EE. UU. emitió nuevas sanciones basadas en la Ley Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, en contra de dos diputados y un exfuncionario guatemalteco señalados de cometer actos de corrupción, desde el pago de coimas para la adjudicación de contratos hasta el manejo corrupto de los puertos del país.

Los diputados Allan Rodríguez y Jorge Estuardo Vargas Morales, así como el exministro de Energía y Minas (2016-2020), Luis Alfonso Chang pasaron a engrosar el listado de guatemaltecos incluidos en alguna lista por EE. UU., de señalados de corrupción o de socavar la democracia y el Estado de Derecho.

Las sanciones estuvieron a cargo de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) que en un comunicado explicó que las sanciones se aplican a funcionarios gubernamentales actuales o anteriores “responsables o cómplices” de actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado, la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno.

Pero ¿Qué papel han jugado los señalados en la vida política de Guatemala?

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Allan Rodríguez, diputado de Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), se estrenó como legislador en la novena legislatura representando al distrito de Sololá, y sorpresivamente escaló hasta la presidencia del Congreso sin tener experiencia legislativa e integrando una bancada pequeña.

Su ascenso a la Presidencia del Congreso, donde permaneció de 2020 a 2022, estuvo marcado por fuertes críticas de la oposición que señalaron que hubo compra de votos para la colocación de Rodríguez, allegado al presidente Alejandro Giammattei, al puesto.

En sus primeros meses al frente del Legislativo se observó una agenda dinámica y activa en las sesiones plenarias, que al cabo de unas semanas cambió de forma radical.

Cuando la pandemia aún no había ingresado a Guatemala diputados afines a Rodríguez propusieron un punto resolutivo para que el país se pronunciara por la gravedad de la pandemia y el punto fue aprobado, pero en la parte final de ese documento también se instaba a la aprobación de la última etapa de la Ley de oenegés, que, a criterio de las organizaciones sociales es una herramienta jurídica para frenar la crítica hacía el Gobierno.

Con la pandemia ya en Guatemala la producción legislativa disminuyó, centrándose en la aprobación de préstamos que según la oposición y analistas financieros no se han podido fiscalizar al 100%.

Pero quizás lo que más se recuerda en ese año fue la aprobación del presupuesto 2021. Rodríguez consiguió el apoyo de su alianza aprobarlo urgencia nacional, en un solo debate.

La opacidad con la que el presupuesto se aprobó desencadenó una serie de protestas que dejó a manifestantes y periodistas lesionados y algunas oficinas del Congreso incendiadas.

Durante la gestión de Rodríguez, las medidas de excepción e iniciativas requeridas por el Gobierno era aceptadas, pese a que no contaban con aparente respaldo técnico o financiero. Esta práctica se mantiene hasta hoy, ya con Shirley Rivera de presidenta del Congreso.

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Según las denuncias de los bloques de oposición del Congreso, Rodríguez habría conseguido acuerdos y decretos mediante supuestos sobornos o repartiendo cuotas de poder dentro o fuera del Legislativo.

El legislador ha sido uno de los diputados que en su momento respaldó la cuestionada Ley de Contrataciones del Estado, impulsó una iniciativa donde las iglesias evangélicas estaban anuentes a la evasión fiscal, según técnicos en seguridad, y que sería un riesgo en materia de lavado de activos.

También fue de los diputados que habría prometido un resarcimiento a militares en situación de retiro, donde la falta de cumplimiento a esa promesa dejó en octubre de 2021 una nueva quema a oficinas parlamentarias.

Ya de regreso al bloque de Vamos, Rodríguez ha pasado inadvertido, pero recientemente en las redes sociales destacó que pobladores de Sololá rechazaron una visita que hizo a su distrito ya que lo señalaban por corrupción.

Señalamientos

Jorge Estuardo Vargas llegó como diputado al Congreso en 2016 por el Partido de Avanzada Nacional (PAN) y en 2020 fue reelecto por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

En octubre de 2021, asumió la jefatura de bancada de la UNE y relevó al diputado Carlos Barreda.

A partir de ahí, la bancada se fraccionó en dos. Un grupo liderado por Vargas se mantiene fiel a Sandra Torres, candidata presidencial en las últimas dos elecciones, y suele refrendar las decisiones políticas que promueve el presidente Alejandro Giammattei y en sí, el oficialismo.

Otros 10 congresistas de la agrupación se desligaron para conformar el Grupo Parlamentario de Oposición (GPO).

Vargas se comenzó a distanciar de los ahora integrantes del GPO prácticamente desde el inicio de la legislatura. En febrero de 2020, estos presentaron una denuncia en su contra ante el Tribunal de Honor y Disciplina de la UNE y solicitaron que junto con Torres fueran expulsados de la agrupación política por “asumir compromisos políticos” ajenos a las directrices del Comité Ejecutivo Nacional y la Jefatura de la Bancada que entonces ocupaba Barreda.

En esas fechas también el congresista Orlando Blanco señaló a Vargas de ofrecer entre Q15 mil y Q20 mil a un grupo de nueves diputados de la UNE para que lo apoyaran en incidir en decisiones del Congreso y promover leyes en favor de personas vinculadas a casos de corrupción.

En los últimos meses de este año, el ahora señalado ha coordinado negociaciones políticas junto con congresistas y delegados del gobierno de turno para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), elección que se ha retrasado por más de tres años.

Exministro señalado

Por aparte, la Ofac señala a Chang Navarro de sobornos.

El exfuncionario fue jefe del MEM durante el gobierno de Jimmy Morales. Cuando presidía el Instituto Nacional de Electrificación (Inde) en 2019, fue denunciado en el Ministerio Público  acusado de por fraude abuso de autoridad e incumplimiento de deberes por un caso de compra de energía solar.

Se trataba del proyecto de sistemas solares fotovoltaicos por hasta 110 megavatios, el cual fue objeto de críticas y dudas por falta de estudios técnicos y premura con la que se aprobaron las bases de licitación.

El proyecto pretendía instalar cinco centrales de generación solar en Jutiapa, Zacapa, El Progreso y Santa Rosa, pero finalmente ya no se concretó.