En 2014, luego de una impresionante oleada de inmigración irregular hacia la frontera sur estadounidense, la Casa Blanca ofreció 1 mli millones de dólares de ayuda en cinco años para tres países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras) en el marco del plan Alianza para la Prosperidad.
Ese proyecto aún no ha sido discutido en el Congreso, pero entre los legisladores ya se levantaron voces señalando los constantes problemas de corrupción en América Central como argumento para boicotear la iniciativa.
Este jueves el legislador Demócrata Eliot Engel, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, comprometió su esfuerzo para que el Congreso apruebe el plan.
“El apoyo del Congreso estadounidense a las instituciones guatemaltecas es más crucial que nunca, y trabajaré con mis colegas en la Cámara de Representantes y el Senado para asegurar que los fondos previstos para apoyar el reino de la ley y el desarrollo en Guatemala sean aprobados”, manifestó Engel.
Para analistas, Estados Unidos debe mantener su soporte y el ambicioso plan de ayuda.
“La comunidad internacional debe apoyar a Guatemala en este momento difícil. Estados Unidos debe dar asistencia en cualquier forma que Guatemala lo solicite”, expresó Jason Marczak, especialista del centro de reflexiones Atlantic Council.
Sin embargo, resulta difícil esperar que el Congreso estadounidense apruebe sin cuestionamientos un paquete de ayuda de 1 mil millones de dólares a países donde un presidente se vio forzado a renunciar para responder ante la justicia por cargos de corrupción.
Consecuencias obvias
En la visión de Cynthia Arnson, del Wilson Center de Washington, la situación en Guatemala “tendrá consecuencias obvias y profundas” en la suerte del plan de ayuda.
“Este tipo de problemas, el de la capacidad de los gobiernos de usar el dinero de forma transparente y eficiente, ha sido el centro de las discusiones desde el inicio”, dijo Arnson, en referencia al escándalo que promovió la caída de Pérez.
Adriana Beltrán, del Washington Office on Latin American (WOLA), admitió que “la corrupción y la falta de transparencia han sido temas de preocupación en el Congreso estadounidense”, pero consideró que se trata de una oportunidad.
Para Beltrán, la situación política en Guatemala “muestra que la transformación es posible” y pone de manifiesto la importancia de “fortalecer las instituciones para hacer que los cambios sean posibles”.
En tanto, el profesor José Eduardo Cal Montoya, de la universidad San Carlos de Guatemala, destacó “el papel de la embajada estadounidense para alentar las protestas”, con un interés a largo plazo, según dijo a la AFP: “frenar la migración de niños sin papeles hacia los Estados Unidos”.
Preparar el escenario
Para Joy Olson, de WOLA, es “difícil trazar una línea directa entre lo que está ocurriendo en Guatemala y la oleada migratoria, aunque es evidente que la corrupción ha sido un enorme obstáculo al crecimiento en América Central”.
Si Guatemala y la región avanzan en el tratamiento de “este problema fundamental, el potencial para tratar temas como violencia y crecimiento económico mejora. Prepara el escenario para cosas mejores”, señaló la analista.
En opinión de Marie-Dominik Langlois, de la Universidad de Quebec, “el papel de Estados Unidos no es muy claro”, y se cuestionó que Washington está interesado en “una apariencia de democracia, sin un cambio de sistema político y económico”, conformándose con la “limpieza” del sistema actual.
La investigadora recordó que el nuevo embajador de Estados Unidos en Guatemala asumió ese cargo hace un año y desde entonces ha insistido en la necesidad “de limpiar las instituciones y respetar la voluntad de los guatemaltecos”.
La Alianza para la Prosperidad consiste en un paquete de proyectos para promover las inversiones que generen oportunidades de empleo, así como el combate de la criminalidad en los tres países, a fin de limitar la emigración hacia Estados Unidos.
