Los cambios más importantes se observan en los nombramientos de viceministros y jefaturas en las principales áreas del sector público económico y social. Tanto las entidades del Gabinete Económico como las del sector social están pobladas ya con los principales jerarcas de las mismas. El perfil de los funcionarios es, en general, el de tecnócratas proclives al pensamiento empresarial, como se observa en Economía, Finanzas Públicas, y en el Ministerio de Desarrollo Social. Los principales cambios se refieren a la presentación de los diversos planes y agendas, como en el caso de Finanzas Públicas con los primeros indicios del Presupuesto 2017, y en Economía con la agenda económica de mediano plazo.
Sigue igual la astringencia de recursos financieros, la lentitud del gasto público (ahora atribuida además a la nueva Ley de Contrataciones), la ineficiencia de las entidades públicas, y el poco apoyo fiscal a las mismas.
Evaluaciones
Ha empeorado el ritmo del gasto público derivado, como se anotó arriba, de unas no bien pensadas reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, lo que ha sido palpablemente reconocido por el propio Contralor General de Cuentas, quien alega no haber sido bien consultado.
Ha mejorado las cuentas por cobrar en concepto de impuestos por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria, derivado de un nuevo concepto de gestión introducido por el liderazgo del nuevo Superintendente, quien ha venido quebrando la cultura de baja gobernabilidad y alta corrupción de sus antecesores.
Cristian Álvarez, analista, catedrático de economía y política, director del CADEP de la UFM
Las expectativas económicas han caído. La informalidad aumentará, pues la incapacidad del gobierno actual de liderar una reforma fiscal los llevará a seguir aumentando la presión sobre quienes ya pagan impuestos. El liderazgo de la reforma fiscal está en manos del superintendente de la SAT, no en el Congreso y menos en el presidente. No hay un ambiente favorable a la inversión interna, lo que puede causar una disminución en los ingresos fiscales y el crecimiento económico puede bajar cerca del 1%.
En lo social esperemos más problemas, pues los grupos que tradicionalmente buscan participar del presupuesto del Estado estarán presentes (sindicatos, campesinos, usuarios del trasporte subsidiado, de salud, etc.). El presidente, irresponsablemente, ha creado la sensación con el presupuesto abierto que habrán recursos para más actividades, lo cual no será realidad, por lo que la inconformidad de los grupos aumentará.
Víctor Gálvez Borrell, director de Incidencia Pública de la URL
Una de las características de la crisis de 2015 en Guatemala fue su escasa o nula relación con la actividad económica. Y para 2016, la previsión de crecimiento del PIB es de 3.9%. Es por ello que en la actualidad extraña que la continuación de los juicios durante este año, lleve a algunos a preguntarse sobre sus eventuales efectos en la actividad económica.
A menos que se trabaje intencionalmente para crear un clima de pánico anti empresarial, que desincentive la inversión, promueva un ambiente hostil de los negocios y busque así ocultar un interés por proteger la impunidad, no deberían esperarse resultados adversos de un sano y transparente desarrollo de la actividad judicial en el país.
ASÍES
Ante la falta de un plan estratégico del gobierno, se hace difícil evaluar su gestión. No obstante, las actividades económicas continúan mostrando dinamismo aunque en menor medida. Los índices de confianza de los agentes económicos y el comportamiento del Índice Mensual de la Actividad Económica del Banco de Guatemala, han tenido un menor desempeño respecto al año anterior; esta situación estaría indicando que el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto (PIB) se estaría ubicando en un valor más cercano a la base del rango proyectado por dicha institución (3.1-3.9%).
Es importante indicar que si bien existen algunos eventos de la vida nacional que podrían estar incidiendo en la confianza de los agentes económicos, como los procesos judiciales que giran en torno a los casos de corrupción, así como las auditorías realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), también debe tomarse en cuenta el desenvolvimiento de la economía internacional, cuyo crecimiento ha sido revisado varias veces a la baja por Organismos Financieros Internacionales. El débil desenvolvimiento del comercio internacional impacta no solo en la economía global, sino también en el sector externo de la economía guatemalteca, afectada principalmente por los bajos precios de las materias primas a nivel mundial.
En cuanto a las políticas de gobierno, cabe resaltar las actividades relacionadas con la promoción de reformas a la Ley Orgánica de la SAT y la recaudación tributaria que se ha fortalecido como resultado de las auditorías y ajustes realizados a varias empresas, que ha permitido reducir la brecha de recaudación en el primer semestre del año. También son positivos los esfuerzos orientados a solventar la crisis hospitalaria y a las carencias en el ramo de la educación. Sin embargo, todavía no se conocen políticas orientadas a resolver otros problemas como el desempleo, las dificultades derivadas de las reformas la Ley de Contrataciones del Estado que redundan en una baja ejecución presupuestaria en detrimento de la prestación eficiente de los servicios públicos a cargo del Estado.
Asimismo, es lamentable la reducción drástica de los gastos de inversión, importante no solo por las carencias que en infraestructura económica se tiene, sino también por el papel que esta variable juega en el crecimiento económico, a través del estímulo a las actividades económicas que ejecutan obra pública. La inversión productiva debe privilegiarse especialmente en áreas que motiven la actividad económica en el área rural, que es la más afectada por la pobreza y pobreza extrema.
Elena Díez y Juan Alberto Fuentes Knight, del Movimiento Semilla
La economía camina con independencia de lo que hace el gobierno, con una fuerte influencia de grandes empresarios tradicionales y de sus centros de pensamiento para asegurar que así sea. El gobierno no tiene una política económica clara, de manera que lo que predomina es la inercia y, frente a una economía internacional que se deteriora, la economía se deteriora igualmente, sin mayores capacidades de reacción y sin una búsqueda de nuevas alternativas de crecimiento.
El gobierno tampoco tiene una estrategia de reducción de la pobreza, cuyo aumento en los últimos años no parece importarle, y el combate a la desnutrición se hace depender exclusivamente de préstamos del exterior.
Los avances de la SAT en este periodo son positivos y alentadores, ya ha cerrado la brecha recaudación en un 50%. De aprobarse, las reformas a la SAT que se discuten fortalecerían la administración tributaria, especialmente de lograrse una mayor apertura a la información bancaria.
Daniel Pascual, dirigente del CUC
Los grandes ausentes desde el inicio del gobierno de Jimmy Morales son las medidas para combatir la pobreza, la desnutrición crónica y aguda, y procurar el desarrollo rural integral. A seis meses sigue sin verse un rumbo certero para enfrentar estas graves problemáticas.
Tampoco ha respaldado y promovido que su bancada apoye la aprobación de la ley de desarrollo rural integral, que en la actualidad se le extrajo la esencia por parte del presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso. Esta ausencia es expresión de la incapacidad de abordar integralmente la problemática socioeconómica.
Abelardo Medina, investigador del ICEFI
El gobierno sorteó, con la colaboración del Congreso de la República, la crisis de liquidez del primer trimestre por medio de una reforma presupuestaria muy flexible que incluso contempló una ampliación a los recursos disponibles en materia de endeudamiento. Esta ampliación y la utilización inmediata de todo el monto previsto de deuda para 2016 permiten que se pueda ejecutar el presupuesto previsto con una relativa comodidad; no obstante, no implica una mejora a ningún aspecto social, como lo ofreció el gobernante en su campaña.
En materia tributaria, aun cuando se sigue esperando que no se alcance la meta de recaudación por alrededor de Q1 MIL 600 millones, la situación ha mejorado como consecuencia de la ejecución de la SAT de muchos casos que se encontraban en las últimas instancias penales.
Destaca el intento del gobierno por mejorar la transparencia al convocar a la sociedad civil a la discusión de la etapa preparatoria del presupuesto, y de las autoridades de la SAT por enviar el mensaje de combate a la evasión fiscal.
De la discusión del presupuesto abierto se obtuvo la potencial primera propuesta del monto del presupuesto que exigiría un incremento del déficit fiscal y de la deuda pública, por encima de los valores que ha exigido la Junta Monetaria, en su esfuerzo por supeditar la política fiscal a la monetaria.
En materia de gasto no se percibe ningún cambio fundamental, ni hay una orientación específica a los esfuerzo del gobierno.
