Según los datos oficiales mantener a todas esas persona en prisión le cuesta a los guatemaltecos Q230.6 millones al año.
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Además señaló que tampoco se cumple con el objetivo de reinsertar a los reos a la sociedad.
Los argumentos que presenta la iniciativa para cesar la prisión sería si hay nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos por los que se dictó la prisión preventiva.
Cuando la duración de la prisión preventiva supere o equivalga a la condena que se espera o cuando dure más de un año sin condena pendiente de recurso.
Hernández Azmitia indicó que se dejarían fuera delitos como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales, extorsión, tortura, delito contra los deberes de la humanidad y los delitos donde la legislación precise que no gozarán por ningún motivo de una medida sustitutiva.
Suicidio en prisión
El planteamiento del diputado Hernández Azmitia, coincide con el deceso del exdecano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala Jesús Arnulfo Oliva Leal, quien se suicidó en la cárcel Mariscal Zavala, donde guardaba prisión preventiva desde mayo del 2015, por su relación con el caso IGSS-Pisa.
La asociación Voces por la Justicia, que agrupa a familiares de implicados en el caso IGSS-Pisa, consideran que hay “incapacidad” del Estado para impartir justicia, y señalan que al exdecano se le negó el acceso a la salud y una medida sustitutiva, pese a que presentaba un cuadro depresivo severo.
El abogado Luis Mérida, defensor de Oliva, dijo que recientemente solicitó una fianza para su cliente, ya que sufría “una fuerte depresión” y había sido recluido en el hospital Federico Mora.
La familia de Oliva ya había advertido de los problemas de salud del facultativo durante una protesta llevada a cabo el 19 de mayo último.
Oliva Leal también fue señalado en un caso de adquisición de ambulancias y de un sistema informático, además del arrendamiento de un edificio, lo cual sobrepasa los Q250 millones.
La receta de Cicig contra el retardo de los procesos penales
En el 2017, el jefe Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, propuso que, para contrarrestar los retrasos de manera intencional de los procesos penales en Guatemala, es necesario reformar la Ley de Amparo para evitar el abuso de esa acción legal y que los días de atraso por el litigio malicioso sean agregados a la pena.
Velásquez reiteró que es necesario que se concreten las reformas a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad para que el precepto constitucional que reza que “no hay ámbito que no sea susceptible de amparo no signifique impunidad”.
“Los derechos fundamentales se tienen que respetar en todas las actuaciones, pero eso no quiere decir que bajo esa regulación se pueda abusar de la manera cómo se hace, al presentar amparo tras amparo tras amparo”, dijo el jefe de la Cicig.
Dijo que en algunos casos donde hay 10 o 15 procesados hacen hasta ronda para que los abogados presenten amparo, hasta que se agoten las acciones “o se agoten ellos o sus defendidos” después de tantos meses sin que haya avances en el proceso.
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