A 14 semanas de haber asumido el cargo, ¿tiene ya definidas sus prioridades?
Sí, están definidas y se sitúan en temas económicos, con una amenaza seria que ha surgido. Luego, en seguridad, migración y lo social, como las adopciones.
¿De qué amenaza económica habla?
Como consecuencia de las negociaciones comerciales que en el marco del TPP (Transpacific Partnership) se llevan a cabo entre EE. UU. y Vietnam, hemos detectado la necesidad de efectuar observaciones de carácter técnico sobre esas negociaciones y sus amenazas para el DR CAFTA, en especial en lo relativo a la industria textil, donde podemos afrontar, sólo en Guatemala, la pérdida de 90 mil empleos directos y US$1 mil 400 millones en exportaciones anuales.
¿Cuál es el riesgo?
Aunque el riesgo no es una violación directa al acuerdo DR CAFTA, se trata de una serie de excepciones o privilegios que podrían ser concedidos a la industria textil vietnamita. Sin violar directamente el tratado, los privilegios que EE. UU. les puede otorgar, como sería el caso de flexibilizar la regla de “hilaza en adelante”, lo violaría de facto, y nos saca del mercado casi de inmediato, porque en la práctica deja sin efecto lo logrado en el DR CAFTA. Eso sería una catástrofe para el país.
¿Qué medida de contención propone?
Hemos entregado ya en la Casa Blanca una carta del presidente Otto Pérez Molina dirigida al presidente Barack Obama, donde se explican las preocupaciones de nuestro país. A esa nota se agregó, días después, la del presidente de República Dominicana, mencionando el mismo riesgo para su país. Además, he conversado con autoridades en el Departamento de Estado y de comercio, y antes de que finalice este mes se efectuarán otras acciones.
¿Cuáles son sus acciones en seguridad, migrantes y adopciones?
Con respecto a los migrantes guatemaltecos, la prioridad se centra en darles apoyo en la medida en que las leyes de EE. UU. lo permiten. Para ello será clave la implementación de 11 nuevos consulados.
Otro tema prioritario es el seguimiento y apoyo en adopciones. Esto es una prioridad crítica que va adquiriendo un carácter muy delicado para Guatemala, por sus implicaciones y la importancia que le dan muchos senadores y congresistas de EE. UU., con quienes me he reunido. Aquí la tarea prioritaria es ser puente y facilitador entre el Congreso de EE. UU. y las autoridades en Guatemala. Es importante destacar el respaldo que dio a este tema la vicepresidenta Roxana Baldetti, el año recién pasado. Tengo la esperanza de que, de igual forma, el Organismo Judicial advierta su grave responsabilidad en esto.
En el ámbito de las relaciones bilaterales, estaremos trabajando la iniciativa planteada por el Presidente a través del canciller Carrera sobre un diálogo trilateral entre EE. UU., México y Guatemala para homologar sistemas y alcanzar con mayor celeridad objetivos en programas muy precisos de seguridad.
No se observa entre sus prioridades la instrucción presidencial de buscar el levantamiento del embargo militar que está vigente desde la década de 1980.
Es cierto, pero explico por qué he obviado el tema. Al llegar a Washington, he descubierto que si bien ese es un asunto incómodo, también es cierto que los otros ya enunciados cobran grave importancia. Hemos sobrevivido 30 años con ese embargo cuyas razones objetivas dejaron de tener vigencia. Tengo la misión de abordarlo, pero he acordado con el Presidente hacerlo oportunamente. De hecho, puedo afirmar que superar ese embargo o “restricciones”, como le llaman ahora, es tan importante para EE. UU. como para nosotros.
¿Cuál es la situación de la reforma migratoria?
Al asumir el cargo me quedó claro que el impulso de la reforma migratoria alcanzado tras la aprobación por parte del Senado de una propuesta de ley integral se detuvo por la negativa de la Cámara de Representantes a discutir dicha propuesta.
Tras el desacuerdo entre ambas Cámaras, la Reforma fue relegada a un segundo plano. La buena noticia es que hay un grupo que ha abierto una ventana de oportunidad hacia el final de la primavera de 2014 (abril-mayo), para que sea retomada e impulsada en el Congreso.
¿Podría ser aprobada en el 2014?
No necesariamente. Siendo realista, esta ventana estará condicionada por varios factores: primero, la aprobación del presupuesto, que ya tiene un preacuerdo entre demócratas y republicanos. Luego, la postura republicana, especialmente en la Cámara de Representantes; los Republicanos de la Cámara Baja —en donde son mayoría— han manifestado que no van a discutir la propuesta de ley presentada por el Senado en junio de 2013. Por el contrario, a través de leyes de menor espectro (“piece meal legislation”) han ido aprobando sus propias iniciativas de reforma migratoria.
Actualmente existen cinco leyes aprobadas por dos comités de la Cámara Baja que están dirigidas a reformar el sistema migratorio “por pedazos”. Cuatro de ellas, aprobadas por el Comité Judicial, abordan temas como trabajadores agrícolas temporales, empleo y verificación de estatus migratorio, seguridad interior y migración legal de personas altamente calificadas. La quinta, aprobada por el Comité de Seguridad Nacional, trata sobre seguridad fronteriza.
Parece que aún hay un largo trecho por recorrer. ¿Cómo afectará el año electoral la discusión de esa reforma?
Así es. El otro factor crítico son las elecciones al Congreso, en este año. Los 435 puestos de la Cámara de Representantes y 33 de los cien disponibles en el Senado van a comicios el 4 de noviembre. Esta elección condiciona de manera importante la postura de los Congresistas respecto de decisiones que puedan afectar una elección, como es la reforma migratoria. Tras el receso de agosto, aproximadamente el 87 por ciento del Congreso estará concentrado en reelegirse y no en asuntos de la agenda legislativa. Por lo tanto, la ventana de discusión de la reforma se ubica entre febrero y junio.
¿En qué situación se encuentra la apertura de nuevos consulados?
Aún no se han abierto. Fueron aprobados por el Departamento de Estado recién en noviembre pasado y esperamos que funcionen ya este año. Es importante destacar que estas 11 nuevas sedes consulares nos convierten en el segundo país con más presencia territorial en EE. UU., solo detrás de México, que tiene 51. Nosotros tendremos 25.
Este año habrá en Guatemala relevo de autoridades en el sistema de justicia. Se sabe que la comunidad internacional tiene interés en que el periodo de la fiscal general llegue hasta diciembre y no a mayo de 2014. ¿Ha recibido presiones de EE. UU. para que se cumpla con el plazo de diciembre?
La relación con el gobierno de EE. UU. al momento ha sido óptima. La diplomacia americana es mucho más precisa y clara, que alambicada y cifrada; son muy directos y eso nos permite a nosotros serlo también.
Cuando hemos abordado el tema de la Fiscal, ambas partes hemos coincidido en que su trabajo ha sido efectivo, y se reconoce que esa efectividad deviene también de un trabajo bien coordinado con el Ministerio de Gobernación. Pero sobre el plazo, no ha existido presión de EE. UU., y luego en el ámbito de la pregunta concreta, mi respuesta ha sido que la ley y la Corte de Constitucionalidad tienen la última palabra. Lo demás es especulativo o cumple con agendas que intentan influir a conveniencia.
En el caso de la Fiscal, ¿lo ideológico no ha afectado las discusiones en EE. UU.?
Como embajador debo alejar lo ideológico de cualquier discusión. Los temas son objetivos y así son tratados, tal y como lo hace el presidente de la República.
EL PAÍS EN WASHINGTON
Aspectos relevantes de la agenda nacional en la capital de los EE. UU.
Preocupa a Guatemala el impacto en empleo y divisas de un eventual trato preferencial de EE. UU. a Vietnam.
Se mantiene el plan de abrir 11 nuevos consulados, los que ya fueron autorizados por el Departamento de Estado.
Está en agenda un diálogo trilateral entre Guatemala, México y EE. UU., sobre seguridad.
Habría una segunda oportunidad entre febrero y junio para la reforma migratoria.
Existe interés en EE. UU. sobre la conclusión del mandato de la fiscal general, pero no ha habido ningún tipo de presión al respecto.
