En el Archivo Histórico de la Policía Nacional (PN), ubicado en la zona 6 capitalina, no hay ni un solo documento que contenga una orden de ejecución o de desaparición forzada. Se cuidaron mucho de no ser tan específicos, pero dejaron pistas que —bien hiladas por expertos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH)— podrían ayudar a dar con los culpables de los abusos cometidos durante la época de la represión en el país.

Para probar el papel contrainsurgente que la Policía desempeñó de 1975 a 1985 ha hecho falta una gran dosis de paciencia y muchos ojos críticos, atentos a cada nombre, a cada dato, por muy insignificante que pareciera, que pueda ir completando el rompecabezas de las cientos de violaciones a los derechos humanos, cometidas por los agentes de la época y comandadas por personajes como el difunto Germán Chupina Barahona, ex director de la PN, o el prófugo Donaldo Álvarez, ex ministro de Gobernación.

Todo este rompecabezas que han ido formando los 160 trabajadores de la PDH, a cargo del rescate y análisis del archivo de la PN durante los últimos dos años, podrá servir como prueba documental, para presentar ante un tribunal, si es que las ejecuciones y 45 mil desapariciones forzadas son juzgadas algún día.

Este es el objetivo primordial por el que la Procuraduría se responsabilizó de este almacén de documentos en julio del 2005, luego de que el archivo de la PN fue hallado casualmente por una comisión del Área de Investigaciones, a cargo del historiador Edeliberto Cifuentes.

De los más de 80 millones de documentos que contiene este archivo, por ahora han sido clasificados y digitalizados cinco millones, los cuales ya han arrojado numerosas evidencias sobre las estrategias de la PN, los métodos que utilizaba para apoyar en el plan contrainsurgente, las cadenas de mando y las políticas de represión operativas.

Espías, en todos lados

Los documentos más sustanciosos son los enviados por los infiltrados y los clasificados como confidenciales. Según se ha podido constatar, la PN tenía espías en las fábricas, las iglesias, las universidades, los sindicatos y hasta en oficinas públicas. Uno de los reportes que más llamó la atención a los investigadores fue el que religiosamente enviaba todos los días un funcionario del Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que tenía como única función vigilar de cerca a sus compañeros.

“Estos documentos demuestran que la Policía tenía infiltrado absolutamente todo, ¿quién se iba a imaginar que hasta en el Insivumeh?”, se sorprende Gustavo Meoño, director del Archivo.

Estas personas reportaban a las distintas unidades de la PN las conversaciones de sus compañeros, los libros que leían y con quién se relacionaban. Algunos informantes aparecen identificados con sus nombres reales.

Los informes que se consideraban relevantes eran mecanografiados en un formato estándar, en el que no figuraba ni el emisor ni el remitente, al que se le ponía un sello de confidencial y que siempre era enviado al director de la PN.

En varios de los documentos que se han rescatado aparece una anotación en el margen izquierdo del folio, de puño y letra de Chupina Barahona, en la que dice: “Al Comando 6, se investigue y proceda”. Los documentos no pueden ser reproducidos en este reportaje, porque existe una prohibición expresa de su divulgación.

El Comando 6

El temido Comando 6, dirigido durante mucho tiempo por Pedro García Arredondo, junto con la antigua División de Investigación Criminal (DIC) eran los encargados de verificar la información y, finalmente, definir qué se hacía con el “sospechoso”.

El trabajo de los investigadores de la PDH es precisamente verificar qué sucedió con estas personas. En algunos casos se ha encontrado el parte de su detención, el registro de ingreso en prisión e incluso la exhibición personal, presentada por sus familiares ante el juez, tras su desaparición.

Hasta ahí llega el registro de la PN. Pero si esta persona apareció muerta después con signos de tortura, no es difícil deducir qué significaba la orden “investigue y proceda”, aunque no lo diga explícitamente ningún documento.

También se han encontrado listas de personas que fueron detenidas durante allanamientos, en operativos especiales o en redadas de rutina. Estas aprehensiones, en apariencia legales, se convirtieron después en desapariciones forzadas, ya que no se volvió a saber de ellas.

El Archivo también ha arrojado información sobre las diferentes estrategias que se trazó el Estado, desde 1954 hasta 1985.
Aunque la PN se creó el 2 de septiembre de 1881, su papel represor no empezó hasta la caída del gobierno de Jacobo Árbenz, en 1954, y llegó a su etapa más crítica en 1975 a 1985, durante los gobiernos de Romeo Lucas García, Efraín Ríos Montt y Humberto Mejía Víctores.

Entre 1954 y 1964, la estrategia del Estado era anticomunista, dirigida a impedir que volviera a organizarse un movimiento político pro comunista. Buscaba golpear en todos los ámbitos y generar temor en la ciudadanía. El papel de la Policía era fichar a gran número de población, denunciada por los comités anticomunistas, y encarcelarla.

Entre los documentos se ha encontrado una orden en la que se solicitaba la ubicación, detención y encarcelamiento preventivo de una lista de personas, para evitar que pudieran manifestarse durante la visita al país del vicepresidente estadounidense Richard Nixon, en 1955.

Los cadáveres

En los años 1960, el número de personas que aparecían muertas con signos de violencia en la metrópoli era relativamente bajo, y los datos que aparecían en los reportes policiales sobre las características de los cadáveres eran bastante específicos.
En la década de 1970, las cosas cambiaron. El número de asesinatos creció, pero en los circunstanciados policiales la causa de la muerte de cientos de jóvenes de entre 20 y 30 años quedó registrada como “paro cardiaco”.

Tras el surgimiento del movimiento guerrillero, se puede identificar con mayor claridad el desarrollo de la estrategia contrainsurgente en la PN. En ese momento, el Estado le asignó una función más específica, subordinada al Ejército.

La Policía actuaría solo en las áreas urbanas y se dedicaría a crear redes de informantes, que les permitieran desarticular cualquier movimiento intelectual, sindical o político que pudiera apoyar directa o indirectamente a la guerrilla.

La Sección de Investigaciones Internas de la DIC era la encargada de procesar gran parte de esta información. Según se ha establecido, aunque la DIC cambió de nombre varias veces durante su historia, su estructura básica nunca varió, por lo que este tipo de secciones permanecieron en el tiempo.

De hecho, según consta en los documentos, había incluso una estrategia encaminada a la permanencia en la institución de figuras clave de la represión.

A lo largo de 20 años, hubo diferentes caras visibles en el papel represivo asignado a la Policía. “Cada vez que había un escándalo alrededor de la institución, estas caras visibles se convertían en cabezas cortables, mientras las personas con verdadero poder en la institución se mantenían ocultas e inamovibles”, afirmó Meoño.

Éstas no eran estructuras clandestinas, sino que constaban dentro del organigrama, pero siempre en un segundo plano.
De 1975 a 1985, la PN estaba compuesta por un director general, un subdirector, un inspector general y seis cuerpos operativos, junto con las delegaciones departamentales.

Método de investigación

Para hacer más eficiente la investigación, la PDH seleccionó las unidades que consideró podrían haber cometido mayores excesos y que a la vez servirían de modelo para el análisis de las restantes. Asimismo, los investigadores fueron divididos en grupos, para el estudio de los documentos, y tenían como base en estas mismas unidades: Dirección General, Inspectoría Interna, Segundo Cuerpo, Jefatura de Quetzaltenango, División de Investigación Criminal, Gabinete de Identificación y Comité de Operaciones Conjuntas.

Es obvio que se le puso especial atención al Comando 6, brazo operativo del Segundo Cuerpo, que generalmente recibía órdenes del director y que operó durante todo el gobierno de Lucas García, y al Sexto Cuerpo, unidad creada durante el gobierno de Ríos Montt, para sustituir al comando.

Palabras clave

Dentro de los documentos que analizan estos equipos de trabajo, se buscan palabras clave, como desaparición, secuestro, tortura, cadáver XX o nombres de personas cuyos familiares hayan denunciado su desaparición o ejecución ante la PDH. Ya se han identificado 30 mil documentos clave, que han sido digitalizados e introducidos en una base de datos, para ir armando los casos.

Los documentos tienen un gran valor, para establecer la cadena de mando y el control que los jefes tenían sobre sus subalternos. Nada se movía en la Policía sin que las autoridades superiores lo supieran. Para mantener informado al director, cada cuerpo de la PN emitía informes de novedades, que eran resumidos en la Inspectoría.

La Inspectoría General asumía también el control interno de los agentes e imponía duros castigos a quienes no cumplían las normas. Se ha encontrado reportes de castigos de un mes de encierro, por hablar por la radio de la patrulla temas personales.
Los planes operativos eran generados principalmente por el Comité de Operaciones Conjuntas, es decir, por el grupo de tarea formado por policías y militares.

A esta unidad también llegaba mucha correspondencia confidencial de informantes. Esta es la sección que confirma la subordinación de la Policía a los militares, quienes finalmente recibían a muchos de los detenidos, para sacarles información o enviarlos a prisiones militares.

Aunque por ahora solo se ha podido analizar el 6 por ciento de los documentos que alberga el Archivo, a través de un programa estadístico que toma muestras aleatorias de todos los papeles se ha establecido que por lo menos el 15 por ciento contienen pruebas de violaciones a los derechos humanos.

Si esto es así, ¿por qué nunca destruyeron el Archivo? Según Alberto Fuentes, uno de los encargados del proyecto, lo conservaron porque “esta es la prueba de su triunfo”, pero lo que no sabían es que quizá se convierta en la de su condena.

Actualidad

• En julio de 2009 el Archivo Histórico de la Policía Nacional pasó de depender del Ministerio de Gobernación al Ministerio de Cultura y Deportes, bajo la supervisión del Archivo General de Centro América. 
• A julio de 2017 se contabilizan más de 20 millones 260 mil folios digitalizados.