El 31 de enero de 1983 se publicó que de 70 personas juzgadas en los tribunales de fuero especial 20 fueron condenadas a diversas penas desde seis años de prisión hasta la pena capital, mientras que otras 50 personas fueron absueltas. Esta estadística incluye a las cuatro personas fusiladas hacía algunos meses, agregó Asturias.
El funcionario explicó que los tribunales operaban como cualquier otro, con la excepción de que ni el reo ni el abogado defensor conocían al juez. Esto permitió que cada juicio fuera fallado sin presiones de ningún tipo, y que los juzgadores y sus familias estuvieran seguros.
Las pruebas de cargo y descargo eran presentadas por escrito con entera libertad y sin presiones de ninguna naturaleza, señaló Asturias.
El funcionario dijo que en una sociedad que había alcanzado cuotas tan altas de violencia, solo una institución como los tribunales de fuero especial permitían la recta administración de la justicia en beneficio de la sociedad.
De no ser por este instrumento, ningún juez se atrevería a dictar sentencia de muerte especialmente en casos de subversión.
Entonces, la disyuntiva que tiene la sociedad, es apoyar los tribunales de fuero espacial o aceptar que la justicia se termine administrando sin juicio, por medio de escuadrones de la muerte, de detención de vehículos en los que son transportados los reos para secuestrarlos y asesinarlos, lo cual no se puede permitir en una sociedad, agregó.
Pena de muerte
Escuchar la noticia de que un reo había sido sentenciado a muerte era doloroso, pero también había que ver el otro lado de la moneda, de las familias que habían quedado en el desamparo, por el asesinato de sus seres padres y el daño moral, a niños mujeres que quedaron viudas.
Asturias señaló que si se compara el último mes de diciembre, es decir de 1982, con el de 1981, se podía observar que las cifras de personas muertas por actos del crimen común se habían reducido de seiscientas a cien.
Por último, el funcionario recalcó que era lamentable fusilar, pero aún más lamentable que el crimen aumente y sea aún mayor el número de víctimas o que el estado ricura a la justicia paralela.
En acción
El primero en enfrentar a los jueces sin rostro fue el ex ministro de Educación, coronel Clementino Castillo Coronado, el 7 de junio 1982, acusado de malversación de fondos estatales, ya que supuestamente habría comprado el cine Avenida, hoy teatro de Bellas Artes.
El exfuncionario fue llevado a guardar prisión en el cuartel general “Justo Rufino Barrios”, manifestó el ministro de Gobernación y miembro de la junta de gobierno general Horacio Maldonado Schaad.
16 de septiembre 1982
Son condenados por el fuero especial a la pena de muerte Jaime de la Rosa Rodríguez, Julio Hernández Perdomo, Julio César Vásquez Juárez y Marcelino Marroquín. Fueron fusilados en el interior del Cementerio General, bajo una lluvia pertinaz.
1 de febrero 1983
Héctor Haroldo Morales López, Marco Antonio González de nacionalidad hondureña, Carlos Subuyuj Cuc y Pedro Raxon Tepet corren la misma suerte.
Los Hermanos Sergio Roberto y Walter Vinicio Marroquín González son condenados a muerte el 2 de febrero 1983, la Corte Suprema los ampara provisionalmente.
9 de marzo de 1983
Jesús Enrique Velásquez Gutierrez alias “el Gringo”; Julio César Herrera Cardona, alias “Levadura”, y Mario Ramiro Martinez González, también son sentenciados a la pena capital.
21 de marzo de 1983
El abogado Francisco Reyes Ixcamey, quien inició la defensa de los reos Mario Ramiro y Rony Alfredo Martínez González, así como de Otto Hugo Virula Ayala, a quienes los tribunales de fuero especial sentenciaron a la pena de muerte, por “haber asaltado y violado a múltiples damas”, renuncia a continuar con la defensa de los procesados debido a múltiples amenazas de muerte por vía telefónica y por escrito.
Opina un ciudadano
Alfredo de Jesús López Rangel, vendedor de cerámicas expresó sobre la pena de muerte: “Mire usted. Si las personas que fusilan son encontradas culpables, que los fusilen; esto representa seguridad para la gente honrada; pues no hay derecho que uno que está en paz, sufra los atropellos de los delincuentes”.
Por el contrario, Marcos de León, operador de tractores, opinó: “Eso no soluciona los problemas de Guatemala”.
Suspendidos
El 26 de octubre 1983, Ríos Montt suspende los juicios que se llevaban a cabo en los Tribunales de fuero especial, luego de que atendiera lo requerido por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
“Por ahora, hemos suspendido los fusilamientos. Tenemos gentes sentenciadas, pero se les está dando la oportunidad de presentar más recursos”, dijo entonces el jefe de Estado.
