El incremento entraría en vigor el 24 de abril, lo que provocó protestas violentas y quema de autobuses. Mientras, García-Gallont indicaba que no se podía dar marcha atrás a la medida.
Llega la tragedia
Luego de infructuosas negociaciones, la tragedia llegó el 27 de abril, cuando Roberto Martínez, reportero gráfico de PRENSA LIBRE fue asesinado por un guardia privado en la 7a. avenida y 20 calle de la zona 1.
Martínez cubría las manifestaciones que desencadenaron en saqueos de comercios.
Él siguió a la turba, que se movía en los alrededores del Centro Cívico, pero al pasar frente a una venta de repuestos, se escucharon varios disparos, hechos por el agente de seguridad. La multitud corrió, Martínez intentó cubrirse pero cayó herido. Dos periodistas intentaron aplicarle los primeros auxilios mientras llegaban los socorristas, quienes lo trasladaron al Hospital General San Juan de Dios, en donde murió.
Momentos después se capturó al agente de seguridad privada Gustavo Adolfo García, quien confesó haber disparado contra Roberto Martínez y otras cuatro personas, entre periodistas y manifestantes.
Ultimátum
El 29 de abril, el entonces presidente Alfonso Portillo, en un mensaje a la Nación, dio un ultimátum a los empresarios del transporte urbano, para que volvieran a cobrar las tarifas de Q0.75 y Q1 o intervendría el servicio.
Los transportistas accedieron, luego de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, con lo cual cesaron las protestas.
