Tras el paso de las lluvias, el presidente Alejandro Giammattei solicitó al Congreso de la República que ratificaran un estado de calamidad en el cual se facultaba a los organismos de Estado el poder realizar dragados en los distintos ríos del país. Pero estas obras son difíciles de fiscalizar y ello hace que aumenten los riesgos de corrupción.
El estado de calamidad se ratificó mediante el decreto 50-2022 del Organismo Legislativo, que en el artículo 7 faculta a las dependencias del Estado a realizar tareas de limpieza del fondo de los ríos, puertos y zonas navegables.
Giammattei justificó en una conferencia de prensa que estas obras eran necesarias ya que hay ríos llenos de azolvamiento y ello provoca que se desborden.
No obstante, en el pasado los dragados han sido foco de corrupción, ya que por la naturaleza de estas obras es difícil verificar que las empresas contratadas sí realicen las labores para la cuales fueron contratadas.
José Ramírez Crespín, subcontralor del gasto público, explicó que cuando se hacen los dragados, los auditores de la Contraloría no suelen estar presentes. Días después, cuando se pretende verificar la calidad de los trabajos, ya han ocurrido lluvias u otros eventos climáticos que no permiten establecer la empresa contratada laboró o no.
“Si hacen dragado hoy en la mañana y en la tarde cae una gran tormenta, el río crece y se vuelve a dañar. Eso no permite establecer si se cumplió con los requerimientos que se hicieron. Ese es el inconveniente que nosotros no hacemos verificación en el momento que se hace el dragado, sino dos o tres días cuando ya pasaron otros eventos. Es muy complejo verificar eso”, dijo el subcontralor.
Al consultarle qué impedía que se realizaran las auditorías en el momento en que se realizan las obras, indicó que a menudo las dependencias que realizan el dragado no le notifican a la Contraloría, sino hasta días después. “Si lo hace una empresa, se sube un evento (en Guatecompras) y entonces empieza el proceso de adjudicación. Cuando adjudican a la empresa acuerdan qué fecha van a empezar los trabajos de dragado. Si lo hace el Ministerio de Comunicación, podría ser más viable (auditar in situ)”, indicó Ramírez.
Otros factores
Tras ser cuestionado públicamente sobre los riesgos de corrupción en estas obras, el presidente Giammattei contestó molesto que se habían implementado medidas de control que evitarían corrupción.
“Lo felicito, no hagamos nada y que la gente se siga muriendo, no draguemos más de 200 ríos. Para su acervo cultural, están llenos de azolvamiento porque efectivamente en el pasado hubo corrupción, pero hoy tenemos métodos científicos en los cuales podemos medir exactamente la cantidad por controles de drones donde no interviene la persona humana”, dijo Giammattei molesto.
Sin embargo, esto no es suficiente y los riesgos persisten. Eddy Cux, de Acción Ciduadana, coincide con que uno de los principales impedimentos son las dificultades para fiscalizar las obras al momento en que se realizan.
A esto se añaden otras complicaciones. La primera es que estas obras surgen por estados de excepción y desde que se adjudica a la empresa se hace bajo el estado de calamidad. Esto faculta a las entidades a no realizar cotizaciones o licitaciones, sino adjudicar de forma directa, lo cual reduce los controles, disminuye los tiempos de la controle y también afecta la competitividad que podría haber en un evento de compra ordinario.
La situación se agrava porque que el gobierno tiene poder político que alcanza a los órganos de control como el Ministerio Público y además tiene el favor de la alianza oficialista en el Congreso de la República que no fiscaliza estas obras. Al contrario, cada vez elimina controles de la legislación ordinaria y provee de más recursos a los ministerios de Estado.
“Sin embargo, el primer foco de corrupción es la debilidad de la fiscalización de este tipo de obras y ahora más, porque si antes la Contraloría no podía, y había avances en la verificación de obras, ahora hay una debilidad institucional tanto en el Ministerio Público como en la Contraloría que son los órganos de control. Ahora resulta que estas entidades fiscalicen de forma objetiva”, dijo Cux.
Estado de calamidad
El estado de calamidad fue ratificado por el Congreso de la República el pasado 11 de octubre. Tanques de pensamiento como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) cuestionaron la medida ya que se altera el presupuesto de forma “antitécnica” y posiblemente inconstitucional.
“El decreto gubernativo original del Ejecutivo ha sido motivo de críticas, por haber sido declarado en todo el territorio nacional, cuando, en todo caso, las áreas afectadas se registraron solo en algunos departamentos. Además, al impactar a Guatemala, el fenómeno Julia se había degradado a depresión tropical, y afortunadamente, se disipó más rápido de lo que se temía, por lo que se debieron reevaluar los riesgos asociados y los daños causados por al impacto de este fenómeno natural, y reconsiderar la necesidad de la declaratoria de un estado de excepción”, comunicó el Instituto.
