Los tres funcionarios ingresaron al país ese mismo día y tenían programado asistir a una reunión en la sede del Parlacén, venían en caravana junto a otros diputados. Sin embargo, su vehículo se separó del grupo y se desviaron hacia la zona 10, y luego no hubo información de su paradero.
Al notar su ausencia, sus colegas parlamentarios dieron parte a la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades recibieron una alerta de un vehículo incendiado ese día por la tarde. A las 20 horas fue localizado el automotor quemado, registrado a nombre de Pichinte, en el interior de una finca.
La confusión sobre el móvil del crimen comenzó desde el hallazgo del vehículo.
Los gobiernos de Guatemala y El Salvador condenaron el ataque. Los miembros del Parlacén repudiaron el crimen y exigieron a las autoridades guatemaltecas esclarecer el caso.
Responsables
Tres días después del crimen, el 22 de febrero, fueron capturados cuatro policías de la División de Investigación Criminal de la PNC, quienes fueron señalados de ser responsables de ejecutar los asesinatos.
Estas capturas fueron gracias a los reportes de llamadas telefónicas, grabaciones de cámaras, señal satelital y la versión de un testigo.
Los capturados indicaron que fueron contratados para cometer el crimen, aunque desconocían que las víctimas eran diputados, supuestamente robarían un cargamento de droga valorado en US$5 millones. Los policías temían por su vida y se resistieron a declarar ante un juez.
Tres días después de su captura, los cuatro agentes fueron asesinados en la cárcel El Boquerón, Santa Rosa, en circunstancias que no fueron aclaradas.
El 28 de febrero se entregó a las autoridades Marvin Norberto Contreras Natareno, quien en su testimonio incriminó a sus compañeros pero no señaló a los autores intelectuales.
Tras los autores intelectuales
Durante las pesquisas se comprobó la participación de una banda criminal, encabezada por el entonces diputado y exalcalde de Jutiapa, Manuel de Jesús Manolito Castillo Medrano y del diputado salvadoreño Roberto Silva Pereira.
Testigos declararon que en cuatro reuniones se planificaron los asesinatos, los cuales fueron ordenado por Silva. Por el crimen fueron enviados a juicio Castillo y ocho integrantes de la banda de Jalpatagua, encontrados culpables en diciembre del 2010. Castillo recibió 203 años de prisión y siete sindicados penas de 17 a 210 años.
Otra hipótesis señaló como responsable del crimen a una estructura delictiva paralela en el Ministerio de Gobernación, la cual se habría apropiado de US$5 millones que transportaban los diputados.
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