“En consecuencia, yo diría que en tanto no resuelva esa situación, no podría tener finiquito”, afirmó el Contralor.
Al ser consultado sobre si por esa situación Leal Estévez no podría asumir la Secretaría Privada de la Vicepresidencia, Mencos respondió: “Definitivamente. De hecho, el señor vicepresidente, hoy en la tarde —ayer—, me llamó, precisamente preguntándome si él —Leal Estévez— tenía finiquito, y yo le dije que no. Me imagino que estaba averiguando precisamente antes de poderlo nombrar”.
El pasado jueves, minutos después de haber sido electo y juramentado por el Congreso como sustituto de Roxana Baldetti Elías, el vicegobernante no dudó en anunciar a los periodistas, en su primera conferencia de prensa junto al presidente Otto Pérez Molina, que su secretario privado sería Leal Estévez, al que calificó de hombre “honorable”, a quien conoce desde hace tiempo.
Leal Estévez es recordado particularmente por haber dado su aval, cuando era interventor de Fegua, en la década de 1990, a un contrato que el Gobierno posteriormente declararía lesivo el 10 de agosto de 1995, por acuerdo 377-95.
El anuncio de Maldonado Aguirre resultó controversial, ya que el puesto que Leal ocuparía —de Secretario Privado— es el mismo que tenía Juan Carlos Monzón, prófugo desde hace un mes y señalado de ser cabecilla de la estructura criminal La Línea.
Esa agrupación ilegal habría desfalcado a la Superintendencia de Administración Tributaria por varios millones de quetzales y su captura desató una crisis en el Gobierno que provocó la renuncia de Baldetti Elías a la Vicepresidencia, el pasado 9 de mayo.
Contrato lesivo
El 28 de abril de 1995, Leal Estévez, en calidad de interventor de Fegua, firmó un contrato con Luis Enrique Secaira de León, representante de la empresa Poliproductos del Pacífico, S. A.
El convenio consistía en que la empresa debería instalar cableado de fibra óptica, poliducto y tubería con estaciones de bombeo para el traslado de hidrocarburos y otras sustancias, desde la zona 5 de la capital hasta el muelle de Puerto San José, Escuintla, a lo largo de la vía férrea, el cual operaría por un período de 30 años, debido a que era un usufructo oneroso.
El 10 de agosto de ese año, el entonces presidente, Ramiro de León Carpio, y su gabinete de Gobierno consideraron que el contrato era perjudicial para el Estado.
Leal Estévez fue destituido y el mismo día que se publicó el acuerdo de lesividad el fiscal general en esa época, Ramsés Cuestas Gómez, solicitó orden de arraigo en su contra.
En aquel tiempo, Maldonado Aguirre era ministro de Relaciones Exteriores de De León Carpio y también firmó el acuerdo de lesividad del contrato.
sospechoso incendio
En los días siguientes, el Ministerio Público (MP) inició una investigación para determinar qué grado de participación tenía Leal Estévez en el contrato considerado doloso por el Estado. Fue llamado a declarar y accedió voluntariamente. Afirmó que demostraría que no había cometido ninguna acción anómala.
Al mismo tiempo, la Contraloría General de Cuentas (CGC) designó a personal especializado para efectuar una auditoría interna y externa del caso.
Sin embargo, un día antes de que esa diligencia comenzara, el 6 de noviembre de 1995, un voraz incendio consumió el archivo y departamento jurídico de las oficinas de Fegua, ubicadas en la 10a. avenida y 18 calle, zona 1 capitalina.
El siniestro destruyó papelería importante para seguir el curso de la investigación. Las autoridades intentaron verificar si hubo mano criminal en el suceso, pero no fue posible comprobarlo.
Más señalamientos
El 8 de noviembre de 1995, el presidente de la Comisión de Probidad del Congreso, Manuel Guevara Amézquita, reveló que la casa de valores donde Leal Estévez depositó Q14 millones provenientes de bonos del tesoro de Fegua no existía.
Se supo que la documentación de respaldo que sería enviada al MP también se quemó en el siniestro.
En su defensa, Leal Estévez aseguró que los fondos fueron enviados al Banco de Guatemala y que posteriormente fueron utilizados para el pago de pasivo laboral de trabajadores y gastos de operación, entre otros rubros.
En diciembre de 1995, extrabajadores de Fegua acusaron a Leal Estévez de actos de corrupción, entre los cuales resalta que alquilaba cabezales de esa institución y que habría hecho ventas anómalas de rieles ferroviarios en Escuintla.
Ante las acusaciones, el exinterventor negó todo y afirmó que demandaría a las personas que lo habían acusado.
Reacciones
Édgar Balsells Conde, quien fue interventor de Fegua en sustitución de Leal Estévez, comentó respecto de la intención del vicepresidente de nombrarlo como su secretario: “Creo que en Guatemala lo que se ha perdido es la visión de carrera pública”.
“Este es un señor —Leal Estévez— que ha estado en el área privada, ha estado trabajando con las iglesias. Lo que se puede ver es que hemos perdido la formación de servidores públicos. Me extraña del licenciado Maldonado Aguirre, porque él tiene toda una carrera y nadie lo puede tachar”, comentó Balsells Conde.
Al consultarle a Maldonado Aguirre por qué nombró a una persona con esos antecedentes, explicó: “No lo he nombrado aún. Anuncié su nombramiento. No tenía conocimiento de los enfoques que han circulado. En razón de ello, le he pedido a Leal Estévez que me envíe por escrito sus explicaciones y sus comprobantes”.
“Ante esta situación, pueden estar seguros de que actuaré con certeza. A él lo nominé porque lo conozco de hace muchos años, por su carácter conciliador, metódico, trabajador y un operador para ser un buen contacto de la Presidencia con diferentes sectores, porque necesitamos mucho ese diálogo”, declaró.
Prensa Libre intentó obtener el contacto de Leal Estévez a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, pero no fue respondida la solicitud.
