Si una entidad estatal necesita ser mejorada sustancialmente con carácter de emergencia nacional en Guatemala, es la encargada de la persecución penal porque a nadie, por muy despistado que fuere, escapa la necesidad de dotarla de condiciones adecuadas para cumplir los fines que justifican su existencia.

Expreso lo anterior sin desconocer que en algunos momentos cruciales para la Nación, pese a sus carencias en recursos humanos y personal, el Ministerio Público ha estado a la altura de las circunstancias. Ha conseguido, por ejemplo, que sus investigaciones penetren en las oscuras cuevas del poder y ayuden en la caza de delincuentes cuya potencia criminal había permanecido oculta e intacta durante mucho tiempo.

Pero hubo años también en los que el Ministerio Público se comportó como la alcahueta mayor de los desmanes oficiales. Tiempos aciagos en los que algunos funcionarios de alto rango saquearon las arcas de las dependencias a su cargo, ordenaron ejecuciones extrajudiciales, intentaron exterminar a grupos nacionales por razones puramente políticas y perpetraron hechos que ofenden a la conciencia mundial, que propugna por la plena vigencia de los derechos humanos en todas partes de la Tierra.

Fuera de duda está, además, que la dependencia política del Ejecutivo hizo propicia la penetración de agentes encubiertos que dominaron en alguna medida el comportamiento del Ministerio Público y retorcieron el brazo a los responsables de las pesquisas cuando estos tocaban a las puertas de los sospechosos. Hecho esto en violación a la autonomía de sus funciones, consagrada en el artículo 251 de la Constitución Política de la República.

Lo anterior ocurrió, más notoriamente, años atrás, cuando el mandatario era rehén del Estado Mayor Presidencial y, desafortunadamente, esa situación continúa, en cierto sentido, por el hecho de que el Fiscal General, al amparo de la actual ley orgánica de ese ente oficial, es nombrado por el presidente de la República, funcionario que también tiene facultad de destituirlo, como ocurre cada cuatro años, porque cada nuevo gobernante quiere tener un Fiscal General a su gusto y medida, como traje de sastre, aunque en ocasiones extraordinarias, como sucede actualmente, el MP haya soltado las amaras y navegado como debe ser, en su propio barco de legalidad.

Oportuno es tratar estos asuntos públicamente ahora que el Congreso de la República está reformando la Ley Orgánica del Ministerio Público y, hasta el viernes pasado, le había introducido más de treinta reformas, una de las cuales, apropiadamente, pone un primer dique a la voluntad presidencial de destituir al Fiscal General, pieza fundamental para el buen funcionamiento de la acción pública penal y, en términos generales, para que pueda ser realidad el principio de autonomía funcional lo cual significa que en el ejercicio de sus funciones el MP no está subordinado a autoridad alguna y, por supuesto, esto incluye a la autoridad presidencial. Ahora solo podrá ser removido si delinque.

Los diputados deben comprender —y actuar en consecuencia— que Guatemala necesita un Ministerio Público fuerte, con un presupuesto alto y con muchos más fiscales de los que ahora tiene, para ser verdaderamente un auxiliar eficaz de la administración de justicia.

Porque, un Ministerio Público débil es padrino de la impunidad, y el ideal es que pueda contribuir a que la Guatemala soñada, por casi todos, sea en lo posible una zona geográfica libre de maleantes. Y ya es tiempo, por lo tanto, de comenzar a reformar otras leyes que den al Estado los instrumentos jurídicos necesarios para que Guatemala tenga una justicia pronta y cumplida, una Administración eficaz, transparente y dinámica, y un poder legislativo acordes todos a las necesidades y reclamos de la población.

Hacer realidad ese sueño corresponde a los políticos de buena fe, inmersos en el ejercicio del poder, dentro y fuera de las instituciones públicas; sin necesidad de que la presión internacional les dé empellones para que cumplan con su deber.