La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, es la única de los titulares que se encuentra en funciones. Por tal razón, hizo una petición al Legislativo para que se nombre a los suplentes y así poder integrar el pleno, pues la ley ordena que debe estar conformado por cinco.
Ranulfo Rojas, Irma Palencia, Gabriel Aguilera y Mynor Franco salieron del país un día después de que los diputados votaran a favor de su desafuero y que fueran investigados en torno a la compra del sistema informático usado en las elecciones.
Como hay cuatro titulares de licencia, asumieron funciones tres de los suplentes, Marlon Barahona, Marco Antonio Cornejo y Álvaro Cordón, pero falta uno para completar el pleno. El exmagistrado electoral Gabriel Medrano y el constitucionalista Gabriel Orellana opinan que la desintegración del citado ente se debe a la apatía del Legislativo.
“Hay una grave responsabilidad imputable al Congreso, por no haber elegido a los magistrados suplentes”, expresó Orellana.
La misma responsabilidad recae en el Ministerio Público (MP), por su función de velar por la correcta aplicación de la ley establecida en el mandato constitucional.
“En tal virtud, la recta aplicación de la ley no es solo estar controlando quién se saltó una luz de un semáforo o delitos de esa magnitud, sino problemas que en realidad afectan a la estructura institucional del país”, añadió el jurista.
En esa misma línea, Medrano criticó que los diputados no eligieron magistrados suplentes cuando se dieron las bajas. “El Congreso no cumplió con elegir a los sustitutos”, remarcó.
Cuando fue integrado el pleno en el 2020, Noé Ventura Loyo fue nombrado suplente, pero no aceptó el cargo. En febrero de este año, Erwin Gómez, también suplente, renunció por problemas de salud. Ambos cargos se declararon vacantes.
“Estamos cosechando el fruto de esa injuria”, cuestionó Orellana, al agregar que el TSE quedó incompleto en un momento político de gran trascendencia. “Es hasta una vergüenza internacional para Guatemala que estemos viviendo esto”, insistió.
Efectos
Ambos consideran que la desintegración del órgano electoral no debería tener mayores efectos administrativos en el corto plazo ni en la toma de posesión del binomio electo o cualquier otro cargo, aunque a criterio de Orellana no se puede descartar un cierto riesgo.
“Hemos llegado a un punto en el cual todo es posible, y más porque hay sectores muy interesados en obstaculizar la toma de posesión del nuevo gobierno”, manifestó.
Por su parte, Medrano expuso que el efecto primordial es que no se pueden tomar decisiones colegiadas.
“El TSE, como máxima autoridad en materia electoral, ya declaró la validez de la elección, ya adjudicó los cargos, ya se entregaron credenciales”, refirió respecto de la labor del pleno en los comicios y la toma de posesión.
A su vez, esta semana Alfaro marcó distancia en cuanto a la toma de posesión de las nuevas autoridades, en enero. “El TSE hizo su trabajo, cumplió su función en una democracia”, declaró.
Buscan integrar pleno
Sobre el amparo que busca apresurar el nombramiento de los suplentes y destituir a los titulares que están de licencia, los dos consultados apoyan que se presione para designar las dos plazas vacantes, aunque no están de acuerdo con el otro requerimiento.
“Sería una interferencia inconstitucional que el Congreso fije o pretenda desnaturalizar esto —otorgar licencia—, es un asunto administrativo”, dijo Orellana, y Medrano estimó que no hay una razón válida para que se anticipe el término de los permisos.
“Veo que esta solicitud tiene, en gran parte, una dosis de exhibicionismo”, subrayó Orellana, al agregar que la petición podría empeorar la crisis actual.
