La iniciativa aprobada como decreto 1028 promovería una mayor protección a la industria nacional, evitar mayores fugas de divisas y proporcionar al fisco mayores ingresos para financiar las obras administrativas del régimen, en ese entonces presidido por el coronel Jacobo Árbenz Guzmán.
La ley impositiva entraría en vigor el día 10 de diciembre de dicho año y detallaba los siguientes rubros: un quetzal por kilo bruto, el champagne, vinos espumosos y whiskys hasta de 50 grados Gay Lussac; treinta centavos a los vinos de frutas; veinte centavos a las cervezas con envases de vidrio, y diez centavos a las cervezas enlatadas o de otros envases.
La comisión de hacienda informó que el cognac francés seguiría pagando los porcentajes vigentes, en vista del tratado comercial entre Guatemala y Francia, el cual fue denunciado por el gobierno. Al cesar los efectos del tratado, el cognac francés pagaría sobre los setenta centavos por kilo bruto que tenía en ese entonces, un aforo adicional de dos quetzales y medio, contenido en el decreto que aumenta los impuestos de los artículos de lujo, emitido tiempo atrás, decreto que no se había podido aplicar por la vigencial del mencionado tratado comercial.
Los diputados ponentes de la iniciativa justificaban que dichos productos extranjeros no constituían un consumo de la mayoría de habitantes “si no por el contrario lo consumen personas de suficiente solidez económica, ya que el resto de la población consume en su mayor parte licores y bebidas fermentadas que se elaboran en el país”.
Los detractores de la iniciativa, diputados Jorge Adán Serrano y Gustavo Guillén manifestaron que no era esa la forma de favorecer a la industria nacional y que había que tomar en cuenta la mala calidad de los licores producidos en el país; que con los nuevos impuestos se hará prohibitiva la venta del del whisky, con daño para el comercio y el fisco, y que de seguro se aumentaría el contrabando.
Algunos comerciantes al conocer la iniciativa en noviembre de dicho año aumentaron los precios de los productos, aún cuando no se había aprobado el decreto. Otros tomaron la decisión de ocultar los productos y sacarlos a la venta cuando entraran en vigencia los nuevos impuestos.
Sondeos a ciudadanos fueron publicados el 10 de noviembre de 1953 y se les preguntó sobre las consecuencias que tendría el nuevo impuesto a la cerveza. Esto respondieron algunos:
El efecto es desastroso, en el caso de nosotros los dueños de restaurantes nos la venden más cara, nos vemos obligados a subirle proporcionalmente el precio, y la venta baja inmediatamente, expresó el señor Carlos Brolo, restaurante El Portal.
Otro comerciante expresó que no se explicaba como el gobierno hablaba del alto costo de la vida y a cada rato aumenta los impuestos.
Una ama de casa dijo: Yo comprendo que la cerveza no es un artículo de primera necesidad, aunque sí es un alimento y la mayoría de la gente consume la elaborada por fábricas guatemaltecas.
