Economistas también criticaron que la SAT gaste más recursos en una recaudación que en los últimos dos años no ha mostrado ninguna mejoría.
Muñoz negó, en conferencia de prensa, que se busque delegar funciones y que ya se haya elegido a una empresa argentina para adjudicarle el contrato que hasta ahora dispone de Q80 millones y una comisión de hasta 30 por ciento por el excedente de recaudación cada año.
Pese que la SAT lo niega, medios argentinos han señalado en anteriores ocasiones que la empresa Kolektor, encargada de la cobranza tributaria en Córdoba, Argentina, anunció que ampliará sus operaciones a Guatemala.
Presión sindical
Anthony Segura, secretario general del Sitrasat, señaló que ya se ha pedido la dimisión de Muñoz y de los integrantes del Directorio, y advirtió de que ceder las funciones de la SAT no garantizará una mejora en la recaudación de los tributos.
“Es función de ellos —el Directorio— hacer lo posible para mejorar la recaudación. Con esta acción evidencian su incapacidad para estar al frente de la institución”, indicó Segura.
Para el sindicalista, esas medidas también ponen en peligro la estabilidad laboral de unos cuatro mil empleados de la SAT.
Agregó: “¿Acaso no es comprensible, entonces, que la negligencia en la administración de la SAT llega a su punto más álgido que deciden contratar a otros que sean capaces para alcanzar las metas de recaudación tributaria? Es función de ellos hacer lo posible para mejorar la recaudación, o que renuncien”.
Muñoz no respondió sobre la demanda de que abandone el cargo.
La presión sindical también se manifestó en el 2013, cuando se demandó la renuncia del entonces superintendente Miguel Gutiérrez y cuya dimisión fue aceptada semanas después por el presidente Otto Pérez Molina.
En esta ocasión, Pérez Molina “no cree” que algo esté arreglado para adjudicar el contrato de servicio para la SAT, ya que se trabajará una licitación internacional en la cual espera la participación de diferentes empresas como una mexicana, otra argentina y de otros países, aunque no precisó nombres.
Según el gobernante, la denuncia de que se quiere beneficiar a una firma argentina es “adelantarse sin tener todo el conocimiento y certeza de cómo se hará todo el proceso”.
“Por supuesto, yo estoy respaldando a la SAT en este sentido, porque lo que estamos haciendo es tomar las medidas para evitar el contrabando, para evitar la evasión de impuestos y todo lo que pueda venir a ayudar para hacer una mejor recaudación”, insistió el mandatario en defensa del órgano recaudador.
Sin embargo, Pérez Molina evitó responder sobre los viajes a Argentina efectuados por funcionarios de la SAT que rodean la denuncia de un posible arreglo con una firma de ese país, al ser consultado en la Casa Presidencial, después de haber juramentado a Mynor Mejía como gobernador de Chimaltenango.
Rechazo total
Carlos Martínez, investigador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, señaló que aunque la SAT está en “el derecho y obligación” de buscar métodos de mejora de recaudación, no debería ceder una parte de sus funciones.
“No lo veo sano, por razones básicas: una, que la SAT fue creada como un órgano especializado para llevar a cabo la recaudación de impuestos del Estado, y licitar la concesión de Estado significa que se está declarando incompetente de hacer ese trabajo”, indicó Martínez.
El economista resaltó que “ha habido una intencionalidad de deteriorar la capacidad de la SAT en los últimos dos años, punto que es bastante cuestionable y puede haber una mezcla de intereses en participar en el reparto privado de los bienes del Estado”.
Hugo Maúl, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, advirtió de que con este contrato se aleja la verdadera necesidad de reformar sustantivamente la SAT y mejorar en el futuro su capacidad de recaudación.
“Aquí, lo que estamos haciendo es una evasión de la reforma y continuamos el debilitamiento de la institución y abriendo la puerta a otras intenciones”, aseguró Maúl.
Agregó que el pago de comisiones a la empresa beneficiada es un término cuestionable y de análisis necesario.
“Es importante tomar en cuenta que es un pago del 30 por ciento —de comisión—, es una contribución fuerte y motivo preocupante porque es un gasto tributario, un sacrificio fiscal que habría que contabilizar, además de las implicaciones legales”, enfatizó Maúl.
Pedro Prado, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ve en la medida avalada por la SAT un gasto innecesario porque se contrata a una empresa para que haga un trabajo por el cual ya se paga.
“Le compete a la SAT, y no debiera darse esa contratación porque es función de ellos hacer todas las acciones para elevar la recaudación, y además, una firma consultora no podría hacer mucho”, comentó.
Según el gerente de informática de la SAT, Sergio Barillas, se busca contratar análisis de datos, una serie de metodologías y procedimientos que ayuden a fortalecer el análisis de información interno.
También pretenden consolidar los sistemas que poseen, porque están dispersos, y que se tiene la experiencia de que en Argentina poseen esa unificación de análisis.
En el Congreso, varios diputados han anunciado citaciones al directorio de la SAT y el superintendente, para disipar las dudas en torno a la licitación que se prepara.
Postura
Necesitaría cubrir casi Q3 mil millones
El jefe de la SAT, Carlos Muñoz, junto a intendentes y gerentes de ese órgano, defendió ayer la intención de contratar a una empresa extranjera para mejorar la recaudación.
La SAT necesita cubrir Q2 mil 976 millones por medio de medidas administrativas (fiscalización, controles y otros), refirieron los funcionarios.
Entre esos, Q1 mil 500 millones de apoyo presupuestario que el Gobierno le requirió a la administración tributaria para este año, cuya expectativa quieren lograr con la contratación, dijo Muñoz. Los otros Q1 mil 476 millones fueron contemplados en el convenio de metas para el 2014, dijo el intendente de Recaudación, Omar Franco.
Según Muñoz aún elaboran los términos de referencia para la licitación, y que el pago a la empresa que se contrate será de una comisión, que podría variar desde 0.1% al 30%, pero con base en resultados.
El porcentaje de comisión se aplicará sobre el monto de crecimiento de recaudación que se logre, según las metas que establezca la SAT.
Agregó que esperan tener los términos de referencia la próxima semana, para que sean discutidos y aprobados por el Directorio de la SAT.
Tanto Muñoz como el intendente de Asuntos Jurídicos, Alfonso Castillo, explicaron que la licitación se hará con base en los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica de la SAT, y al reglamento interno de contratación de servicios, con lo cual el proceso llevaría unos tres o cuatro meses a partir de la apertura del concurso.
Respecto de que la ley no permite la delegación de la recaudación fiscal, Muñoz y Castillo explicaron que la contratación no es ilegal, porque no se trata de una delegación de funciones, sino de una consultoría para mejorar la labor de la SAT y recaudar más.-Por Rosa M. Bolaños.
Líder
Un abismo financiero
Álvaro Trujillo, diputado de Libertad Democrática Renovada, aseguró que las acciones de la SAT son ilegales.
“Demuestra el poco compromiso de este gobierno con los proyectos de nación. Es responsabilidad de la SAT y no puede delegar a ningún ente extranjero ni privado la recaudación, porque por Ley le corresponde a ella. Está clara la intención del Gobierno de querer privatizar la administración tributaria, porque de a poco se está perdiendo su autonomía”, afirmó.
Ejecutivo
El Estado no pagará nada
El presidente Otto Pérez Molina dijo después de una actividad oficial en la Casa Presidencial que el Estado no pagará nada a la empresa que contrate hasta que se alcance determinado nivel de recaudación, una práctica que se usa en otros países.
“La empresa ganadora se comprometería a hacer toda la inversión en aduanas, con equipo, y no le costará ni un solo centavo al Estado. Así que si se le llegara a pagar algo a esa empresa es sobre dinero que hoy no se está recaudando”, explicó.
Asíes
Sería inconveniente
Para el economista de Asíes Pedro Prado “no sería conveniente el pago a una empresa para asesorar a la SAT porque esa es su función. Sería como subcontratar”.
Agregó: “El objetivo acá es que la SAT tenga las capacidades técnicas para incrementar la recaudación, y no me estoy refiriendo a contratar empresas internacionales que vienen a descubrir el agua azucarada y es que cuenten con personal calificado para realizar las funciones que se les pagarán”.
