Nueve años después, no ha pasado ni una cosa ni la otra. En ese tiempo, y más de Q13 mil millones ejecutados, no se ha traducido ni de cerca en alcanzar su principal objetivo: “Mejorar el nivel de bienestar de las personas y grupos sociales vulnerables, que sufren de exclusión y viven en situación de pobreza y pobreza extrema”, según consigna su sitio electrónico.
Analistas atribuyen a varios factores que el Mides no haya sido capaz de funcionar y que sus programas no impacten lo suficiente en la reducción de la pobreza.
Para el 2011, la pobreza afectaba al 53.7% de los guatemaltecos y la pobreza extrema al 13.3%, según el INE. Para el 2014 —lo más reciente—, estos indicadores habían aumentado a 59.3% y 23.4%, respectivamente.
El Banco Mundial coloca a Guatemala como la quinta economía más pobre de Latinoamérica y el Caribe, con tasas de pobreza y desigualdad “persistentemente altas”.
Desde su creación, al Mides se le han presupuestado Q17 mil 336 millones, de los cuales ha ejecutado Q13 mil 171 millones —el 77%—. Entre lo gastado se incluyen Q4 mil 974 millones este año, que corresponden al Bono Familia, programa de emergencia para paliar los efectos de la crisis económica derivados de la pandemia de covid-19.
Lo que sí ha hecho esa cartera es aumentar el número de empleados públicos. Para el 2021, el Mides sumará unos tres mil 415 empleados, que representarán poco más de Q200 millones en sueldos y salarios, jornales y prestaciones laborales.
De estos trabajadores, casi mil 200 —el 35%— se han sindicalizado en al menos uno de los cinco sindicatos que se han formado desde el 2012, con el objetivo de buscar beneficios para sus miembros.
Además, con la institucionalización del Mides, este se hizo cargo no solo de los programas sociales. Tiene al Fondo de Desarrollo Social (Fodes), como brazo ejecutor que adjudica contratos de obras de infraestructura, incluso para el remozamiento de carreteras.
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Programas
El analista Adrián Zapata aseveró que los programas de protección social del Mides no han impactado porque “se tergiversaron y pervirtieron”.
En ese sentido, comentó que se han politizado, y al ocurrir esto, ya no importan los criterios técnicos para seleccionar a los beneficiarios ni si estos cumplen con condiciones para, por ejemplo, recibir transferencias monetarias condicionadas.
Estos dos aspectos, el cumplimiento de las condiciones de enviar a los niños a la escuela y a chequeos médicos, así como la periodicidad con que se entreguen, son fundamentales para el impacto en la reducción de la pobreza, apuntó Zapata.
Sin embargo, en estos años, “lo que ha subyacido son intereses políticos y clientelares, entonces lo que les interesa a quienes han estado a cargo es lograr la simpatía —de potenciales electores—”, por lo cual no les interesa que los programas de protección social impacten.
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Resultados
Para Carlos Aníbal Martínez, profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Usac, la ineficacia del Mides tiene que ver con un “problema genético” del servicio civil del Estado en una baja capacidad administrativa para identificar a los sectores vulnerables y los mecanismos efectivos para llegar hasta ellos.
Coincide con que se han politizado los programas de protección social. Considera que, aunque durante el gobierno de la UNE nacieron apegados a la teoría, luego con el PP prácticamente se retiraron las condiciones a los beneficiarios para optar a las remesas familiares, clave para que funcionaran en otros países como Brasil, que sacó a 25 millones de personas de la pobreza o Bolivia que redujo la pobreza de 40% a 10%.
“En Estados débiles, como Guatemala, estos programas fueron politizados, y desde el momento en que se vinculan a objetivos políticos, dejan de ser eficaces”, subrayó Martínez, quien recordó casos en países como Honduras, El Salvador y Haití, donde también la política se involucró con estos programas.
Martínez, para quien el Mides se ha convertido en una agencia de empleos, es imprescindible que a estos programas se les restablezca la obligatoriedad a los beneficiarios de cumplir con las condiciones de educación y salud, así como mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan identificar en qué momento una familia ya no necesita pertenecer al programa, esto para evitar la dependencia permanente.
“Cuando no hay monitoreo ni evaluación, —los programas sociales— son mecanismos de asistencia social sin control, y no se sabe si se están ejecutando bien”, manifestó.
Botín
El investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Marcel Arévalo añadió otro factor que no permite al Mides cumplir con sus objetivos de ayudar a disminuir la pobreza: la corrupción.
El Mides es visto como un botín, no necesariamente por las autoridades que lo han dirigido, sino por diputados dispuestos a exigir cuotas. Además, las altas autoridades de los gobiernos desde hace nueve años no mostraron ninguna voluntad política, no solo para acabar con este problema, sino para hacer que los programas de protección social funcionen.
Arévalo recordó que hace poco se acaba de botar una compra millonaria de galletas vitaminadas que el Mides estaba por hacer, luego de fuertes cuestionamientos.
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Insuficiente
Los analistas coinciden en que solos los programas sociales no son suficientes para terminar con la pobreza de un país ya que estos deben ir acompañados de otras políticas de apoyo a los agricultores rurales y a los pequeños y medianos empresarios, políticas en las que los ministerios de Agricultura y de Economía deben jugar un papel preponderante.
Para Zapata, los beneficiarios deben recibir apoyo, capacitación e insumos para producir su propia riqueza “si eso no se logra, el dinero que se gasta aliviará la urgencia de comer hoy pero no impactará en reducir la pobreza”.
Martínez precisó que estas medidas de apoyo deben contar con mecanismos para determinar cuándo una persona ya no necesita de la ayuda.
Arévalo añadió que también debe impulsarse una política de democratización de créditos para que los beneficiarios puedan ser capacitados y volverse productivos.
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Reestructuración
El actual ministro, Raúl Romero, reconoció que la institución que dirige se ha prestado durante años para la politización “para generar dependencia en las personas y condicionarse para apoyar a candidatos o partidos políticos”.
“Ese ha sido el gran fracaso del Mides”, subrayó el funcionario.
Además, afirmó que se trabaja en un rediseño de los programas de protección social que incluye la depuración del padrón de beneficiarios, el uso de la tecnología para que las transferencias monetarias condicionadas sean transparentes y el establecimiento de criterios claros para medir el impacto de los programas a través del cumplimiento de las corresponsabilidades.
Respecto de qué hará para no ceder a las presiones políticas que puedan derivar en irregularidades, Romero enfatizó que “cualquier persona puede llegar a solicitar lo que quiera”, pero que ellos no lo permitirán, aunque le cueste interpelaciones en el Congreso.
Transformación
El Mides tuvo sus orígenes en el Consejo de Cohesión Social (CCS) a cargo de Sandra Torres.
En abril del 2008, el CCS lanzó su programa estrella, Mi Familia Progresa, que consistía en dar Q300 mensuales a familias de escasos recursos a cambio de que enviaran a los hijos a la escuela y chequeos médicos.
El programa comenzó a recibir críticas de politización y mal uso de los recursos. En marzo del 2011, Sandra Torres anunció su intención de ser candidata presidencial, algo que confirmó las sospechas de opositores de haber dirigido los programas sociales con fines políticos.
Con la llegada del PP al poder, en el 2012, se creó el Mides, que absorbería los programas sociales. Desde entonces, han pasado dos ministras y seis ministros, incluyendo al actual.
Durante años no se han conocido informes que demuestren el cumplimiento de las corresponsabilidades de los beneficiarios del programa de transferencias monetarias, a pesar de que enviar a los hijos a la escuela y a chequeos médicos es una obligación para seguir en el programa.
Lo que sí se han conocido son denuncias de corrupción y mal manejo de los recursos. Este año, en el contexto de la pandemia, el Mides planeaba una compra millonaria de galletas vitaminadas, pero tuvo que dar marcha atrás luego de serias críticas por cómo se gestionó el contrato.
También se ha denunciado a exdiputados por sospechas de solicitar adjudicación de contratos a favor de sus empresas. El Mides cuenta con un brazo ejecutor de proyectos de infraestructura, lo que es apetecible para ciertos legisladores.
