Ministerio de Gobernación publicó el acuerdo 64-2015, que disponía lineamientos de observancia para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública mediante un consejo integrado por funcionarios de esa cartera, el cual recibió duras críticas de analistas, constitucionalistas y la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Al siguiente mes, la mencionada dependencia derogó el acuerdo, lo que fue calificado como satisfactorio por legisladores y expertos, al considerar que significaba un precedente para las instituciones que intenten “exceder sus funciones” en materia de acceso a la información.
En junio del año pasado se aprobó la contratación de asesoría y acciones para mejorar la recaudación tributaria, para lo cual el Gobierno iba a contratar los servicios de la empresa argentina Kolektor.
Esta acción fue promovida por el mandatario guatemalteco, pero el directorio de la SAT revocó el dictamen 45-2014 y dejó sin efecto la contratación, pese a que el Ejecutivo mantenía sus intenciones hasta que, poco a poco, Pérez Molina dejó de hablar del asunto.
En el 2014 también el Congreso dio marcha atrás con la ley para la protección de obtención de vegetales, por temor a los daños que podría causar a agricultores y a la economía rural del país. Tras semanas de exigencias de sectores indígenas y campesinos, el Legislativo cedió.
La plaza 13 Baktún, en el Aeropuerto Internacional La Aurora, y la primera propuesta de reformas constitucionales son otros ejemplos de medidas de las que las autoridades han tenido que retractarse.
Factores detonantes
La falta de información, declaraciones precipitadas, indicios de corrupción, falta de certeza jurídica y la defensa de “causas perdidas” son factores por los que el Gobierno ha debido revertir sus decisiones.
“A veces las decisiones gubernamentales son contrarias al sentido común, por falta de asesoría, y tienen que ceder ante las presiones sectoriales”, afirmó Jennifer Brol, consultora y analista política.
Para Brol, entre los sectores que más han presionado para cambiar el rumbo de algunas decisiones oficiales se encuentra el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), embajadas y organizaciones internacionales, así como la opinión pública.
En esa opinión coincide Cristhians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
“Estados Unidos, mediante su embajada y la visita de los más altos niveles de representación del gobierno norteamericano, encabezados por el vicepresidente (Joe) Biden”, ha hecho presiones, entre otros sectores”, expresó el analista.
Según Castillo, “múltiples sectores sociales organizados se han convertido en grupos de presión que fácilmente, mediante estrategias mediáticas, han hecho dar marcha atrás a los mandatarios. Esta tendencia se ha incrementado durante el actual gobierno”.
Varios giros en sus decisiones ha dado el Ejecutivo en los últimos tres años.
- La “fórmula milagrosa” para el Lago de Amatitlán fue suspendida luego de que se difundió un análisis científico de académicos de la Universidad de San Carlos, que recomendaba no continuar con la acción.
- Las dudas acerca de la empresa, de origen israelí, también influyeron en que se paralizaran los trabajos.
- Los sectores indígena y campesino consiguieron que se derogara la Ley para la Protección de Obtención de Vegetales, por temor a la propagación de transgénicos.
- El Ministerio de Gobernación dio marcha atrás a un acuerdo que establecía lineamientos para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información, después de un rechazo generalizado.
- Por razones similares y dudas en la intención, se frenó la iniciativa de ley de reformas a la Constitución
