El presidente Otto Pérez Molina indicó en días anteriores que era muy poco cuatro años para implementar las políticas públicas. En el Congreso, el diputado oficialista Valentín Gramajo manifestó que estaban trabajando en una propuesta fuera y dentro de ese organismo. Se trató de localizarlo, pero no respondió el celular y no llegó a su oficina en el Legislativo.
DESCARGUE: Contexto agitado en los últimos meses
“Es permisible que la Corte de Constitucionalidad (CC), la Corte Suprema de Justicia y los otros cargos (CSJ) puedan gestionar la modificación de la Constitución para cambiar, pero el mandato de la Presidencia de la República es intocable. Lo mismo ocurre con la reelección”, dijo Orellana.
“Lo que temo es que, con la irresponsabilidad y desfachatez que caracteriza a los actuales diputados, una vez que hayan aprobado la iniciativa, por decisión propia, constituyan una asamblea nacional constituyente y quieran modificarla partiendo de cero, una constitución totalmente nueva”, refirió el abogado.
Según Carlos Molina Mencos, exconstituyente y abogado constitucionalista, la reelección no es viable, ni modificar el período, “y mucho menos el actual”, porque, según sostiene, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega en los funcionarios que elige para estar durante cuatro años, tiempo que es improrrogable.
“O es una cortina de humo o un engolosamiento del poder que le da a mucha gente y no lo quiere soltar”, expuso.
ESTÁ TIPIFICADO
Molina Mencos recordó que querer modificar la Constitución indebidamente y hacer propaganda para la reelección presidencial es penado por la ley. De hecho, está tipificado en el Código Penal en el delito de violación a la Constitución.
Los incisos primero y tercero del Código Penal establecen sanción con prisión de tres a 10 años a quien “ejecutare actos que tiendan directamente a variar, reformar o sustituir total o parcialmente la Constitución de la República por medios no autorizados por el ordenamiento constitucional”.
También para quien tienda a cambiar el régimen establecido por la Carta Magna para la sucesión del cargo en la presidencia del país.
Asimismo, el artículo 382 del Código establece: “Quien hiciere propaganda pública o realizare otras actividades tendentes a la reelección de la persona que ejerza la Presidencia de la República, o a cualquier otro sistema por el cual se pretenda vulnerar el principio de alternabilidad o a aumentar el término fijado por la Constitución para el ejercicio de la Presidencia de la República, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de Q200 a Q2 mil”.
A criterio de Molina Mencos, en eso han incurrido Pérez Molina y los diputados que han hablado de extender el período presidencial.
Los dos abogados constitucionalistas también coinciden en que podría existir la intención de cambiar más asuntos a la Constitución, con lo cual se daría un “golpe de Estado técnico”.
Prohibición
Catalina Soberanis, legisladora exconstituyente, indicó que mientras la Carta Magna contenga en su texto que no se puede tener derecho a la reelección o a ampliar el período presidencial, seguirá siendo prohibido y punible con prisión.
“La Carta Magna tiene sus mecanismos de reforma y en algunos artículos es solo por Asamblea Nacional Constituyente, y la otra es por las dos terceras partes de diputados y refrendado por la población. Y para modificar el artículo 281 es necesario, primero, hacer una consulta popular, y para reformar los otros se debe aprobar por otra consulta popular”, explicó.
“A pesar de que es viable hacer una reforma, al hacer el trámite correspondiente no da tiempo para hacerla porque se necesitaría de dos consultas populares”, aseguró.
La abogada explicó que en 1984, cuando se discutía la Constitución, era otro tiempo, pues en ese momento aún estaba demasiado fresco el período de las “dictaduras militares” y de “presidentes que se “prorrogaron” en el poder, la última vez por 14 años.
“El espíritu de los constituyentes era tratar de evitar esas situaciones, pero en el caso de los artículos pétreos que tienen este candado, no el 281, la idea en ese momento era que no era oportuno el que esos artículos pétreos se reformaran y que en el futuro se pudiera considerar, en la medida que se fuera fortaleciendo el proceso democrático, por eso al 281 no tiene candado”, expresó Soberanis.
El abogado constitucionalista Alejandro Balsells indicó que la reforma no es viable desde ningún punto de vista y es una tristeza que haya letrados que lleguen a pensar que eso es posible.
“Lo primero que hace un abogado es jurar fidelidad a la Constitución, y lo primero que están es rompiendo ese juramento”, afirmó.
“La reforma planteada por el oficialismo —para ampliar el período presidencial— no tiene ni pies ni cabeza. No es viable desde ningún punto de vista. Yo lo que creo es que alguien les está calentando las orejas a los que mandan, y se acabó”, refirió Balsells.
Aseguró: “Es bueno debatir, pero la prolongación para este período no se puede, y si quieren discutir para los próximos gobiernos, entonces debemos discutir que el Congreso sería de tres años, al igual que los alcaldes, para que haya elecciones a medio período”.
“El mandato de la Presidencia de la República es intocable; lo mismo ocurre con la reelección”. Gabriel Orellana, abogado constitucionalista.
“O es una cortina de humo o un engolosamiento del poder que le da a mucha gente y no lo quiere soltar”. Carlos Molina Mencos, exconstituyente.
“A pesar de que es viable hacer una reforma, al hacer el trámite correspondiente no da tiempo para hacerla porque se necesitarían dos consultas populares”.Catalina Soberanis, exconstituyente.
“La reforma planteada por el oficialismo —para ampliar el período presidencial— no tiene ni pies ni cabeza. No es viable desde ningún punto de vista”. Alejandro Balsells, abogado constitucionalista.
