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Descubren oficina de espionaje en Correos en 1993

El 27 de marzo de 1993 trascendía el descubrimiento de una oficina del hoy desaparecido Servicio de Inteligencia (D-2) en la Dirección General de Correos. 

Titular de Prensa Libre del 27 de marzo de 1993. (Foto: Hemeroteca PL)

Titular de Prensa Libre del 27 de marzo de 1993. (Foto: Hemeroteca PL)

Varias sacas con correspondencia dirigida al presidente Serrano y a altos funcionarios del Gobierno, fue descubierta en una oficina de correos, luego que los sindicalistas de ese servicio denunciaran la existencia de un departamento de la D-2, indicaba la nota periodística.

Los representantes de la Procuraduri?a de Derechos Humanos se presentaron en dos oportunidades para abrir la puerta de la mencionada oficina, pero fracasaron por no tener una orden del juez primero de paz penal, Mario Moreira, informo? el dirigente sindical, Bernardino Arriaza.

“Despue?s se invito? al juez para participar en la diligencia, pero se excuso?”, dijo. Por su parte, el delegado de la Procuraduri?a de Derechos Humanos, Carlos Escobar, solicito? permiso al viceministro de Comunicaciones, Carlos Montenegro, el cual fue concedido.

En horas de la tarde se presentaron para efectuar la diligencia; se mostro? toda la correspondencia retenida. El secretario general del sindicato de Correos, Bernardino Arriaza, expreso? que la violacio?n a los derechos humanos y al arti?culo 24 de la Constitucio?n de la Repu?blica era evidente.

Destinatarios

Los nombres que resaltaban en la correspondencia retenida esta? el del presidente Jorge Serrano, del ministro de Gobernacio?n, Francisco Perdomo Sandoval; procurador Ramiro de Leo?n Carpio, y Acisclo Valladares Molina, asi? como de la familia de la Premio Nobel, Rigoberta Menchu? Tum.

Adema?s, habi?an cartas dirigidas a otros funcionarios de la cu?pula gubernativa y de personas particulares. Tambie?n habi?an cassettes, cinta adhesiva camuflada, libros y revistas de todo tipo. El sindicalista, Edgar Batres, dijo que no seri?a raro que se encuentre correspondencia que pertenece a periodistas, diploma?ticos, sindicalistas y universitarios.

Por medio de un acta que fue certificada el año anterior, el sindicato de Correos revelo? el nombre de Juan Jose? Orellana Garci?a, quien labora para los servicios de inteligencia del Estado Mayor, dijeron. Al momento de redactar el acta -dijeron- el supuesto miembro de la D-2 escandalizo? con un arma al personal de correos.

En horas de la man?ana, al momento de presentarse la prensa a la direccio?n de Correos, los sindicalistas sen?alaron a uno de los encargados de la oficina, pero se escabullo? entre los pasillos ante la persecucio?n de varios empleados de Correos.


Inician investigación

El 30 de marzo de ese mismo año se anunció el cierre de la oficina secreta y el inicio de la investigación para determinar responsabilidades en los actos de violación a la correspondencia. 

El director de Correos y Tele?grafos, Gustavo Rosales Roma?n, reconocio? que la oficina operaba desde 1944, para fines de seguridad postal. Los laborantes lo hacen en forma empi?rica, pues no se cuenta con el equipo sofisticado para detectar explosivos, materias inflamables y narcotráfico, agregó. 

Rosales agregó que las personas que laboran en inteligencia están en planilla y no pertenecían a la D-2, pues la relación de los trabajadores era directamente con la dirección.

El sindicalista Edgar Batres ratificó la denuncia y dijo que el director pretendía desviar la atención de las autoridades para no desenmascarar a otros implicados. El director tiene presiones de altos funcionarios y temía decir la verdad, recalcó. 

La PDH obtuvo fotografías y videos, por lo que no podían esconder las evidencias de mutación de cartas. Además, en el acta 6-93 especificaba todas las acciones que se realizaron el día en que se abrió la oficina, puntualizó. 

El secretario de Relaciones Públicas de la Presidencia, Arturo Alvarado dijo que el MP investigaría para ver la posibilidad de abrir proceso contra los responsables de la oficina de inteligencia de Correos. 

El 16 de abril de 1993 se inició proceso contra un espía perteneciente al Estado Mayor Presidencial. Sin embargo se le dejó libre bajo fianza.

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