Para la contratación de la asesoría y capacitación, el Ejecutivo ha dispuesto desde el pasado 29 de mayo de una ampliación presupuestaria de Q80 millones al órgano de recaudación, y en las próximas semanas se prevé preparar los términos de referencia para una licitación internacional en busca de la empresa beneficiada.
Las críticas giran alrededor de los altos costos que desde ya representa la recaudación de tributos y una posible delegación de funciones de la SAT, lo que podría incluso atentar contra la Constitución e incurrir en delito, tanto el superintendente como el Directorio en pleno, por permitir el hecho.
Diputados también señalaron que podría existir algún acuerdo previo y tratar de beneficiar a una empresa con el contrato.
Autorizan contrato
El dictamen 45-2014, conocido el pasado jueves por el Directorio de la SAT, justifica la contratación de una empresa que preste “servicios de asesoría con acompañamiento para la mejora de los sistemas y procedimientos para la recaudación”, con el objetivo de “fortalecer la administración tributaria y aduanera”.
Según el documento, al no poder cumplir con las metas de recaudación en los últimos dos años se necesitan los servicios antes descritos y para ello se pagaría a la empresa beneficiada una comisión de entre el 15 y el 30 por ciento sobre el excedente de lo recaudado.
Mario Velasco, director titular de la SAT, dijo haberse opuesto a la aprobación del dictamen por considerar que ahí se podrían delegar funciones de la entidad, mientras Henry Almengor, también titular del Directorio, indicó que no había participado en la reunión en que se conoció tal iniciativa.
Los directores también advirtieron, durante una citación con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que aunque se trata de mejorar la recaudación, aún no se supera la del año pasado y tampoco se puede asegurar que se llegará a las metas, porque en el Directorio se desconoce el convenio entre el Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas, que fija Q51 mil 849.5 millones en términos brutos.
El diputado de la UNE Carlos Barreda explicó que se generan condiciones para justificar la injerencia de una empresa externa que apoye la recaudación fiscal. Además, advirtió de que “se está tratando de delegar funciones de la SAT y habría que ver si eso no contraviene la Constitución”, lo que se podría entender como el inicio de una privatización de la institución.
José Alejandro Arévalo, exministro de Finanzas e integrante de la Comisión legislativa de Apoyo a la Recaudación Fiscal, se declaró sorprendido por el método que se utiliza para mejorar la recaudación, y calificó de “fracaso” que la SAT intente mejorarla a través de la delegación de funciones.
“Ahí han tenido asesores todo el tiempo, pero vincular la recaudación y pagarles un porcentaje es delegar la función, y si eso es así, ya no tiene sentido la SAT. Si no puede hacer su trabajo, mejor que la cierren y regrese a Finanzas. Es un monumento a su fracaso contratar a alguien para que haga su trabajo”, aseguró Arévalo.
El superintendente Carlos Muñoz, secretario del Directorio y ponente del dictamen aprobado, también fue citado por la UNE, pero se excusó al indicar que tenía otra reunión a la misma hora en el bloque de Todos, a la cual tampoco llegó.
Se intentó obtener la versión de Muñoz a través del Departamento de Comunicación de la SAT, lo cual tampoco fue posible porque, según Mynor Caballeros, jefe de la unidad de información, el funcionario no respondió a las llamadas y consultas.
“Se está analizando el tema en el Directorio, pero no se ha establecido y se está trabajando sobre los términos para definirlo”, se limitó a indicar Caballeros, vía telefónica.
Dudas por viajes
En agosto del 2012, el entonces jefe de la SAT, Miguel Gutiérrez, viajó a Argentina para visitar el Ministerio de Hacienda de Córdoba y revisar los sistemas de fiscalización.
Luego desfilaron 11 personas más, entre gerentes y directores, para conocer los sistemas fiscales en respuesta a invitaciones de ese país, porque nadie precisó quién las giró y solo explicaron que viajaron a solicitud de los superintendentes Gutiérrez y Muñoz.
Además de Velasco y Almengor, los directores Jorge Bort-cheff y Rodrigo Montúfar, quienes también viajaron en distintas fechas a Córdoba, señalaron que no existen informes de lo realizado porque la Ley Orgánica de la SAT no los obliga a cumplir esa tarea.
Los directores se limitaron a explicar que el objetivo de la visita a Argentina fue para conocer los sistemas de control y recaudación sistematizada del Ministerio de Finanzas de Córdoba, pero no explicó con quiénes se sostuvo la reunión.
Solo Velasco confirmó que en las reuniones había personal de Hacienda y delegados de la empresa que presta el servicio ahí.
“Se podría estar favoreciendo a una empresa que eventualmente pueda venir a concursar al país o levantar un concurso dirigido para adjudicar a quien interese”, señaló Barreda, durante la citación.
El presidente Otto Pérez negó que la SAT haya hecho alguna compra a una empresa argentina y que tampoco se presione a la Superintendencia para algún tipo de negocio, al consultarle sobre acusaciones de Orlando Blanco, jefe del bloque de la UNE, sobre supuestas reuniones entre empresarios argentinos con la vicepresidenta y el ministro de Comunicaciones.
Tropiezos en dos años
En febrero del 2012, el Ejecutivo dio a conocer la propuesta de reforma fiscal para incrementar ingresos en hasta Q4 mil millones en el 2013.
El 27 de febrero del 2012, Rudy Villeda presentó su renuncia como jefe de la SAT.
El 26 de marzo del 2012, el presidente Otto Pérez Molina nombró a Miguel Gutiérrez para ese cargo.
En junio del 2012, Gutiérrez advirtió de que no se alcanzaría la meta de recaudación del 2012 por Q43 mil millones.
En julio del 2013, la cartera aceptó que faltarían Q700 millones en la meta de recaudación.
El 4 de marzo del 2013, renunció Gutiérrez a la SAT, luego de diferencias con el ministro de Finanzas, Pavel Centeno.
En abril, el gobernante nombró a Carlos Muñoz al frente de la SAT.
Ese año se repiten las quejas de que tampoco se cumplirán las metas de recaudación.
Análisis
Entidad ya es cara
El economista y exministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes, además de adversar que la SAT pretenda pagar por el apoyo para aumentar la recaudación fiscal, sostuvo que desde ya la entidad es una de las instituciones de cobro de tributos más cara en el continente.
“Es una de las administradoras de mayor costo en América Latina, gracias a la forma en que se establecen los recursos dependiendo de la recaudación —el 2 por ciento sobre lo recaudado cada año—, y al compararlo, es un costo muy alto. Ahora, sumarle a eso una contratación que, según el acuerdo gubernativo podría alcanzar hasta Q80 millones, tomando en cuenta el costo que ya es alto”, expuso Fuentes.
Según el experto, aunque la SAT esté facultada para delegar funciones, fijar comisiones por metas alcanzadas sería un error.
Agregó: “Tienen razón los que plantean dudas sobre tomar la meta como un indicador de posible pago, porque lo que puede pasar con los ingresos no es algo que se pueda determinar de manera objetiva. Siempre puede ocurrir algo favorable o desfavorable, son temas impredecibles y podría de repente haber una gran reactivación de Estados Unidos que provoque un repunte directo en el país y se le atribuya a una asesoría el crecimiento de recaudación”.
Recaudación
A finales de mayo Finanzas anunció la aplicación de 47 acciones extraordinarias para mejorar la recaudación fiscal, debido a que en los primeros cuatro meses de este año la brecha de Q502.7 millones entre los ingresos y la meta de recaudación, fijada en Q51 mil 375 millones.
Las medidas incluyen auditorias, verificaciones, controles y mayor fiscalización.
