Las elecciones del 2019 serán las primeras en las que se apliquen nuevas reglas para el control y financiamiento de los partidos políticos.

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Este trabajo estará a cargo de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de los Partidos Políticos, la cual está conformada por tres áreas: la de auditoría, la de análisis e investigación y la de análisis jurídico especial, indicó el director de la unidad, Giovanni Rodríguez.

El funcionario asistió este martes a un conversatorio organizado por la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), en donde explicó algunos cambios en la Ley Electoral que se deben aplicar el próximo año.

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Entre los cambios, explicó Rodríguez, el TSE contratará la pauta en medios de comunicación que se hayan inscrito previamente y para ello cuentan con un presupuesto general que será repartido en partes iguales a cada candidato.

El director de la Unidad de Fiscalización también dijo que se busca firmar un convenio con la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio, con el Organismo Judicial y con el Ministerio de Gobernación, para poder acceder a la información de personas que pudieran figurar como financistas, pero tienen un proceso en su contra.

Las reformas a la Ley Electoral contemplan en el Artículo 21 Ter, inciso a, numeral 2, que tienen prohibido ser financistas las personas que hayan sido condenadas por cualquier delito contra la administración pública, por delitos de lavado de dinero u otros activos, y otros delitos relacionados.

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Reto

José Carlos Sanabria, politólogo de Asíes, dijo que uno de los principales retos del próximo proceso electoral es incorporar las nuevas funciones del TSE, las que buscan tener un impacto significativo.

“Pasar de un sistema en donde había una inexistente cultura de rendición de cuentas de los actores políticos, a un sistema en donde se exigen mayores controles y mayores reglas y se busca una cultura de rendición de cuentas”, afirmó Sanabria.

Según el politólogo, con el sistema anterior, las prioridades de los partidos tenían que ver con intereses de los financistas y no con intereses del país y los ciudadanos.

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