A las 10 horas, la sala estaba llena, y el público sólo esperaba el inicio del acto. La llegada de Arzú, pasó desapercibida, pues todos tenían la mirada puesta en el escenario.
A las 10:15, se corrió el telón, y las luces se encendieron. Los aplausos no se hicieron esperar, ante la expectación de conocer la verdad acerca de las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la guerra.
El primero en hablar fue el comisionado Alfredo Balsells Tojo, quien dijo: “El silencio fue roto”. Al escuchar estas palabras, el público interrumpió el discurso con aplausos. Balsells finalizó con la frase “la misión está cumplida”.
Los comisionados hicieron entrega del informe a representantes de la URNG, Gobierno y Naciones Unidas. Cuando el coordinador de la comisión, Christian Tomouschat, empezó a presentar el informe en líneas generales, el silencio invadió el lugar.
Al escuchar que la mayoría de responsabilidades eran de las fuerzas de seguridad, se empezó a escuchar el grito: “¡justicia, justicia!”, que poco a poco se dispersó por toda la sala.
Durante el discurso de Tomouschat, algunas viudas lloraron, al recordar cómo sus esposos fueron desaparecidos y nunca más se conoció su paradero.
Durante el acto, la CEH recordó a monseñor Juan Gerardi asesinado el 26 de abril de 1998. Al finalizar el acto, Arzú subió al escenario, donde se esperaba que recibiera el informe; sin embargo, sólo saludó a los integrantes de la mesa principal y partió. Luego, se cerró el telón.
Acusación por genocidio
Los señalamientos por genocidio hacia agentes del Estado fue lo destacado en la entregad del informe que rindió la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, CEH, acerca de los años del conflicto armado interno.
Los aplausos de la concurrencia en el Gran Teatro no se hicieron esperar, cuando el coordinador de la CEH, Christian Tomuschat, con voz pausada pero firme, dijo: “En el marco de las operaciones contrainsurgentes, efectuadas entre 1981 y 1983, en ciertas regiones del país, agentes del Estado cometieron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya”. Durante el periodo señalado, al frente del EStado se encontraban los generales Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt.
El señalamiento de la CEH fue planteado sobre la base de una profunda investigación, y habiéndose tenido en cuenta las definiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción de Genocidio, ratificada por Guatemala en 1949.
De acuerdo con el artículo 11 de dicho instrumento jurídico, se entiende por genocidio la matanza de miembros de un grupo, la lesión grave a la integridad física y mental, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que conlleven su destrucción total, así como medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo.
Eso, según la CEH, se logró comprobar, ya que “durante la guerra, mediante masacres y operaciones de 'tierra arrasada', planificadas por fuerzas del Estado, se exteminaron por completo comunidades mayas, se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos esenciales de sobrevivencia”.
El genocidio, por ser delito de lesa humanidad, es castigado en cualquier parte del mundo, y no prescribe. De ahí, que la comisión haya planteado que el Estado cumpla y haga cumplir la Ley de Reconciliación Nacional, y lleve a juicio los delitos cuya responsabilidad penal no se extinga. Esto fue posible años después cuando se llevó a juicio al general Efraín Ríos Montt en mayo de 2013 y fue condenado por genocidio y deberes contra la humanidad, sin embargo tras apelar la sentencia, el juicio se retornó a una fase inicial y en la actualidad se encuentra aún en proceso.
Víctimas y victimarios
La CEH registró 669 masacres perpetradas por las fuerzas responsables, y también estableció que “muchas de ellas y otras violaciones a los Derechos Humanos respondieron a una política superior, estratégicamente planificada, que se tradujo en acciones que siguieron una secuencia lógica”.
En las 669 masacres se incluyeron las efectuadas por el Ejército, Patrullas de Autodefensa Civil PAC, comisionados militares y la URNG.
Los casos investigados suman aproximadamente 42 mil víctimas de violaciones, entre éstas, más de 29 mil fueron ejecutadas o desaparecidas. “Con la combinación de estos datos con otros estudios efectuados, hemos llegado a la conclusión de que el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fraticida llega a más de 200 mil”, señaló el comisionado, al tiempo que las lágrimas corrieron por las mejillas de muchos de los presentes.
Tomuschat destacó que “la CEH cuenta con evidencias de distinto origen; entre otras, declaraciones de antiguos miembros de servicios de seguridad del Estado y documentación desclasificada, las cuales demuestran que los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial fueron los autores intelectuales y organizadores directos de capturas, interrogatorios ilegales, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones”.
A los grupos guerrilleros también se les atribuyó actos de violencia. La CEH comprobó que estos grupos fueron responsables de ejecuciones arbitrarias de miembros de sus propias organizaciones. Se les atribuyen 32 masacres perpetradas, en su mayoría, entre 1981 y 1982.
La CEH concluyó que la explicación de fondo del enfrentamiento no puede reducirse a una lógica de dos actores armados: la participación de los partidos políticos y fuerzas económicas en la génesis, desarrollo y perpetuación de la violencia, fueron una constante. Al momento de presentar el informe la CEH quedó desintegrada.
Intervención extranjera
La CEH en el informe señaló a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y a Cuba de haber tomado parte en la guerra librada en el país. “El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de diferentes dependencias, incluida la CIA, apoyó directa e indirectamente algunos operativos ilegales del Estado guatemalteco, durante la guerra interna”, indicó el informe.
Las investigaciones de la CEH revelaron que “hasta mediados de la década de los ochenta, hubo fuertes presiones del Gobierno de los Estados Unidos y de empresas norteamericanas para mantener la arcaica e injusta estructura socioeconómica del país”.
El embajador de EE. UU. en Guatemala, Donald Planty, salió al paso de las acusaciones, al asegurar que “fue una interpretación falsa de los hechos”. Agregó que su país aportó más ayuda económica que cualquier otro al proceso de pacificación que vive Guatemala, “y lo sobresaliente es que haya reconciliación entre ustedes”.
Recomendaciones
El informe de la CEH recomendó que era indispensable la depuración del Ejército, sobre todo a los oficiales del Ejército en activo durante el enfrentamiento armado y que se creara una nueva doctrina militar, la cual establezca los principios básicos para la relación correcta entre el ejército y la sociedad.
Para lograr esta nueva doctrina y filosofía militar, la comisión consideró necesario que el informe elaborado se estudie, como parte del pensum educativo de centros del Ejército. Asímismo, que en las currículas de educación primaria y secundaria se incluya la enseñanza de las causas, desarrollo y consecuencias de la guerra. Otras recomendaciones de la CEH radicaban en la dignificación de las víctimas con monumentos y parques públicos y el resarcimiento.
