La nota indicaba que por conducto del ministerio de gobernación se emitió el acuerdo correspondiente por medio del cual se adiciona al decreto 1,735, ley de cédulas de vecindad, los siguientes artículos, para dar facilidades al público en la obtención de cédulas.

Cuando diez o más personas, residentes en un lugar alejado de la cabecera municipal y de escasos recursos económicos, no pudieren o se les dificultare viajar a dicha cabecera para obtener su cédula de vecindad, por primera vez o reponerla, es obligación del alcalde, su secretario o el encargado de registro de vecindad, trasladarse al lugar donde los interesados residen para extenderles sus cédulas así como las de ciudadanía.

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Para tal efecto, los vecinos interesados, provistos de sus documentos, darán aviso al alcalde auxiliar de su domicilio y éste inmediatamente lo comunicará al alcalde municipal respectivo, quien asociado como corresponde y llevando la papelería necesaria se trasladará dentro de los 15 días después de ser requerido, para extender las cédulas de vecindad que procedieren.

Desembolso

Salvo el timbre fiscal y el pago que por derechos de reposición establece la ley, los interesados no están obligados a ningún otro desembolso para obtener su respectiva cédula.

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Se establece también que los gobernadores departamentales podrán hacer directamente a los alcaldes municipales el requerimiento para que los alcaldes se trasladen a los lugares donde residan las personas de escasos recursos económicos, a quienes se les dificulta viajar a las cabeceras departamentales para obtener tales documentos”.

Situación en el 2012

En diciembre de 2012, los magistrados dieron lugar a la inconstitucionalidad planteada el martes por el procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, contra el artículo 92 de la ley del Registro Nacional de las Personas (Renap), que establecía que el Documento Personal de Identificación (DPI) sería el único válido a partir de enero de 2013.

La acción planteada por el magistrado de conciencia, hacía referencia a la “fuerte cantidad de personas que están en trámites de su documento”.

Según estadísticas del Renap, hay cerca de 700 mil DPI que ya fueron emitidos pero aún no se han ido a recoger, se calcula que se iniciará el 2013 con 400 mil cuidadnos pendientes de obtener la identificación.

Alrededor de 800 guatemaltecos en Estados Unidos han hecho la solicitud del DPI, se estima que en ese país reside 1.5 millones de connacionales.

Ese mismo mes, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, informó que el Registro Nacional de las Personas solicitaría al Congreso una prórroga para la vigencia de la cédula de vecindad, para que los guatemaltecos que aún no han obtenido su DPI puedan tramitarlo.

Decisión final

El 24 de agosto de 2013, y luego de dos años de debate sobre la extinción de la cédula de vecindad, entra en vigencia el DPI.

Esta etapa marca el fin de un controversial documento, el cual estuvo vigente durante 81 años.

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En su momento, la cédula de vecindad fue objeto de duplicaciones y alteraciones, debido a que era extendida por el registro civil de las municipalidades y firmada por el alcalde turno.

De hecho, hubo casos en que muchas personas se avecindaban en varios municipios en los cuales obtenían un nuevo documento. Como era imposible de rastrear, se podía obtener dos o más cédulas con diferentes datos, incluido el año de nacimiento.

Respecto de este último dato, la alteración era muchas veces inadvertida, debido a la poca o nula comunicación entre las comunas.

Deficiencias

Supuestamente, la entrada en vigencia del DPI vendría a subsanar este y otros inconvenientes. Sin embargo, a más de tres años de su legalización oficial todavía se afrontan dificultades. Entre estas figuran apellidos mal escritos –en cuyo caso resalta la ausencia de la tilde-, dificultad para obtener la partida de nacimiento y carencia total de documentos que certifiquen la autenticidad del nacimiento.

Además, numerosos usuarios se quejan del servicio deficiente del Renap y la tardanza –hasta cuatro meses- para obtener el DPI. Sumado a ello, la institución se ha visto envuelta en casos de compras anómalas y corrupción.

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Como toda institución estatal, el Renap afronta problemas estructurales, que van desde la carencia de material plástico para impresión del documento hasta las infaltables y desesperantes colas en todas sus sedes.

Sumado a ello, arrastra una deuda de más de Q20 millones con Easy Marketing, el único proveedor de los documentos, firma a la que un juzgado ordenó seguir prestando el servicio.

De la cédula al DPI, hacia una identidad segura. (Video: tomado de Youtube)