Doce congresistas estadounidenses, entre ellos Norma Torres, de origen guatemalteco, pidieron a António Guterres, secretario general de Naciones Unidas (ONU) que garantice la integridad de los agentes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como de fiscales, jueces y activistas sociales.

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Doce años de luces y sombras de la Cicig

En una carta, los representantes exponen que los agentes de Cicig y operadores de la justicia guatemalteca han trabajado en los últimos 12 años para enjuiciar por asesinato, narcotráfico o secuestro a criminales e individuos implicados en redes político-económicas de corrupción que han robado millones de dólares de dinero público.

Esas redes, que ostentan un “poder informal significativo”, se han convertido en “enemigos peligrosos” de quienes han fortalecido al estado de Derecho guatemalteco, señalan los legisladores.

En una visita reciente a Guatemala, los congresistas pudieron constatar que hay agentes que han sufrido amenazas y temen que con el cierre de la Cicig puedan sufrir represalias.

“Es fundamental que la ONU tome medidas inmediatas para garantizar la seguridad de estas personas valientes, que han depositado su confianza en la ONU para llevar a cabo un trabajo importante con un gran riesgo personal”, afirman los representantes.

For 12 years, @CICIGgt & its partners have led the fight against corruption in Guatemala. As CICIG closes today, we’re urging @UN to take steps to ensure the physical safety of employees who remain in the country, Guatemalan judges, prosecutors, & civil society advocates. pic.twitter.com/jEPIWv6VVC

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 3, 2019

También refieren que es una obligación moral que la ONU proteja a aquellos agentes de la ley porque es parte del mandato, aun cuando tras el cierre de la comisión podría no existir la misma capacidad de proporcionar seguridad física.

La carta fue firmada por Torres, Eliot Engel, James McGovern, Nydia Velázquez, Anthony Brown, Lucille Roybal Allard, Jesús Chuy García, Katie Hill, Aumua Amata Coleman Radewagen, Lauren Underwood, Mary Gay Scanlon y Henry Cuellar.

Durante estos 12 años, la Cicig y el Ministerio Público identificaron más de 70 estructuras criminales, colaboraron en la judicialización de 120 casos de “alto impacto”, presentaron un centenar de procesos de desafuero contra grandes funcionarios, sindicaron a más de  mil 500 personas y unas 660 están procesadas.

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