Las acciones las presentaron las organizaciones políticas por considerar que Escobar, proclamado por Prosperidad Ciudadana, no tiene la idoneidad para ser candidato presidencial por tener varias denuncias que presentó la Contraloría General de Cuentas en su contra por irregularidades en los recursos municipales de Villa Nueva.

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Los votos favorables fueron de los magistrados Julio Solórzano, Mario Aguilar Elizardi, Rudy Pineda y Jorge Mario Valenzuela, el voto razonado es de María Eugenia Mijangos.

El 31 de marzo, el TSE admitió para su trámite los recursos de nulidad presentados por Javier Hernández, secretario general de FCN-Nación, y Byron Rodríguez, secretario general del partido Todos, contra la candidatura de Escobar.

Ambos partidos argumentaron que Escobar tiene denuncias penales presentadas por la Contraloría y por lo tanto no debería contar con finiquito, el cual el aspirante obtuvo a través de un amparo.

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Para conocer el caso, los jueces electorales solicitaron información al Juzgado Noveno de Primera Instancia del Ramo Civil, para que informe sobre el estado del amparo otorgado; a la Contraloría General de Cuentas, para que informe si ha presentado denuncias en contra de Escobar, y a la Corte de Constitucionalidad para saber si existía recurso o remedio procesal en contra del amparo otorgado a Escobar.

La magistrada Mijangos argumentó en su voto razonado que él no debía participar por tener un finiquito razonado.

Escobar es el candidato presidencial del partido Prosperidad Ciudadana (PC) junto a Blanca Alfaro. Ambos fueron proclamados el 2 de marzo último.

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Pierde inmunidad

El 11 de marzo pasado, Escobar perdió la inmunidad y puede ser investigado por supuestas irregularidades en la tercerización del servicio catastral para el cobro del Impuesto Único Sobre el Inmueble (IUSI).

El caso contra Escobar tuvo de origen una denuncia de la Contraloría General de Cuentas (CGC) en mayo de 2017.

Una auditoría de la CGC acerca del ejercicio presupuestario de la comuna de Villa Nueva de 2016 determinó que la tercerización del servicio catastral se efectuó con la contratación de las empresas Marroquín, Marroquin & Asociados, S.C. y DHV Consultants Guatemala, S.A.

Según la denuncia, a la empresa Marroquín, Marroquín & Asociados, S.C. se le pagaron Q10 millones 289 mil 787.95 y DHV Consultants Guatemala, S.A. cobró Q5 millones 251 mil 330.20 por brindar los servicios catastrales.

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