Los tres están acusados por el Ministerio Público de “asociación ilícita” por su participación en las manifestaciones que han tenido lugar durante los últimos meses en el país y Samy fue detenida en una protesta ocurrida en la víspera de la final del Mundial de Brasil, cuando un total de 23 activistas fueron apresados.
Paixao y Nascimento no fueron detenidos pero también recae sobre ellos la petición de prisión preventiva por los mismos motivos.
Hasta hoy, solo 5 de los imputados el 13 de julio último permanecen encarcelados y los 18 restantes siguen reclamados por la Justicia.
“Estamos siendo tratados como terroristas”, aseguró a Efe Samy en el consulado uruguayo, donde se quejó de que la semana pasada fue encarcelada como una “delincuente común” cuando por su condición de abogada debería tener derecho a un régimen especial, que la ley brasileña concede de personas con estudios universitarios.
Samy indicó que decidió solicitar asilo político a Uruguay porque el presidente de ese país, José Mujica, “sabe lo que es la persecución política y la fuerza opresiva del Estado”.
“Si no aceptan mi solicitud me llevarán de nuevo a prisión y no tendré derecho a defenderme”, aseguró.
Según la activista, en los cinco días que pasó en la cárcel carioca de Bangú las condiciones fueron “horribles”, compartió celda con otras siete mujeres, solo les facilitaron “una toalla y tres mantas para todas” y no dispusieron de cubiertos para comer.
Por su parte, David Paixao ha estado detenido varias veces por su participación en las protestas y siempre fue defendido por Samy, que adoptó al joven tras comprobar que no tiene familia.
La cónsul uruguaya en Río de Janeiro, Miriam Fraschini, no facilitó ninguna información sobre el trámite de la solicitud de asilo político por parte de los tres activistas brasileños.
El magistrado Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, decretó la prisión preventiva debido a la alegada “peligrosidad” de los acusados que, en su opinión, suponen un “riesgo para el orden público”.
El arresto de los activistas, la víspera de la final del Mundial, fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que fueron “arbitrarias” e “intimidatorias”.
