Desde el viernes último el presidente calificó de “sano” que se inicien debates para trabajar una iniciativa que modifique la Constitución Política de Guatemala y prolongue el período presidencial de cuatro a seis años.
Pérez Molina descartó que el Organismo Ejecutivo trabaje en un proyecto de esa naturaleza y el sábado último aseveró: “El debate se está dando en el Congreso de la República y me parece que es sano, que es bueno que ellos puedan continuar debatiendo”.
Pese a la afirmación del mandatario, el presidente del Organismo Legislativo, Arístides Crespo, dijo que oficialmente la Presidencia del Congreso no tiene conocimiento de que se trabaje esa iniciativa; pero no descartó que otros legisladores sí lo hagan.
Sería ilegal
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, expresó su desacuerdo con las declaraciones del gobernante y explicó que para lograr una reforma de ese tipo habría que modificar el Artículo 281 constitucional, que habla de los preceptos irreformables, que incluye el 187.
El abogado recordó que en el Artículo 187 de la Constitución se prohíbe de forma expresa la ampliación del mandato de un presidente y que no se puede reformar.
“Aunque el Artículo 281 no diga que no se puede reformar a él mismo, hacerlo para quitar alguno de los artículos irreformables sería una argucia legal baja y para mí un golpe de Estado”, declaró Molina Mencos, quien agregó que “la razón de ser de ese artículo es evitar que cuando un presidente está recién electo y goza de apoyo popular convoque a una constituyente y se quede de por vida. Ejemplos hay, lo que pasó en Venezuela o en Bolivia, entre otros”.
El experto indicó que esto es “constitutivo de delito”, y que en caso se llegara a concretar, aplicaría al próximo mandatario y no al actual, y que su “recurso de inconstitucionalidad sería de los primeros en llegar”.
Rodolfo Rohrmoser, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), razonó que “el presidente juró defender la Constitución” y que eso quiere decir que la conoce.
“Debe quedarle claro que el principio de alternabilidad de la Presidencia y de no reelección son normas pétreas en Guatemala, y que en consecuencia, el solo promover este tipo de ideas, se incurre en delito”, expresó.
A pesar de su análisis, reconoció que hay algunas personas, particularmente aquellos que creen en las reformas, que ya han indicado un procedimiento para hacer dichos cambios en la Carta Magna.
“Sin embargo, si ese procedimiento se lleva a cabo, la CC tendría que abortar esa iniciativa porque viola la Constitución, ya que esta es muy clara al decir que no se puede reformar en ese aspecto”, señaló Rohrmoser.
Sectores difieren
Daniel Pascual, coordinador del Comité de Unidad Campesina, opinó que a escala internacional existe una tendencia de discutir cambios que permitan reelegirse o ampliar el período de mandato.
“Lo hacen desde un punto de vista de reforma a la Constitución. En el caso particular del país, este no es ningún momento sano ni propicio para discutir este tema”, dijo.
Aseguró que en Guatemala “se está llegando a la mínima función del Estado frente a los problemas de la sociedad”, por lo que no apoyarían este tipo de reforma “ya que esto no fortalece la democracia”.
Mario Itzep, coordinador del Observatorio de Pueblos Indígenas, aseguró que “detrás de esta propuesta estaría implícita también una prolongación de los mandatos de los alcaldes y diputados”.
“Esto básicamente iría en son de intereses políticos. Hay que recordarle al presidente que él juró defender la Constitución y en este caso consideramos que la está violando”, declaró Itzep.
Expuso que el Gobierno necesita poner más atención a las demandas de la población, que no es momento adecuado de hablar de este tipo de propuestas porque “traería un aumento a la conflictividad electoral”, y descartó que apoyen una iniciativa de este tipo.
Giovanna Lemus, coordinadora del Grupo Guatemalteco de Mujeres, expresó: “En este momento no hay condiciones para iniciar un debate de esa magnitud, que representa cambios estructurales para el país”.
“Hay otras prioridades que se deben retomar. Existen otros problemas más severos que viven a diario los guatemaltecos y es ahí donde deberían estar centradas las energías de las autoridades”, afirmó Lemus.
Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que “el respeto al orden constitucional en Guatemala es una de las cosas que para el Cacif es muy importante”.
El empresario aseguró: “En este momento todas las cosas que se han escuchado referente a cambios en la Constitución son pura especulación. Habría que conocer realmente si hay un plan antes de opinar”.
Santiago Molina, presidente de la Cámara del Agro, expresó que el tema deberá consultarlo con el Consejo Agroindustrial antes de poder emitir opinión, porque es delicado.
Óscar Julio Vian, arzobispo metropolitano, reiteró ayer: “La propuesta debe tratarse y debe haber un verdadero diálogo. Si es para imitar a otras naciones, para conseguir estar siempre en el poder, allí sí es negativa mi opinión”.
Nueva forma de dar un golpe de Estado
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, dijo que no duda que “el presidente, como cualquier otra persona, tiene derecho a opinar, pero durante sus cuatro años de mandato tiene ciertas limitaciones que su cargo le impone”.
“Lo más grave es que él juró defender la Constitución y que esta dice que no se puede, y es punible modificar el principio de no reelección y el de modificar el período presidencial”, manifestó.
Afirmó que “si el presidente fuera respetuoso de la ley se abstendría de hacer una propuesta de este tipo, por muy sana que la vea”.
“Si nosotros tuviéramos un Ministerio Público (MP) independiente y cumplidor de la ley, hace ya un buen tiempo que hubiera iniciado una investigación de oficio, porque no se trata de que el régimen penal del país se reduzca al Código Penal, sino que la Constitución es la ley suprema”, afirmó el profesional.
Indicó que el hecho de que funcionarios afirmen que simplemente son rumores es peor que si existiera, porque “lo que están haciendo es una inducción ilegal a este tema. El texto constitucional no miente y en este momento quienes dicen eso están incurriendo en una grave responsabilidad ante la paciencia del MP”.
Orellana reconoció que hay posibilidad jurídica de modificar la Carta Magna, pero dijo “que estas modalidades en la tendencia del pensamiento político latinoamericano actual se llama neogolpismo”.
“Es una nueva forma de dar un golpe de estado, pero ya no por la fuerza, sino por la aparente legalidad. Lo más preocupante de este caso es que la iniciativa viene de funcionarios de muy alto nivel, que juraron defender la Constitución, y es lo menos que están haciendo”, aseguró el abogado.
