En lo que respecta al perfil, se aprobó el mismo que se utilizó en el proceso anterior, cuando fue electa Claudia Paz y Paz, actual fiscal general, aunque variaron algunos aspectos, sobre todo cambio de algunas palabras, pero en el fondo se seguirá el mismo método.
Sierra expuso en la reunión que aceptaron propuestas del Movimiento Pro Justicia, Guatemala Visible, la Universidad Francisco Marroquín y de los comisionados, para elaborar el perfil que utilizarán para los participantes.
Expedientes
La recepción de expedientes estará abierta ocho días y se cerrará el próximo 7 de marzo.
A partir del 10 de ese mes comenzará la revisión de expedientes para verificar si los aspirantes cumplen con los requisitos de ley.
Tres días después se publicará la lista de los expedientes excluidos por no llenar los requisitos establecidos.
Los comisionados se fijaron como plazo el 2 de mayo próximo para entregar la nómina de seis candidatos, de entre los cuales el presidente Otto Pérez Molina deberá designar al nuevo fiscal general.
Sierra dijo que la fecha de entrega de los seis expedientes se puede adelantar, aunque esto dependerá del ritmo de trabajo de los integrantes de la Postuladora.
El 20 de marzo se publicará la lista de los aspirantes que fueron admitidos para el cargo, mientras que la sociedad civil tendrá tres días para entregar las tachas o señalamientos que pudiera tener contra los postulados.
Punteo
Para la próxima sesión, que se efectuará mañana, se tiene previsto que los comisionados aprueben la tabla de gradación, que consiste en asignarle punteo a los candidatos.
Sierra manifestó que la tabla será utilizada en algún momento del proceso para la evaluación de los participantes al alto cargo en el ente investigador.
Otro punto que discutieron fue aprobar, cambiar o agregar palabras en el perfil que decidieron para aceptar a los competidores.
Uno de los aspectos que más tiempo les tomó fue decidir sobre aquellos candidatos que hayan representado o asesorado en forma habitual a los principales referentes del crimen organizado, sindicados de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones a los derechos humanos, corrupción, abuso de poder u otros delitos de alto impacto.
Los comisionados se enfrascaron en la discusión de cómo aceptar a esos aspirantes sin que afecte al momento en que pudieran ser tachados.
Al final aceptaron este apartado y aprobaron la palabra “señalados”.
Peticiones
Desde que se integró la Comisión, el 13 del presente mes, llegó correspondencia de sectores civiles.
Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), argumentó que Jisela Reinoso, decana por la Universidad Rural, no reunía las calidades para formar parte de la Comisión porque en su trabajo como jueza cuarta Penal, hubo retardo malicioso en el proceso que conoció por la desaparición del líder sindical Fernando García.
Reinoso les explicó a sus colegas que ella actuó conforme a la ley y que se excusó del proceso. Afirmó que la tardanza fue a nivel administrativo del Organismo Judicial.
El comisionado Fredy Cabrera pidió la palabra y afirmó que la labor de la Comisión no era conocer ese señalamiento, sino elegir a los participantes. El resto de integrantes lo apoyaron y no se discutió el planteamiento del GAM.
La Fundación contra el Terrorismo, por medio de su representante, Ricardo Méndez Ruiz, solicitó que fuera retirado el Movimiento Pro Justicia del espacio que le dieron para monitorear el trabajo de la Comisión.
También fue rechazada esta petición y los decanos dijeron que si otras instancias solicitaban un espacio para verificar su trabajo lo autorizarían.
Se acordó que la correspondencia será discutida al final de cada sesión, para lograr avanzar en el trabajo para el cual fueron juramentados.
Perfil del candidato
Los comisionados aprobaron 18 puntos que deben reunir los aspirantes.
Algunos de los requisitos:
Que haya desempeñado un período como magistrado de Sala de Apelaciones y Tribunales Colegiados, o haber ejercido la profesión por más de 10 años.
Tener 40 años de edad.
Ser un profesional de reconocida honorabilidad y honradez.
Preferentemente con experiencia en el sector justicia en la administración pública o privada, relacionada con la materia penal de investigación criminal y otras afines.
De preferencia, haberse desempeñado como fiscal del Ministerio Público o como abogado, con experiencia comprobable en investigación criminal y en material penal.
Con formación y desarrollo académico con estudios de posgrado en el campo de la investigación criminal, penal y afines con méritos obtenidos.
Que no haya representado o asesorado en forma habitual a los principales referentes del crimen organizado, señalados de narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión impositiva, delitos financieros, adopciones irregulares, violaciones a los Derechos Humanos, corrupción o abuso de poder, u otros delitos de alto impacto.
18 puntos se aprobaron para el perfil de los candidatos.
