La creación del CANG se debió en mucha parte a los afanes del entonces señor oidor don Antonio Norberto Serrano Polo, “quien lleno de patriotismo y amor a la ropa que visten los profesores, comenzó a promoverla y con su influxo facilitó en el supremo Tribunal de la Real Audiencia cuanto era conducente para su ejecución”, según lo publicó la Gazeta de Guatemala en 1810.

Comenzó a crearse el expediente sobre dicha solicitud -según consta en la Gazeta- y en consecuencia se comisionó a cuatro letrados para que junto con el oidor se formasen los estatutos que debían regir el colegio. Concluidos los estatutos, se presentaron al supremo tribunal que los aprobó y mandó en real providencia del 2 de junio de 1810, se procediese con la debida pureza a la elección de los oficios, que se verificó el cinco de junio del mismo año.

Resultaron electos, como decano, el doctor Manuel Talavera; diputado 1o., licenciado Antonio Isidro Palomo; diputado 2o., doctor José Aycinena; diputado 3o., doctor Bernardo Martínez; diputado 4o., licenciado Pantaleón Isidro del Águila; presidente de la academia, doctor Juan de la Cruz Moreno; vicepresidente, licenciado José Antonio López fiscal contador, licenciado Antonio Robles; secretario, doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca; prosecretario, licenciado José Ántonio Larrave; tesorero, licenciado Mariano Méndez y recaudador, licenciado Miguel Aragón.

El patronazgo y origen de la celebración

Organizado así el cuerpo pasó en forma a presentarse el presidente y demás ministros de la real Audiencia, de quienes recibió todo el honor correspondiente. Dice la crónica de la Gazeta de Guatemala: “Goza este cuerpo del tratamiento de Ilustre, y tiene por patrona a Nuestra Señora de La Merced, a cuya iglesia fue el primer día de Pascua del Espíritu Santo, precedido del Exmo. Señor Presidente y Real Audiencia, a dar gracias al Altísimo por su feliz instalación. Se cantó la Misa con toda la solemnidad que se podía apetecer y pronunció el M.R.P. Provincial Dr. fray Luis García un sermón digno de su pluma”.

El tratamiento de Ilustre, para el Colegio de abogados lo otorgó la real audiencia, al aprobar los estatutos de la nueva entidad, según las constancias históricas. La carátula de los estatutos decía: “Estatutos del ilustre Colegio de Abogados de la Real Audiencia y Chancillería de Guatemala. Los respectivos al montepío de viudas y pupilos en el mismo y los correspondientes a la Junta de Jurisprudencia Teórico Práctica bajo la orientación del Colegio”.

A continuación, en la primera hoja, se lee: “Parte primera sobre el Colegio. Estatutos. De los Santos Patronos. 1. Lo será la Santísima Virgen María de la Merced y el Glorioso San Ivo, bajo cuya inmediata protección se establecerá el Colegio. En su obsequio, culto y devoción celebrará su festividad el próximo día festivo el 24 de septiembre, con misa cantada y sermón en la Iglesia dedicada en esta capital a la misma Virgen Santísima, u otra, según acomodaran las circunstancias; no debiendo exceder los gasto de la función de la cantidad de cincuenta pesos, con que deberán contribuir a prorrata los individuos del cuerpo existente en esta capital, y si la piedad de algunos se excediere a dar más de lo que se le toque en el prorrateo, se destinará al Montepío, haciéndose lo mismo con lo que importare la limosna de Misa y sermón en el caso, que aquellas, y este la cante y pre-“.

Hasta ahí llega la primera hoja de los estatutos iniciales del Colegio. Del mismo histórico documento se deriva la celebración del día del abogado el 24 de septiembre de cada año.

Fue tan trascendental en la vida del país la fundación de esa nueva entidad, que el presidente y el supremo tribunal del reino le concedieron autorización a sus miembros para celebrar sus sesiones generales y particulares y las de la academia de derecho teórico – práctico en la real sala de acuerdo.

La primera sesión

El Colegio de abogados celebró su primera junta general el 29 de junio de 1810. En esa oportunidad se leyó el real decreto de instalación del soberano consejo de regencia de España e Indias, con un oficio del presidente gobernador y capitán general para que se procediese a su reconocimiento y obediencia. Se acordó ejecutarlo con la solemnidad y decoro que exigía un acto tan importante, después de una misa de acción de gracias oficiada en la capilla real y se extendió el acta con algunas reflexiones sociales.

Entre esas reflexiones, aparece en la Gazeta de Guatemala una que dice: “Creado ahora el Ilustre Colegio a tiempo que la Suprema junta ha dado al Consejo de Regencia la autoridad que depositaba, es indubitable que aquel justo y debido reconocimiento que se hizo como de particularidades, se presente con superioridad de razones por este cuerpo ya organizado, a la Majestad Nacional, que es tan precisa, como necesaria en la sociedad civil”.

“Su existencia debe conservarse a cualquier precio, proque siendo la condición del hombre tan inconstante en sus deseos, reconoce sin embargo, uno, que es el fundamental, o la raíz de todos los demás, y es el deseo de ser feliz”. En otro párrafo se lee: “Teniendo pues el honor de este Ilustre Colegio de dar principio, después de instalado, a su primer acta, y Junta Generalc on la ovediencia y juramento que presta conforme a las Leyes, a la Soberanía y lexitima autoridad representante de nuestro amado Rey y Señor D. Fernando VII, a quienes se somete y presta en gloria suya defenderla en todo trance, jura sobre los Santos Evangelios cumplirlo con todo el esfuerzo, y fidelidad que exige el vasallaje, hasta derramar la sangre contra el tirano Napoleón y sus partidarios».

Posteriormente, en 1821, los abogados socios del Colegio participaron en la redacción del acta de la independencia y fueron de los más ardorosos partidarios de la emancipación. En ese año los afiliados al Colegio de abogados eran los siguientes profesionales: Decano licenciado Eusebio Castillo; diputados: presbíteros doctor Pedro Ruiz Bustamante, el doctor marqués de Aycinena, doctor Alejandro Díaz Cabeza de Vaca y licenciado Vicente del Pliélago.

Conforme al artículo 20 de los estatutos del Colegio, se pagaban los siguientes derechos: por matrícula de abogados de la república, 15 pesos; de fuera de la república, 100 pesos. Los pasantes pagaban por las clases de derecho teórico práctico y administrativo, dos pesos cada año; por clases de literatura española y derecho de gentes, dos pesos cada año; por clases de derecho público constitucional y economía política, la misma suma y por las de jurisprudencia médica, también dos pesos anuales. Derechos de secretaría, por por cada boleta de matrícula, cuatro reales; derechos de exámenes anuales, para el fondo del Colegio en cada ramo del curso respectivo, pagarán —dice la Gazeta— un peso. Al presidente, examinadores y secretario, un peso a cada uno. Previos al recibimiento: al presidente y examinadores, cuatro pesos a cada uno; al fondo cretario, diez pesos; al fondo del colegio, 25 pesos y al Consejo, 3 pesos. En total 50 pesos.

Dichos aranceles se aprobaron el 18 de mayo de 1868. Baste decir que a la fecha, el Colegio de abogados es una de las instituciones más serias del país, en cuyo seno están afiliados  todos los profesionales del derecho.